El abogado Eduardo Torres precisó que son más de 1.000 personas las que están detenidas injustamente producto de la política oficial contra la delincuencia que abulta las cifras de delincuentes con ciudadanos comunes inocentes
Caracas.- Familiares de detenidos denuncian que a sus parientes les «sembraron» pruebas para procesarlos por delitos comunes, razón por la cual no figuran en las listas de presos políticos. Los allegados aseguran que, aunque son inocentes, las autoridades han fabricado expedientes ordinarios y violado sus derechos fundamentales.
Desde varios estados del país, familiares de los detenidos se trasladaron a Caracas para reunirse con abogados y organizarse en busca de soluciones que permitan la libertad de sus parientes.
De acuerdo con el abogado Eduardo Torres, más de 1.000 personas se encuentran en esta situación. Torres precisó que estos ciudadanos son víctimas de una política oficial que abulta las cifras de criminalidad con personas inocentes.
«Cuando uno va a defender a esos detenidos, te dicen que no son presos políticos porque tienen delitos comunes. No es posible que las familias sufran y sus parientes estén al borde del abismo en las cárceles sin una sociedad que se sensibilice por la justicia», señaló el abogado.
Siembran pruebas y roban sus propiedades
Zulay Ramírez denunció que su hermana, Ramona Ramírez, permanece privada de libertad desde 2022 tras ser acusada de apropiación de terrenos en el estado Guárico. Relató que un hermano suyo fue asesinado por los mismos motivos y que a él también le fabricaron un expediente.
«No es mentira lo que pasa en Venezuela. Pedimos ayuda porque no voy a dejar sola a mi hermana; denunciaré las veces que sea necesario hasta que obtenga su libertad plena», afirmó Ramírez durante el encuentro realizado en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Greyli Palmar se refirió al caso de 46 personas imputadas por terrorismo, tráfico de drogas y asociación para delinquir. Aseguró que se trata de ciudadanos comunes acusados con pruebas falsas para confiscarles sus bienes.
«Somos 46 familias viviendo una situación terrible. Nos quitaron todo: carros, embarcaciones y negocios; no nos dejaron ni para los traslados a visitar a nuestros seres queridos», denunció Palmar. Además, indicó que, al denunciar, el castigo hacia los detenidos aumenta con prohibición de visitas, restricción de alimentos y golpizas.
Por su parte, Estefanía Cantor, esposa de Yasniel Enrique Mujica Ereú, denunció graves inconsistencias en los expedientes. Indicó que su esposo, tras dos años detenido, recibió recientemente una sentencia injusta.
«Fue una condena implacable. La jueza supo en todo momento que él era inocente; es un expediente viciado», precisó Cantor, quien exigió una justicia imparcial que diferencie a culpables de inocentes.
Los familiares insistieron en la revisión urgente de los expedientes y la celeridad procesal. Asimismo, plantearon la creación de una comisión nacional e internacional por la justicia que incluya a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
