Nota de prensa: Lucia Fernanda Ramírez
Vivienda, educación para sus hijos y una calidad de vida para su familia fueron cosas que Jesús Godeliet, de 75 años, pudo alcanzar gracias a su trabajo y a la pensión que recibe del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Durante décadas, ese ingreso representó estabilidad.
Sin embargo, en la actualidad, los 130 bolívares que percibe por su pensión, desde el 15 de marzo de 2022, última fecha en la que hubo ajuste salarial en Venezuela, no le permiten ni siquiera costear un mes de pasaje.
Lo que pensó sería una etapa de descanso tras su retiro como trabajador público, terminó convirtiéndose en una prolongación obligada de la vida laboral, que lo obliga a continuar ejerciendo como contador, aunque la demanda de clientes disminuyó desde la pandemia por covid-19.
Este jueves su esposa lo acompañó a la protesta realizada en el centro de Caracas, donde trabajadores de distintos sectores públicos entregaron un pliego de exigencias ante el Ministerio del Trabajo. Pero su fiel acompañante suele ser su hija, de 45 años, enfermera, cuyo sector también ha sido fuertemente golpeado por la precarización salarial.
“Hoy no pudo venir, pero es la que siempre viene conmigo”, expuso sobre ella.
La concentración se llevó a cabo este jueves 26 de febrero en Plaza Caracas, donde trabajadores activos, jubilados y pensionados exigieron salarios y pensiones dignas después de 1.446 días sin incremento salarial.
Casi cuatro años desde marzo de 2022, cuando el Ejecutivo fijó el salario mínimo en 130 bolívares, no se ha producido un nuevo ajuste del ingreso base, mientras el costo de la vida ha seguido en ascenso. En la práctica, esto ha significado que el salario mínimo perdiera casi por completo su capacidad de compra en un contexto de inflación persistente y dolarización de facto de bienes y servicios.
Para miles de trabajadores públicos, el ingreso formal dejó de ser suficiente incluso para cubrir transporte o alimentación básica, obligándolos a depender de bonos no salariales o de actividades informales. También a dejar sus profesiones por completo para dedicarse a otros oficios que les brinden mejoras económicas.
Durante la protesta denunciaron que el movimiento de trabajadores en Venezuela enfrenta una política deliberada de destrucción del salario y del valor del trabajo, expresada en la sustitución del sueldo por bonos, la paralización de la negociación colectiva, la tercerización y la imposición de instrumentos administrativos que suspenden derechos.
Los manifestantes sostuvieron que esta situación vulnera lo establecido en varios artículos de la Constitución, como el 91 que consagra el derecho de todo trabajador a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, así como la obligación del Estado de garantizar un salario mínimo ajustado anualmente tomando como referencia el costo de la canasta básica.
Asimismo, el artículo 89 establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales y el principio de progresividad, mientras que el artículo 80 reconoce el derecho de los adultos mayores a una seguridad social que les asegure una vida digna.
En ese sentido, la profesora Raquel Figueroa, miembro de la Unidad Democrática del sector educativo, afirmó que el salario ha dejado de cumplir su función económica y social y que hoy opera como un mecanismo de control político y social que ha fragmentado a la clase trabajadora y debilitado su capacidad de organización y lucha.
“Este pliego es una exigencia que tiene el objetivo de recuperar el valor de la fuerza de trabajo, el salario y revertir la desigualdad social de los trabajadores”, expresó la docente.
En la jornada leyeron 17 exigencias que, a su juicio, deben ser cumplidas para recuperar la dignidad de los trabajadores públicos activos, pensionados y jubilados. También sostuvieron que en Venezuela el salario no es verdaderamente remunerado porque no responde a lo contemplado en la Constitución ni cubre las necesidades básicas de la población trabajadora.
Para muchos de los presentes, la protesta no fue solo un acto reivindicativo, sino una forma de recordar que el trabajo, activo o ya cumplido, debería garantizar estabilidad y no incertidumbre.
En un país donde el ingreso formal perdió centralidad frente a bonificaciones discrecionales, el reclamo apunta a restituir el salario como eje de derechos y no como un elemento simbólico dentro de la estructura laboral.
