Fuente original: EL NACIONAL. –
Organizaciones internacionales de derechos humanos advierten que el retorno del activista de Estados Unidos a Venezuela implicaría riesgo de persecución política
El ex preso político venezolano Villca Fernández enfrenta una orden de deportación emitida por las autoridades migratorias de Estados Unidos, bajo el El Asylum Cooperative Agreement (ACA), lo cual ha generado denuncias de riesgo de persecución si es devuelto a Venezuela.
Fernández, conocido por su trayectoria como dirigente estudiantil y luchador por los derechos humanos, publicó el viernes en X que la apelación contra el cierre de su caso de asilo fue rechazada por un tribunal estadounidense y que ahora “se ha emitido una orden de deportación» en su contra.
Su caso ha concentrado la atención de organismos de derechos humanos, que han expresado preocupación por las posibles consecuencias de su retorno. La Tom Lantos Human Rights Commission advirtió que de efectuarse su deportación, el activista “podría sufrir tortura, la misma que ya sufrió durante dos años en una prisión venezolana”.
La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval, señaló: “Villca fue preso político y tiene temores fundados de persecución. Es imperativo que se respete su derecho al asilo en EE UU”. Jiménez, exdirectora de Investigación para las Américas en Amnistía Internacional, recordó que una comisión bipartidista del Congreso estadounidense ha solicitado que se proteja el caso del activista.
¿Qué es ACA?
El Asylum Cooperative Agreement (ACA) es un mecanismo jurídico basado en la figura de “tercer país seguro” que permite a Estados Unidos transferir a determinados solicitantes de protección internacional a un tercer Estado considerado seguro, en lugar de permitir que tramiten su solicitud de asilo en territorio estadounidense.
Detenido, torturado y exiliado
La trayectoria de Fernández refleja décadas de activismo político en Venezuela. Nacido en el estado Mérida, fue dirigente estudiantil en la Universidad de Los Andes, donde ocupó cargos electivos como secretario general de la Federación de Centros Universitarios y representante estudiantil, y lideró protestas en defensa de la autonomía universitaria y los derechos humanos.
Su historial de perseguido político incluye detenciones y torturas. En 2016 fue arrestado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tras ser acusado públicamente en televisión por autoridades oficialistas.
Permaneció recluido más de dos años en la sede de El Helicoide. Ha denunciado que durante su detención fue sometido a torturas y tratos crueles, incluidas condiciones inhumanas de reclusión.
«El 27 de mayo del año 2007 fui víctima de un intento de asesinato con un disparo de 9 milímetros en el antebrazo derecho dentro de la Universidad por medio de la policía del estado Mérida. Lideré la lucha pacífica de calle contra el cierre de RCTV. En el mismo año luché en contra de la reforma constitucional propuesta por el régimen, que derrotamos. Eso me costó persecución por parte del régimen de Chávez», aseguró.
También denunció haber sido víctima de la represión y de ataques de colectivos armados. Sostuvo que en una oportunidad fue hospitalizado tras una golpiza que perpetraron oficialistas.
Persecución transnacional
Villca Fernández no es un nombre nuevo en el expediente de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Tras ser desterrado del país por la administración de Maduro, el activista denunció haber sufrido en Colombia un intento de secuestro por grupos aliados al gobierno venezolano.
En Perú fue víctima de hostigamiento por agentes del Sebin y una solicitud formal de extradición de Caracas. El ex preso político comparó su vulnerabilidad con el caso del teniente Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile en 2024, sugiriendo que el brazo represivo del régimen venezolano no se limita a las fronteras nacionales.
Fernández advierte que la deportación es un riesgo para su vida
Después de su excarcelación en 2018, Fernández salió al exilio y continuó su trabajo de denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro y figuras del oficialismo venezolano.
Sin embargo, considera que la negación de apelación de asilo y la apertura de un proceso de deportación en su contra constituye riesgo para su vida debido a la posibilidad de persecución política en su país de origen.
