Fuente original: CRÓNICA UNO . –
Especialistas y expresos políticos insisten en que “amnistía no es perdón”, es olvido y reparación, por lo que el proyecto emanado de la Asamblea Nacional, con los vacíos legales y acusaciones que da como afirmativas, contraría la naturaleza de esa institución legal.
Caracas. Mientras el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad un proyecto de Ley de Amnistía que plantea el mecanismo como “un acto de clemencia”, en las puertas de los penales y en cualquier acto público de la última semana, excarcelados, familiares de presos políticos y activistas insisten en una petición: que se apruebe la amnistía, pero que se haga a partir del reconocimiento de la inocencia de los detenidos por circunstancias políticas.
Al presentar sus propuestas ante la comisión especial parlamentaria, encargada de la consulta pública del proyecto de amnistía, especialistas han insistido en que “amnistía no es perdón”, es olvido y reparación, por lo que el proyecto emanado de la Asamblea Nacional (AN), con los vacíos legales y acusaciones que da como afirmativas, contraría la naturaleza de esa institución legal.
Testimonios como los de Martha Tineo, abogada de la ONG Encuentro Justicia y Perdón, se han viralizado no por la contundencia con la que exponen que una Ley de Amnistía no será suficiente para resolver el “desastre con la instrumentalización del sistema de justicia” y la aprehensión sistemática de cientos de personas en todo el país por decisiones políticas de funcionarios de distinta jerarquía.
Todos los implicados, en distintas formas, lo dejan ver, no quieren el perdón por pensar distinto, quieren la libertad, la reparación y el reencuentro en las diferencias.
“Borrar el mal”
Para Ana* lo importante es “borrar el mal y que todas esas acusaciones terribles que manchan los nombres de ellos” y de sus familias “sean borrados”.
Esta familiar de un militar detenido hace varios años espera “algún día” perder el miedo a identificarse y a mostrar su conexión con un preso político, para evitar ser detenida o agredida, como cree que puede pasar si dice su verdad.
El estudiante universitario Simón Bolívar, detenido en julio de 2025 y excarcelado recientemente, considera que tiene la misma petición que los más de 400 excarcelados y los más de 600 presos políticos que aún están tras las rejas.
“La amnistía es que se borren todas las medidas que se han implantado, que no tienen ningún sustento ni prueba, sino que se trata de una política de Estado. Al pedir amnistía no estamos reconociendo entes que están de facto, pero ciertamente siguen siendo los que mantienen la hegemonía del poder en Venezuela porque se niegan a aceptar la realidad”,aclaró Bolívar en declaraciones a Crónica Uno.
Para el dirigente estudiantil no se trata de un perdón, pues amnistía no es indulto. Explicó que es una exigencia que ayuda a mitigar el daño de tantas personas con su vida detenida tras la prisión.
“Estamos exigiendo la amnistía para todos, porque no se puede seguir con esta puerta giratoria y excarcelaciones a cuentagotas”, dijo.
Con esto coincide también Carlos Alberto Azuaje, líder campesino excarcelado el 16 de enero, luego de 13 meses de detención. Para él “tiene que haber un perdón, pero perdón con justicia”, pues considera que “dentro de ese perdón no pueden estar violadores de derechos humanos”.
En ese sentido recuerda que la amnistía no puede olvidar crímenes de lesa humanidad, uno de los pocos puntos del actual proyecto de ley avalados y celebrados por todos los sectores.
Consideró que cualquier ley de amnistía debe partir necesariamente del reconocimiento de los errores y la proporcionalidad de las responsabilidades, así como de estrategias de no repetición, un punto que no es tomado en cuenta en el proyecto de amnistía tal como se concibió en el seno del Parlamento.
“Tiene que haber un aprendizaje porque sino los jueces, fiscales, directores de cárceles seguirán haciendo lo mismo. Se deben crear cárceles especiales para que quienes aceptaron dinero para condenar a alguien inocente puedan pagar”, dijo.
Pero, aunque muchos tienen objeciones, también es cierto que todos los excarcelados reconocen la urgencia de la norma que los librará de procesos judiciales que han sido viciados y violatorios a sus derechos.
Es el caso de José Castellanos, que fue detenido desde finales de 2025 junto con su mamá, Blanca Guerrero, y su hijo el periodista Omario Castellanos. Tras su liberación, este mes de enero, el joven considera que la prioridad, antes que cualquier discusión legal, es la libertad de quienes permanecen detenidos.
“Ninguno de los que están dentro de esas cárceles y que somos presos políticos deberían estar ahí, porque son inocentes. Pero, si para salir se debe aprobar la amnistía hay que hacerlo, lo importante es que los liberen”, remarcó.
Reconocimiento mutuo
Las propuestas entregadas por parte de ONG y gremios a la comisión parlamentaria que lleva el proyecto de Ley de Amnistía coinciden en algo, recordar la importancia de incluir parámetros para la reparación, para la no repetición y para que, en tiempo récord, se logre un instrumento legal que no deje por fuera a ninguna de las personas judicializadas por asuntos políticos en Venezuela.
Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expuso una propuesta que beneficia al gremio y todas aquellas personas que hayan sido encarceladas por ejercer la libertad de expresión en el país, pues considera que el proyecto actual no las considera.
Desde el SNTP han sostenido que ni a los periodistas y personal de prensa judicializado por informar, ni a los presos políticos “hay nada que perdonarles”.
“Son presos de conciencia. no hay delitos que amnistiar, no hay culpas que extinguir, no hay nada que perdonar. Los periodistas presos no deben su libertad a una ley de amnistía sino al reconocimiento de su inocencia y al respeto irrestricto del derecho a informar”, dijo Marco Ruiz, secretario de la organización sindical en un video difundido recientemente en sus redes sociales.
Todos los interesados piden un “reconocimiento mutuo” entre las partes y gritan “reconciliación”, sin olvidar sus banderas de justicia y reparación.
Rafael Tarazona, activista que estuvo más de cuatro años detenido y fue tildado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, cree en esa reconciliación, pero insiste en que debe tener garantías y la eliminación de instrumentos legales que han servido para condenar el disenso.
“Estamos dispuestos a tributar todo esfuerzo necesario para que exista la reconciliación del país, pero esa reconciliación es que no se repita más nunca, que se repare a las víctimas y que se restituyan los derechos”,dijo Tarazona, director de la ONG FundaRedes.
Considera que “el reencuentro del país pasa, no solo por la derogación de una ley, sino por la derogación de todos los instrumentos jurídicos que han existido para perseguir, para anular, para eliminar políticamente a quienes piensan distinto”.
