Fuente original: EL NACIONAL. –
La ONG sostiene que estos arrestos no son aleatorios, sino parte de una estrategia más amplia que trasciende el ámbito individual y se extiende al “castigo familiar”, violando garantías fundamentales y ampliando la represión más allá de los actores políticos directos
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó este martes que cuatro personas detenidas en Venezuela —entre ellas una adolescente y dos mujeres adultas— están siendo empleadas como “instrumentos de presión” y son objeto de “persecución política” por su relación familiar con el militar exiliado Cristian Hernández, acusado de participar en una supuesta conspiración contra el gobierno.
Según el documento que JEP hizo llegar a Efe, los detenidos son Maikelys Borges, esposa de Hernández; Henry Castillo Molero, tío del exiliado; y dos de sus hermanas, entre las cuales figura una menor de 16 años y Aranza Hernández, de 19 años.
Estos casos, señaló JEP en su cuenta en X, evidencian “cómo la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para instalarse en el terreno del castigo familiar”, una tendencia que —según la ONG de derechos humanos— viola garantías fundamentales y amplía la represión más allá de quienes tienen actividad política directa.
Detenciones arbitrarias de menores y mujeres bajo ley antiterrorista
A su vez, la organización explicó que la adolescente fue aprehendida el 19 de noviembre de 2025 y sometida “a un proceso bajo legislación antiterrorista sin que exista sustento legal que lo justifique”, un procedimiento que, según la organización, contraviene los estándares internacionales de protección que amparan a niñas, niños y adolescentes.
“Su caso refleja una ruptura profunda con los principios de protección reforzada que el derecho internacional reconoce a niñas, niños y adolescentes. Ninguna menor debe cargar con el peso de conflictos políticos que no le pertenecen”, afirmó JEP.
En el caso de Maikelys Borges, la ONG subrayó que fue detenida el 29 de enero de 2025 cuando se encontraba en las etapas finales de su embarazo y enfrentaba un cuadro clínico de riesgo, situación que, a juicio de la organización, agrava el impacto de la detención.
JEP también expresó su preocupación por las condiciones en que Borges permanece privada de libertad junto a su bebé, en un entorno que, según la organización, “no puede garantizar el bienestar ni el desarrollo pleno de un recién nacido”.
“Ambos casos revelan una práctica particularmente lesiva: la utilización de adolescentes y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como instrumentos de presión política”, señaló la ONG, que demandó la liberación inmediata de las afectadas y repudió “la prolongación de su privación de libertad” por carecer de objetivos de justicia legítimos.
En contraste con estas denuncias, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de presos políticos en Venezuela y aseguró la liberación de 808 personas desde antes de diciembre.
