Fuente original: EFECTO COCUYO. –
Los excarcelados permanecen atados a un proceso penal que restringe sus derechos fundamentales y civiles de forma indefinida
Centenares de familiares de presos políticos en Venezuela, desde el pasado 8 de enero, permanecen apostados en las afueras de los centros de detención con la esperanza de que sus parientes sean liberados.
Tras las detenciones por motivos políticos ocurridas antes y en el contexto postelectoral, el gobierno interino, presidido por Delcy Rodríguez, ha adelantado una serie de excarcelaciones que, en la práctica, no implican el cierre de los expedientes ni la declaración de inocencia de los presos políticos, que hasta este 23 de enero de 2026, son más de 900, según las estimaciones hechas por distintas organizaciones no gubernamentales.
Los detenidos abandonan cárceles como El Helicoide, Tocorón, Yare 1 y 2, La Crisálida, entre otras, pero permanecen atados a un proceso penal que restringe sus derechos fundamentales y civiles de forma indefinida.
La naturaleza de estos procedimientos sugiere un uso discrecional de las figuras jurídicas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp). Al no existir sentencias absolutorias, los ciudadanos pasan a un estado de libertad condicional que les obliga a cumplir con restricciones severas, como la prohibición de salida del país o la comparecencia periódica ante los tribunales y restricciones a dar declaraciones a la prensa.
Este esquema, a juicio de expertas, permite al Estado mantener el control sobre los presos políticos sin necesidad de mantenerlos dentro de una estructura física de reclusión, lo cual transforma la dinámica del castigo en una vigilancia externa y constante.
Las medidas cautelares no solo limitan la movilidad, también impactan en la capacidad de obtener empleo o retomar estudios, debido a la vigencia de los antecedentes procesales y al temor de las instituciones privadas o públicas de vincularse con personas judicializadas. La carga emocional y logística de cumplir con las presentaciones judiciales añade una presión adicional a núcleos familiares que ya han sufrido el desgaste de los meses de detención.
Para profundizar en las implicaciones técnicas y sociales de esta realidad, Efecto Cocuyo contactó vía telefónica a dos especialistas: Martha Tineo, abogada, defensora de derechos humanos y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), y Gabriela Buada, comunicadora y coordinadora de Caleidoscopio Humano.
La cautelar como mecanismo de sujeción judicial
La abogada Martha Tineo aclara que la figura utilizada por los tribunales no representa el fin de la responsabilidad penal, ya que los ciudadanos están saliendo bajo medidas sustitutivas a la privativa de libertad, lo que significa que el proceso judicial continúa en la fase en que se encontraba.
Para Tineo es importante distinguir esta situación, ya que el Estado no está reconociendo la falta de pruebas o la inocencia, sino modificando el lugar donde el procesado espera su juicio.
«No se trata de ninguna manera de sentencias absolutorias porque no han transcurrido los procesos judiciales, es decir, no se han celebrado los juicios», precisó Tineo.
La defensora de derechos humanos hace énfasis en que la situación de vulnerabilidad de los presos políticos es constante, debido a que estas medidas pueden ser revocadas por decisión judicial en cualquier momento.
Las restricciones, como la prohibición de declarar a los medios de comunicación o usar redes sociales, funcionan como un freno a la denuncia de las irregularidades vividas durante la detención, apunta la experta. Esta «libertad restringida» impide que los testimonios sobre violaciones al debido proceso o tratos crueles, inhumanos y degradantes salgan a la luz pública mientras el caso siga abierto.
«Se trata de un mecanismo que procura silenciar esas denuncias graves a las violaciones a los derechos humanos y evitar que sean documentadas», explicó.
En cuanto al derecho a la defensa, la coordinadora de JEP denuncia que el bloqueo judicial persiste incluso fuera de la cárcel. A pesar de estar en sus hogares, muchos de los presos políticos siguen sin poder designar abogados de confianza, manteniendo a los defensores públicos impuestos por el sistema que los encarceló por pensar diferente. Esta situación, señala Tineo, anula la posibilidad de demostrar la inocencia y perpetúa la opacidad en el acceso a los expedientes.
«Se mantiene suspendido el debido proceso», aseguró.
Impacto de género y la tipificación del preso político
Gabriela Buada, coordinadora de Caleidoscopio Humano, destaca que las excarcelaciones bajo cautelares tienen un impacto diferenciado por razones de género. Al ser las mujeres —madres, hermanas y esposas— quienes asumen mayoritariamente la vocería y el sostenimiento de los hogares en Venezuela, la libertad condicionada de un familiar directo sobrecarga su rol de cuidado y aumenta el estrés emocional ante la posibilidad de una nueva detención.
«Tener una persona bajo amenaza, una libertad condicionada, tiene un impacto diferenciado por razones de género en el núcleo familiar», dice la defensora de derechos humanos.
Caleidoscopio Humano ha identificado patrones claros en la detención de personas que cumplen con las características de presos políticos. Muchos de estos ciudadanos fueron capturados por acciones mínimas, como la publicación de un meme o la vinculación indirecta con eventos políticos, y ahora enfrentan acusaciones graves de terrorismo o incitación al odio que complican su estatus jurídico a largo plazo.
La organización sigue en el proceso de verificación de cada expediente para determinar el impacto real de las medidas de liberación. Además, hasta el momento han contabilizado más de 150 nuevos casos de posibles presos políticos, de los cuales alrededor de 100 presentan claras evidencias de ser víctimas de persecución por razones políticas.
La defensora enfatiza que la mayoría de quienes asumen las riendas del hogar en el sistema cultural venezolano son mujeres, por lo que el castigo judicial se extiende hacia ellas de manera indirecta.
«La mayoría de quienes asumen las voces o las riendas de la casa son las mujeres, entonces allí también hay un impacto y también unas consecuencias», dice.
El control social de los excarcelados
Desde el 8 de enero en el país, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó sobre una serie de excarcelaciones sin precisar el número exacto de beneficiarios.
El gobierno nacional sostiene que se han otorgado 406 medidas desde diciembre de 2025; no obstante, estas cifras contrastan con los registros de diversas organizaciones no gubernamentales y con los propios comunicados del Ministerio Penitenciario, que reportan al menos 301 casos.
Esta incertidumbre se traslada a la vida cotidiana de quienes deben presentarse semanalmente en tribunales lejanos a sus residencias. Martha Tineo advierte que el sistema utiliza estas medidas como una herramienta de control social que desmoviliza a la población a través del miedo.
Señala que el riesgo de una nueva detención es una amenaza tácita que condiciona cada acción del preso político, lo que afecta su salud mental y su capacidad de reinserción en el campo laboral.
«Es algo sumamente cruel al que se está sometiendo a estas personas, no solamente a ellas, a sus familias. Hay mucha angustia e incertidumbre».
La dinámica de las presentaciones genera una logística costosa que muchas familias no pueden costear, especialmente cuando los traslados implican viajar desde el interior del país hasta la capital, donde, por ejemplo, están abiertos cientos de casos en tribunales con competencia en delitos como el terrorismo, un delito que muchos presos políticos tienen en común.
Tineo subraya que esta situación, sumada al deterioro físico y al trauma postraumático derivado de la prisión, compromete seriamente la normalización de la vida de los ciudadanos, quienes son vistos con temor por su entorno social y empresarial.
«Sienten que eso los coloca también en una situación de riesgo, entonces esto definitivamente no solamente afecta la estabilización emocional, sino económica», agrega.
