El Clipve tiene al menos 100 casos; Justicia, Encuentro y Perdón registra 20; Provea, 5 y Foro Penal aún contabiliza el total de casos recibidos
Fuente original: EFECTO COCUYO. –
El anuncio de las excarcelaciones hecho por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, generó dos efectos inmediatos: la esperanza en los familiares de los presos políticos, algunos con más de una década de espera, de verlos fuera de las cárceles y, segundo, la pérdida del miedo de otras familias para denunciar los casos ocultos por miedo al poder represivo del Estado.
Al llegar a Caracas, Julianny Flores, de 25 años, abogada y con sus dos padres detenidos por el gobierno de Nicolas Maduro, Patrick Zamora, de 42 años, y María Dalis, de 50 años, se encontró con otras víctimas de la represión, activistas de las organizaciones no gubernamentales y periodistas por primera vez.
Flores confesó que perdió el miedo a denunciar en ese momento y aceptó hablar con Efecto Cocuyo para contar su historia, el primer paso de toda víctima vulnerada en sus derechos humanos. No había denunciado el caso de sus padres por miedo a que visibilizarlos complicaría más la salida de la cárcel.
“Le escribí a dos organizaciones después de hablar con otras familias, eso me incentivó mucho”, dijo Flores la tarde del 12 de enero en las inmediaciones de El Helicoide. Cuatro días después, confirma que no ha tenido respuesta de las organizaciones para atender o registrar su caso.
Así como Julianny Flores, decenas de familias comenzaron a denunciar ante organizaciones no gubernamentales; muchos de los casos no habían sido registrados anteriormente ni por la prensa. Esto revela una situación que varias ONG han alertado sobre la cifra real de presos políticos no documentados.
“Por eso quiero que rescates que nosotros muy responsablemente siempre hemos dicho que cuando publicamos los indicadores insistimos en que son los casos de los que hemos tenido conocimiento, pero que teníamos suficientes razones para creer que podían haber muchos otros casos”, explicó Martha Tineo, coordinadora general de Justicia Encuentro y Perdón (JEP).
Detalló que JEP registra hasta este 16 de enero, 20 nuevos casos. “Hemos recibido un número importante de nuevos casos”, agregó la abogada y defensora de derechos humanos.
Diego Casanova, representante del Comité para la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), detalló que, hasta la mañana de este viernes 16 de enero, recibieron en total 150 casos; de los cuales, 100 eran nuevos registros.
“Ahora estamos, por supuesto, corroborando cada caso. Pero esos 100 es lo que nosotros hemos identificado, hasta ahora, que tienen patrones que cumplen con lo que significa ser un preso político en Venezuela, en estas circunstancias”, enfatizó.
El patrón que encontraron en los casos tiene que ver con la acusación por la presunta comisión de los delitos de: terrorismo o incitación al odio.
“A muchos se los llevaron por estar vinculados a alguna acción política, por un meme o en medio del contexto de represión”, sostuvo.
Para Casanova, la totalidad de los casos nuevos que registraron cumplen con las características de presos políticos.
ONG trabajan al límite
La nueva ola de denuncias de familiares de presos políticos mantiene a las ONG casi al límite de sus capacidades, debido a que cada una de las denuncias se atienden de forma individual para revisar el historial, las causas penales, entre otras diligencias.
Foro Penal aún no publica las estimaciones de casos nuevos que han arribado a la ONG; sin embargo, el abogado Gonzalo Himiob señaló que solo de forma individual recibe hasta 15 mensajes de nuevos mientras daba la entrevista a Efecto Cocuyo.
“Es muy difícil porque todos los días recibimos decenas de llamadas, y cada caso se recibe de manera individual”, dijo.
Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, sostuvo que en sus registros tienen 5 casos nuevos de zonas fuera de Caracas. Aunque Provea no se dedica exclusivamente a la denuncia de presos políticos, por lo que no contabiliza los casos, el incremento en las denuncias llevó a la ONG a recibir también llamadas de ayuda de los familiares.
Para la activista Martha Tinedo, el número de casos nuevos registrados están en estudio para confirmar si califica como presos políticos, bajo los estándares manejados por la ONG que representa.
“Se han comunicado con nosotros nuevos casos y estamos haciendo con ellos lo que hemos hecho siempre con todos los casos y es recibir la información, verificarla, analizarla en términos de si pudieran, según los criterios que manejamos, calificar como casos de prisión política. Y en los casos en que así resulta, pues iniciamos todo el proceso de registro, documentación y acompañamiento a las víctimas”, explicó.
Aún Julianny espera respuesta de la ONG para formalizar el proceso de denuncia, espera ver a sus padres lo más pronto posible y, así como otras familias, cree que la ola de denuncias puede terminar en la justicia que merecen sus allegados, víctima de la represión política.
