Las recientes excarcelaciones de presos políticos dejan en evidencia una marcada brecha de género. Madres y familiares denuncian desinformación, retrasos y maltrato institucional. Entre vigilias y viajes imprevistos donde persiste la incertidumbre. De las 84 excarcelaciones confirmadas por la ONG Foro Penal Venezolano, hasta el 16 de enero, apenas 17 son mujeres.
Fuente original: CRÓNICA UNO. –
Caracas. “De las que salen, ¿cuántas son mujeres?”, pregunta Míriam Marrero, madre de Carla Da Silva, detenida desde mayo de 2020.
La inquietud resume el sentimiento de decenas de familiares que, ante el proceso de excarcelaciones anunciado por el Gobierno, siguen a la espera de noticias de sus hijas, madres y esposas.
Mientras las listas avanzan, las mujeres continúan siendo minoría, y la vigilia frente a Ramo Verde se convierte en un espacio de reclamo silencioso marcado por la fe, el cansancio y la incertidumbre.
De las 84 excarcelaciones confirmadas por el Foro Penal Venezolano hasta el 16 de enero, apenas 17 son mujeres. Un recuento del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) indica que al menos 26 mujeres permanecen recluidas en el Retén de Mujeres La Crisálida y 27 en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ambos ubicados en Los Teques.
Vigilia sin respuesta
Para Míriam, estas cifras no significan resignación, sino un motivo más para insistir: “Es un impulso para seguir luchando, no solo por mi hija, sino por todas las familias que esperan una llamada”, dice.
Por eso decidió acudir a la vigilia en la vivienda cercana a Ramo Verde, junto a otros familiares de detenidas en centros femeninos —prisiones destinadas exclusivamente a mujeres—, para pedir –a través de rezos– que las mujeres no queden fuera del proceso que inició el jueves, 8 de enero, fecha del primer anuncio oficial de liberaciones.
“Tener a una hija presa es tener preso a todo el núcleo familiar”, subraya —una idea repetida entre los familiares, que describen la detención como un castigo colectivo—.
El impacto también ha sido físico. “He tenido dos infartos y mi esposo sufrió un ACV”, agrega, al describir las secuelas de casi cinco años de detención de su Carla.
Carla Da Silva, de 40 años, permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) —la principal cárcel de mujeres del país—.
Fue detenida por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) —un cuerpo policial disuelto oficialmente en 2021 tras denuncias de violaciones de derechos humanos— luego de comentar, durante una fiesta infantil, que conocía a alguien que habría participado en la Operación Gedeón, una incursión armada fallida ocurrida en mayo de 2020.
Durante los interrogatorios no se encontraron pruebas en su contra. Aun así, su madre denuncia que fue torturada, una acusación recurrente en casos de detención política.
“Le pusieron una bolsa plástica con cinta adhesiva en la cabeza mientras otro funcionario la golpeaba en las costillas”,relata.
Dios como consuelo
Unas 500 fotografías de mujeres y hombres detenidos por motivos políticos cubrieron la terraza de la casa cercana a Ramo Verde —un espacio convertido en altar improvisado—. Los rostros impresos actuaban como un coro silencioso de ausencias y reclamos. Mientras las voces de las familias se alternaban entre el llanto, el rezo y la narración de cada caso.
Aunque la intención inicial era realizar la vigilia frente al centro penitenciario —para visibilizar la protesta—, no fue posible: integrantes de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) —estructuras de movilización política vinculadas al oficialismo— lo impidieron.
“Lo único que hacemos aquí es rezar y pedir por nuestros familiares. Esto no es una protesta”, explicó una de las asistentes. Algunos aseguran haber perdido el miedo tras años de lucha; otros prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias que puedan afectar a sus seres queridos.
Para Rosalía Díaz, el único temor es que su hijo, Alfredo Peña, recluido en Ramo Verde, no sea excarcelado. Pese a sus problemas de movilidad –tras haber sido atropellada por un autobús en enero de 2025– asiste a concentraciones y visitas siempre que puede —apoyada en bastón y con dificultad para caminar—.
Su hijo, capitán del Ejército con cerca de 20 años de servicio, fue condenado a 16 años y nueve meses de prisión. Para ella la sentencia es injusta y sin pruebas, como sostienen otras familias de militares detenidos.
Rosalía denuncia que, tras cuatro meses de torturas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) —el principal organismo de inteligencia militar del país—, Alfredo perdió todos sus dientes y arrastra complicaciones de salud que persisten. “Mi hijo no es ningún terrorista”, afirma.
“Yo pido por él y dejo de comer si hace falta para poder llevarle su paquetería el día que le toca” —un conjunto de alimentos y artículos básicos permitidos en prisión—.
Desde hace un año, Rosalía sobrevive con su salario como profesora de Educación Física, un trabajo que no ejerce por reposo médico. Este detalle pone en evidencia la doble carga que enfrentan estas familias: la angustia por la detención y la precariedad económica que la acompaña. “Dentro de poco se vence el reposo. Me imagino que me van a botar”, dice.
Jugar con las personas
Mariela viajó desde el estado Sucre hasta El Rodeo el miércoles, 14 de enero, con la esperanza de ver a su hija, detenida desde agosto de 2025 por su presunta vinculación con una operación terrorista que –según las autoridades– se ejecutaría en Plaza Venezuela —una zona céntrica de Caracas—.
Un día antes, había recibido un mensaje desde el centro de reclusión que le informaba que el viernes, 16 de enero, habría jornada de visitas. Ese procedimiento, aunque habitual en regímenes penitenciarios de otros países, en Venezuela suele suspenderse sin aviso.
No le importó dormir en una carpa ni pasar la noche a la intemperie. “Como sabía que era visita, entregué mi cédula a las 5:00 a. m.”, sostiene. Las horas pasaron sin respuesta. “Casi al mediodía me acerqué y me dijeron que mi hija no estaba ahí”, dice entre lágrimas.
Tras siete horas de espera, funcionarios le aseguraron que en El Rodeo no había mujeres detenidas. Mariela insiste en que eso no es cierto. “El domingo mi nieta pudo ver a su mamá”, revela, convencida de que la desinformación y los cambios arbitrarios forman parte de un patrón de maltrato hacia las familias.
“Esto es jugar con las personas. Es creer, o tratar a uno como bobo. ¿Cómo me va a decir eso si tengo aquí el mensaje avisando de la visita?”, resume tras mostrar el mensaje que le enviaron desde el retén a su celular.
Incertidumbre oficial
Para ella, como para muchas otras madres, la espera no solo implica desgaste físico y económico, sino una carga emocional marcada por la incertidumbre y la ausencia de respuestas oficiales.
Este viernes, 16 de enero, varios familiares a las afueras de El Rodeo I se enteraron del traslado de mujeres que estaban en este centro de reclusión.
«Ahora tengo que estar de aquí (Rodeo I), a La Crisálida, donde se llevaron a mi hija», señala una mujer de Barinas, quien asegura que seguirá pernoctando en las carpas de El Rodeo porque no tiene otro sitio al que ir.
El jueves 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció nuevas excarcelaciones de presos políticos.
Ese anuncio —reproducido en medios oficiales— contrastaba con la escena persistente de familias durmiendo en carpas, aferradas a fotografías y mensajes de texto, como si las palabras del poder no alcanzaran a disipar la incertidumbre que pesa, sobre todo, sobre las mujeres que siguen tras las rejas.
