(Mundo, 14.10.2025). Nosotras y nosotros, personas defensoras de derechos humanos venezolanas en situación de exilio forzado en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México e Irlanda, expresamos nuestra condena y alarma por el atentado armado perpetrado el 13 de octubre de 2025 en Bogotá contra nuestros compañeros Yendri Velásquez (ganador del premio de DDHH Franco-Alemán 2024) y Luis Peche, reconocidos por su labor de documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Extendemos nuestra solidaridad a ellos, a sus familias y a toda la comunidad de personas defensoras dentro y fuera del país.
Los dos defensores fueron atacados con armas de fuego por sujetos desconocidos al salir de su residencia. El hecho dejó múltiples fracturas y lesiones en extremidades, abdomen, vejiga y cadera, que requieren varias intervenciones con riesgo de complicaciones. La respuesta solidaria de vecinos y de la comunidad permitió su atención oportuna y estabilización en un centro hospitalario.
Este ataque, ocurrido a plena luz del día y precedido por vigilancia, constituye un intento directo de silenciar la defensa de los derechos humanos desde el exilio. No es un hecho aislado: se inserta en una tendencia de violencia extraterritorial asociada a la represión estatal venezolana, que replica hostigamiento, vigilancia, difamación y agresiones más allá de las fronteras. Hechos como el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda en Chile, en condición de refugiado, y las amenazas sistemáticas a periodistas y activistas exiliados confirman esta preocupación.
La persecución en el exilio perpetúa el miedo y la sensación de desamparo de la población venezolana migrante en Colombia y en otros países, al demostrar que la violencia estatal se proyecta fuera del territorio. El caso también evidencia la insuficiencia estructural del sistema colombiano de protección: ni la solicitud de refugio ni los acompañamientos institucionales han garantizado de forma efectiva la seguridad de personas venezolanas en riesgo por persecución política y que requieren un abordaje inmediato y diferenciado. Como alertó el Relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Gehad Madi, durante su visita a Colombia: “Pese a las medidas de regularización e integración, la falta de un sistema de asilo eficiente, las barreras económicas, la discriminación y la violencia generalizada siguen preocupando a muchos refugiados y migrantes, que a menudo deciden continuar hacia el norte”.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha acompañado a personas defensoras y conoce el rezago en la regularización y protección de migrantes y exiliados, señalando un nuevo patrón de migración forzada de víctimas de persecución por su labor de defensa de derechos, social o política. A su vez, ACNUR-Colombia informó que el plazo medio de tramitación de solicitudes de asilo es de tres a cuatro años y que, mientras tanto, las personas solicitantes no acceden a empleo formal. La Universidad de los Andes recordó que, entre enero de 2018 y junio de 2024, se presentaron 66.153 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, de las cuales solo 1.480 fueron reconocidas; 1.361 correspondieron a personas venezolanas.
Recordamos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su Resolución de 2024, pidió a la Oficina del Alto Comisionado que continúe protegiendo los derechos humanos de migrantes y refugiados de la República Bolivariana de Venezuela, promueva medidas eficaces y buenas prácticas en colaboración con ACNUR, la OIM y otros organismos, e inste a reforzar la cooperación internacional con países de acogida y tránsito de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos.
Sobre la posición del Estado colombiano y la comunidad internacional
Es imprescindible que el Gobierno de Colombia reconozca con precisión la naturaleza de lo que ocurre en Venezuela. Negar el carácter del régimen o diluirlo en narrativas equivalentes impide calibrar políticas de protección y respuesta. No se trata de opiniones: está sustentado en informes internacionales —desde la CIDH, que ha descrito prácticas de terrorismo de Estado, hasta la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que ha documentado crímenes de lesa humanidad—. Un diagnóstico correcto es condición para medidas eficaces de protección, investigación y cooperación judicial.
De igual forma, el problema se agravará si otros gobiernos no investigan ni señalan a los perpetradores reales. La impunidad transnacional incentiva nuevas agresiones. A la inversa, si los países colaboran activamente en investigar, sancionar y apoyar una transición democrática en Venezuela, los desbordamientos de violencia más allá de las fronteras comenzarán a revertirse. Como expresó la relatora de Naciones Unidas para el derecho de libertad de asociación, Gina Romero, cuando rechazó el atentado: “La represión transnacional debe ser condenada”.
Por ello:
– Llamamos a la comunidad internacional, a personas defensoras y a organizaciones sociales y de derechos humanos en todo el mundo a condenar estos actos de violencia transnacional contra quienes defienden derechos humanos.
– Solicitamos la activación urgente de un procedimiento de seguimiento y protección entre la Defensoría del Pueblo de Colombia, la OACNUDH-Colombia y las instituciones del Estado colombiano (UNP, Fiscalía), en el marco de su mandato de observación y protección a personas defensoras en riesgo.
– Exigimos que el Gobierno de Colombia adecue sus políticas a los estándares y hallazgos internacionales (CIDH y FFM-ONU), reconozca el patrón de persecución y adopte medidas reforzadas de protección, refugio y cooperación judicial.
– Instamos a los Estados de la región a investigar y sancionar la persecución transnacional, a nombrar a los perpetradores, y a apoyar activamente iniciativas que viabilicen una transición a la democracia en Venezuela como vía sostenible para reducir el riesgo regional.
Agradecemos la condena pública emitida por OACNUDH-Colombia y su reconocimiento de la gravedad del atentado. Consideramos pertinente un pronunciamiento del Alto Comisionado Volker Türk en términos similares, advirtiendo la gravedad de confirmarse un caso de persecución transnacional, así como acciones coordinadas de OACNUDH-Venezuela con países de acogida y tránsito.
Finalmente, exigimos al Estado colombiano protección reforzada e inmediata para Yendri Velásquez y Luis Peche y para la comunidad de personas defensoras venezolanas migrantes en el país, con enfoque diferenciado, mecanismos expeditos de regularización migratoria y garantías efectivas de sus derechos fundamentales.
Defensores DDHH venezolanos en el exilio
(Nombres en reserva por cuestiones de seguridad)
