Defensores señalaron que la falta de fondos para mantener la actividad de la Misión de Determinacion de Hechos es lo más grave y que la situación actual no es solo la renuncia de dos especialistas, sino la imposibilidad de que la Misión continúe su trabajo tras la falta de recursos
Fuente original: Efecto Cocuyo. – Las víctimas de violaciones a los derechos humanos son las principales afectadas por la renuncia de dos miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Así lo afirman los abogados y defensores de derechos humanos Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, y Kelvi Zambrano, director de la Coalición por Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela.
Para ambos la salida de Patricia Tappatá Valdez y Francisco Cox Vial es un reflejo del recorte presupuestario que está debilitando a los órganos de protección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que pone en riesgo la continuidad de un trabajo que ha sido crucial para documentar los casos de represión en Venezuela.
En entrevista telefónica con Efecto Cocuyo este viernes 3 de octubre, ambos abogados enfatizaron que la situación se agrava al considerar que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, establecida por el Consejo de Derechos Humanos, ha sido una herramienta crucial para las víctimas.
La labor de la Misión en el país ha consistido en documentar presuntos crímenes de lesa humanidad, como detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, desde 2014, lo que ha sido fundamental para visibilizar la realidad referente a los derechos humanos del país a nivel internacional.
La renuncia de Tappatá y Cox se presenta despues de que el organismo presentara su último informe en septiembre pasado, donde insistieron en denunciar los patrones de violaciones de derechos humanos, las tortutas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidas muchas personas tras las elecciones de julio de 2024, que siguen siendo denunciada por organizaciones no gubernamentales hasta octubre de 2025. Estas renuncias dejan a la Misión con una sola integrante: Marta Valiñas.
Los juristas señalan que este debilitamiento del sistema universal de protección de derechos humanos podría generar una desprotección para las víctimas, que dependen de estos organismos para acceder a la justicia internacional.
El abogado Zambrano alerta que las consecuencias de la reducción del personal en estos organismos podrían generar retrasos en las decisiones de los comités y mecanismos de protección, negando a las víctimas la protección internacional a la que tienen derecho.
La importancia de la Misión para las víctimas
La Misión de Determinación de Hechos es un pilar fundamental para las víctimas en Venezuela, ya que ha sido el mecanismo que mejor ha logrado representar su realidad y documentar sus casos, destaca Alí Daniels.
El defensor de derechos humanos señala que la falta de fondos para mantener su actividad es lo más grave y que la situación actual no es solo la renuncia de dos especialistas, sino la imposibilidad de que la Misión continúe su trabajo por la escasez de recursos.
“No es un tema para las ONG, es un tema que afecta a las víctimas, son las víctimas las que necesitan comunicarle a la Misión qué es lo que está ocurriendo, qué ocurrió en sus casos, cómo ocurrió, y hacer las denuncias correspondientes”, asegura.
Enfatiza que es importante que la Misión se mantenga “por los intereses de las víctimas que han visto reflejado de forma muy fidedigna lo que les ha ocurrido y cuál ha sido la naturaleza de sus actos”.
Sobre la renuncia de los expertos, Daniels explicó que el proceso de sustitución es relativamente rápido, tomando alrededor de dos meses, pero la preocupación real es la falta de presupuesto para el equipo de apoyo.
“El problema es que no hay suficientes fondos para mantener la actividad de la Misión; es decir, aunque se nombren a dos sustitutos, los recortes presupuestarios van a seguir afectando la labor de la Misión, y eso para nosotros es lo más grave”.
Daniels agrega que este equipo de apoyo es el que realiza las entrevistas, el seguimiento de los casos y la formulación de los informes, un trabajo indispensable para que la Misión pueda cumplir con su mandato.
Hizo un llamado a los países que votaron a favor de la Misión para que garanticen su financiamiento. «Nuestro llamado es a todos aquellos países que votaron a favor de la aprobación de la Misión de Determinación de Hechos para que tomen acciones y permitan el financiamiento que facilite la continuación de las labores de la Misión».
El abogado insistió en la necesidad de que exista no solo una voluntad política para crear estos mecanismos, sino también para mantenerlos, especialmente cuando el mandato de la Misión ha sido prorrogado hasta septiembre del próximo año.
El impacto en los procesos probatorios
La renuncia de los expertos de la Misión tiene un impacto directo en el tema probatorio de los casos en Venezuela, un aspecto que el abogado Kelvi Zambrano considera de gran importancia. Para el defensor de derechos humanos, la Misión juega un papel crucial en la sustentación de expedientes, tanto ante la Corte Penal Internacional (CPI) como en las acciones de presión diplomática, ya que la Misión, al ser un grupo de funcionarios autónomos e independientes, tiene un peso casi vinculante en los procesos que se siguen contra Venezuela.
Zambrano argumenta que la Misión ejerce una influencia tan significativa en los procedimientos legales contra Venezuela, especialmente en la CPI que sus hallazgos son casi vinculantes . Esto quiere decir que, aunque no son legalmente obligatorios, su peso es tan considerable que es prácticamente imposible que los tribunales los ignoren. En esencia, el informe de la Misión se convierte en una pieza central en la que se basan los casos.
Este factor, según Zambrano, tiene un impacto en el proceso como tal , refiriéndose a cómo esta gran influencia de la Misión puede modificar la dirección y el desarrollo de los procedimientos judiciales en general.
El debilitamiento de la Misión por la falta de fondos, según Zambrano, podría reducir la documentación de casos y la capacidad de realizar entrevistas a las víctimas para identificar patrones de violaciones de derechos humanos.
El director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia explicó que la situación actual de los organismos de protección de derechos humanos es alarmante.
«Han tenido que llegar a una reducción casi del 60% hasta el 70% del personal. Esto lo que va a traer como consecuencia es que a la hora de que una persona someta casos ante estos organismos, ante los comités, ante los diferentes mecanismos de protección convencionales y no convencionales que existen en estos sistemas, vaya a generar que pueda existir un retraso de una decisión y que las víctimas entonces dejen de gozar de protección internacional», dijo.
La Misión es una fuentes de información de la CPI
A pesar de que la Misión de la ONU enfrenta un problema presupuestario, su impacto en la Corte Penal Internacional (CPI) no sería directo, aunque esta podría perder una fuente valiosa de información.
Tanto Daniels como Kelvi Zambrano coinciden en que el CPI es un órgano independiente con su propio presupuesto, lo que la hace ajena a los recortes que sufren los organismos de la ONU.
Para Daniels, la falta de recursos de la ONU no debería afectar a la CPI, ya que “los procesos de investigación no dependen únicamente de la información que les mande la Misión de Determinación de Hechos, que por cierto ya ha sido citada en varios documentos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, culminó.
