Además de las secuelas físicas por las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, las víctimas también sufren secuelas psicológicas. Los expertos instan a las autoridades a investigar los casos y proceder a la reparación de los mismos
Fuente original: Efecto Cocuyo. – La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela en su más reciente informe, que presentó este 22 de septiembre, documentó un patrón de violaciones de derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en el país.
En el documento se detallaron graves abusos cometidos en el contexto de las protestas poselectorales de 2024 y los sucesos ocurridos cerca de la toma de posesión presidencial de enero de 2025, que incluyeron al menos dos muertes, detenciones arbitrarias y el uso de la fuerza.
Los expertos que integran la misión registraron casos en los que adolescentes fueron detenidos sin respetar el debido proceso, imputados con delitos graves como el terrorismo, a pesar de que no se realizaron investigaciones adecuadas; sin mencionar que muchos fueron recluidos en condiciones inapropiadas, a menudo junto a adultos.
Además, la Misión informó que a los NNA los sometieron a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los abusos incluyeron: Golpizas severas, asfixia y violencia sexual y de género, lo que causó secuelas físicas y psicológicas en las víctimas, según se lee en el documento.
También subrayan la impunidad en estos casos y la ausencia de rendición de cuentas por parte de los responsables.
El terrorismo como delito contra NNA
En su último informe, la Misión de la ONU registró las imputaciones de delitos como el terrorismo entre las violaciones a los derechos de los adolescentes detenidos en el país.
Expertos como Carla Serrano, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), ven con preocupación la imputación de este delito contra menores de edad. Esto se debe a que, además de violar normativas nacionales e internacionales, deja secuelas profundas en el desarrollo integral de la niñez.
“La reforma de la Lopnna publicada en Gaceta Oficial en 2015 ha sido objeto de diversos análisis, desde esa época se ha preguntado a las autoridades competentes (sin recibir respuesta) cuál fue la evidencia científica que justificó incluir el delito de terrorismo en esa reforma. Casi diez años después, la detención arbitraria de adolescentes en contextos de protesta o bajo acusaciones desproporcionadas como ‘terrorismo’ preocupa profundamente», dijo a Efecto Cocuyo.
No es la primera vez que se documenta que adolescentes son imputados con cargos graves como el terrorismo en Venezuela. En 2019, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y 86 organizaciones de la sociedad civil denunciaron en un comunicado la detención arbitraria de 11 adolescentes, de entre 12 y 16 años en el estado Yaracuy, tras protestar.
A pesar de que el Ministerio Público había solicitado la liberación de los menores de edad, una jueza optó por imputarles el delito de terrorismo y ordenar su privación de libertad. En ese momento las organizaciones criticaron que el Estado, al actuar sin límites, recurría al sistema judicial para vulnerar los derechos de la niñez y abrir la puerta a la arbitrariedad en el país.
Tácticas denunciadas
La Misión, que preside Marta Valiñas, detalló las violaciones de los derechos humanos a las que fueron sometidos algunos adolescentes tras las protestas por los resultados electorales que anunció el Consejo Nacional Electoral sobre los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
En el informe la Misión denuncia: golpizas, aislamiento prolongado, amenazas contra ellos o sus familias, y, en casos graves, violencia sexual como desnudez forzada, tocamientos inadecuados durante registros y violencia psicológica.
“Estos actos suelen ocurrir en centros de detención transitorios o bajo custodia de cuerpos de seguridad, en muchos casos como método de intimidación o para obtener información. Todo esto debe ser responsablemente investigado”, apunta Serrano.
En noviembre de 2024, Amnistía Internacional señaló que las detenciones, torturas y criminalización de la niñez en Venezuela cruzaron «una línea que ningún Estado debería cruzar jamás». La organización denunció que el gobierno cometió graves violaciones de derechos humanos contra adolescentes, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos ocurridos entre el 29 y el 31 de julio de ese año.
Para ese entonces, Amnistía Internacional exigió la liberación «inmediata e incondicional» y la reparación para los menores de edad que fueron afectados; pero, cuatro meses después de los hechos, AI documentó que al menos 198 adolescentes sufriendo detenciones injustas y acusaciones penales infundadas.
Hasta este 26 de septiembre de 2025, al menos cuatro adolescentes se encuentran privados de libertad en Venezuela, tras las protestas contra los resultados electorales, según el último reporte de la ONG Foro Penal.
Necesidad de la investigación para proteger a la niñez
Carlos Trapani, abogado especialista en derechos de la niñez y coordinador general de la ONG Cecodap, centrada en la defensa de los NNA en el país, sostiene que, tras lo expuesto por la Misión, se deben tener tres consideraciones:
📌Investigación de los hechos: Trapani insiste que se debe expresar preocupación por lo que el informe refleja y exigir que los hechos sean investigados. “Si se desmienten, se deben adoptar medidas para proteger los derechos de los adolescentes involucrados en la situación”, agrega.
📌Aplicación de la ley especializada: El defensor de derechos humanos asegura que para los adolescentes que están en un proceso penal deben aplicarse las regulaciones tipificadas en la Lopnna, que son propias del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. “Esto asegura que se garanticen y preserven sus derechos y garantías específicas en todo momento”.
📌Garantías legales en caso de participación en un hecho punible: En caso de que se identifique la participación de un adolescente en un delito, Trapani recomienda que se apliquen las garantías que ya prevé la ley, que incluyen la excepcionalidad de la privación de libertad, el juicio educativo y otras garantías específicas del sistema penal juvenil.
Serrano, en concordancia con Trapani, exige la liberación inmediata de los adolescentes detenidos y subraya que, en el caso de que se compruebe la participación de adolescentes en actos terroristas, estos no pueden ser privados de un debido proceso ni de un trato justo, proporcional e imparcial.
Cuestionamientos al sistema penal juvenil
La investigación académica y la literatura especializada han expresado preocupaciones sobre el funcionamiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentes en el país desde hace tiempo, según Serrano.
Una de las principales críticas se centra en que, desde hace varios años, el Ministerio para el Servicio Penitenciario—una institución concebida para adultos—se encarga de los menores de edad privados de libertad, lo que hace que se generen cuestionamientos sobre el nivel de especialización y la implementación de la Doctrina de la Protección Integral en el tratamiento de los adolescentes a su cargo.
La administración de justicia en el país, incluso en casos que involucran NNA, enfrenta desafíos significativos, señala Serrano. Aunque existen denuncias formales, el acceso a la justicia es limitado por la falta de independencia judicial, la criminalización de las víctimas y la corrupción. Serrano apunta que recursos legales como el “habeas corpus” son sistemáticamente ignorados.
“Las familias que buscan justicia se enfrentan a la revictimización y al temor a represalias, así lo han declarado múltiples veces. Esto limita la posibilidad de que estos casos sean investigados con seriedad a nivel nacional. Tanto en materia de protección como en materia penal adolescente se conocen de parte de los usuarios diversas quejas y denuncias sobre la administración de la justicia en Venezuela. Desde casos sencillos hasta casos complejos”, indica la secretaria adjunta de la Redhnna.
La reparación y atención a las víctimas
La atención a las secuelas de la tortura y los abusos contra niños, niñas y adolescentes necesita un enfoque multidisciplinario. Para Serrano, «se requiere atención especializada y continua que abarque tratamientos contra daños físicos, secuelas de violencia sexual y daño neurológico, así como cuidados en salud mental para tratar trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático».
Destaca que esta atención debe ser integral y combinar terapias especializadas, como las que se aplican en Colombia a niños víctimas de conflictos armados, para acompañar procesos de reintegración social y escolarización.
La defensora de derechos humanos también subrayó la importancia de la asistencia social y familiar, con medidas para reparar el entorno y restablecer las redes de apoyo. Para casos de tortura, afirmó que «la restauración de la dignidad puede incluir reconocimiento público del daño sufrido, compensación económica justa y garantías efectivas de no repetición, que impliquen reformas institucionales para eliminar la impunidad de los agresores».
Carla Serrano insiste en que las víctimas deben participar activamente en el diseño de su ruta de recuperación.
«Quienes trabajan en reparación deben contar con la participación activa y el consentimiento informado de las víctimas para diseñar la ruta que atienda de manera personalizada sus necesidades, maximizando el empoderamiento y previniendo revictimización», afirma desde sus años de experiencia en la materia.
