Las elecciones presidenciales celebradas del 28 de julio de 2024 estuvieron marcadas por una serie de irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso electoral y vulneran el derecho al sufragio universal
Fuente original: Runrunes. – En su informe “Venezuela en cifras 2024”, la organización Un Mundo Sin Mordaza expone un panorama “alarmante” sobre el deterioro sistemático de los DDHH en el país, evidenciado a través de múltiples indicadores en áreas clave como libertad de expresión, trabajo, salud, educación, servicios públicos y participación política.
Este documento no solo refleja una profunda crisis estructural, sino que también visibiliza cómo las políticas públicas y prácticas estatales han contribuido a vulnerar derechos fundamentales de millones de venezolanos.
La falta de garantías para ejercer libertades básicas, la precarización de las condiciones de vida y el cierre progresivo del espacio cívico revelan un patrón de control autoritario y desprotección institucional. A través de cifras documentadas y testimonios de distintas regiones del país, el informe demuestra que en Venezuela la desigualdad, el abandono del Estado y la represión son prácticas que ya forman parte de la cotidianidad.
De acuerdo con Un Mundo Sin Mordaza, la emergencia humanitaria y la represión política “siguen marcando la vida de millones de venezolanos”. La organización concluye que “Venezuela vive una emergencia total, y la represión va en aumento” y advierte que los derechos humanos “son pisoteados sin pudor y la impunidad es la norma”.
Ante este panorama, la organización Un Mundo Sin Mordaza pide una respuesta urgente de la comunidad internacional y la solidaridad de los medios de comunicación: “Difundir estos datos es clave para que el mundo no olvide lo que ocurre en Venezuela”.
Derecho a la libertad personal
Durante el año 2024, Venezuela vivió un incremento de violaciones al derecho a la libertad personal y a la protección contra la tortura, especialmente en el contexto poselectoral tras los comicios del 28 de julio. Según la ONG Provea, se documentaron 2.635 presuntas violaciones a este derecho, un aumento de más del 1.300 % respecto al año anterior. De ese total, 2.501 detenciones fueron de carácter político, muchas ejecutadas tras protestas masivas en sectores populares que desconocieron los resultados oficiales.
Entre el 29 de julio y el 13 de agosto, el Estado venezolano reportó al menos 2.400 arrestos, con un promedio de 150 detenciones diarias. Esta cifra supera con creces otros ciclos represivos como los de 2014, 2017 y 2019. Más del 95 % de los detenidos eran personas de comunidades empobrecidas. Se documentaron además detenciones de niños, niñas y adolescentes, y un 26 % de los casos respondía a motivaciones políticas.
Además, se registró un incremento del 671 % en desapariciones forzadas, además de detenciones masivas (32 %) e individuales (36 %), muchas sin respeto al debido proceso ni acceso a defensa legal. Los estados más afectados fueron Distrito Capital, Nueva Esparta y Táchira.
Entre los cuerpos responsables destacan la Policía Nacional Bolivariana (33 %), la GNB (36 %), el SEBIN (10,5 %) y la DGCIM (10,3 %). Algunos operativos fueron conjuntos entre cuerpos civiles y militares. Llamó la atención el uso de la aplicación VenApp como mecanismo de delación ciudadana para señalar a manifestantes, lo que vulnera gravemente derechos fundamentales.
Estas cifras evidencian una política de represión sistemática que incluye torturas, tratos crueles y la criminalización del disenso político, en abierta violación de tratados internacionales y normas constitucionales.
Derecho a la libertad de expresión
En Venezuela, la libertad de expresión continúa enfrentando graves amenazas. El informe de Un Mundo Sin Mordaza documentó 191 incidentes de amenazas, hostigamientos y agresiones contra civiles y trabajadores de prensa en 126 casos distintos. Estas acciones incluyeron intimidaciones físicas, morales y psicológicas, persecuciones, amenazas en redes sociales, y confiscación de equipos, lo que generó un clima de miedo y autocensura.
Asimismos, 41 medios de comunicación fueron blanco de 55 ataques impulsados desde el Estado, entre ellos bloqueos (40%), sanciones administrativas (20%), hostigamiento (20%), confiscaciones, censura y allanamientos. Las estaciones de radio fueron las más afectadas (58,5%), seguidas de medios impresos y digitales, canales de televisión y podcasts, lo que evidencia un intento por controlar todos los formatos de difusión.
En el ámbito digital, se registraron 33 bloqueos a páginas web y redes sociales, ejecutados mediante sanciones, restricciones impuestas por proveedores de Internet, ataques cibernéticos y denuncias falsas, lo que restringe el acceso a la información en línea. Este patrón persistente de persecución confirma una política estatal orientada a silenciar voces independientes y reforzar el cerco comunicacional.
El informe concluye que estas violaciones representan una amenaza directa a la democracia, ya que limitan el derecho de la ciudadanía a estar informada y afectan el funcionamiento pleno de actores clave como partidos políticos, sindicatos y organizaciones civiles.
Derecho al trabajo digno y remunerado
De acuerdo con las reflexiones del informe de Un Mundo Sin Mordaza, durante el año 2024, el derecho al trabajo digno en Venezuela se vio gravemente afectado por el estancamiento del salario mínimo, que se mantuvo en 130 bolívares mensuales. Esta cifra no cumple con lo establecido en la Constitución venezolana, que exige un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia.
Desde el último ajuste salarial en marzo de 2022, el salario mínimo ha estado congelado. Las pensiones del IVSS y la administración pública también se mantienen en ese mismo monto. En mayo de 2024, Nicolás Maduro anunció un supuesto incremento del ingreso mínimo integral a 130 dólares, compuesto por bonos no salariales entregados mediante el sistema Patria. Sin embargo, esta medida no fue formalizada en Gaceta Oficial, lo que impide su validez legal y genera incertidumbre jurídica.
Además, al no ser un ingreso salarial, estos bonos no impactan en prestaciones sociales, vacaciones ni otros beneficios laborales. Esta política de bonificación, manejada de forma discrecional, ha promovido la deslaboralización, debilitando la estructura formal de remuneración y dejando a los trabajadores sin garantías ni estabilidad.
Derecho al sufragio universal
Las elecciones presidenciales celebradas del 28 de julio de 2024 estuvieron marcadas por una serie de irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso electoral y vulneran el derecho al sufragio universal, de acuerdo con la organización Aunque fueron anunciadas con mayor antelación que en procesos anteriores, la convocatoria se realizó sin la publicación formal de un cronograma electoral detallado, lo que debilitó la previsibilidad y transparencia del proceso.
Durante la etapa preelectoral, según recuerda el informe de Un Mundo Sin Mordaza, se registraron más de 20 inhabilitaciones políticas a alcaldes y dirigentes opositores, muchos de ellos por manifestar públicamente su apoyo al candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia.
Además, se impidió el derecho al voto de gran parte de la diáspora venezolana, pese a que más de siete millones de ciudadanos viven fuera del país. Solo 508 venezolanos pudieron inscribirse en el Registro Electoral en el exterior para participar en los comicios, y apenas 6020 actualizaron su centro de votación.
Por otra parte, aunque se invitó a más de 600 acompañantes internacionales, como el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, estos solo pudieron desempeñar labores técnicas limitadas. La exclusión de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, a raíz de sanciones internacionales, mermó aún más la credibilidad del proceso.
Durante la jornada electoral se registraron fallas técnicas en al menos el 25% de las mesas, así como voto asistido indebido en el 13% de ellas, lo cual constituye una “violación directa a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), al comprometer la individualidad y libertad del voto”.
Finalmente, los resultados oficiales anunciados por el CNE otorgaron la victoria a Nicolás Maduro. Sin embargo, y se recuerda en el informe, conteos independientes realizados por organizaciones civiles y técnicos electorales, con más del 85% de actas escrutadas, reportaron como ganador a Edmundo González con más del 67% de los votos.
Derecho al acceso a servicios públicos
El acceso a servicios públicos básicos como agua potable, electricidad, gas doméstico, aseo urbano y transporte continúa presentando “serias deficiencias” que vulneran derechos fundamentales y afectan directamente la calidad de vida de la población. Según datos del Diagnóstico Comunitario 2024 de HumVenezuela y otras fuentes, se evidencia una crisis estructural que impide el ejercicio pleno del derecho a servicios esenciales.
En materia de agua potable, el 45,6% de los hogares reportó fallas constantes en el suministro. Ante la falta de acceso regular, muchas familias recurren a soluciones alternativas como botellones (51%), tomas públicas (18,6%), camiones cisterna (15,1%) y pozos (13,7%). Además, la calidad del agua muy baja: 48,2% de los usuarios percibió contaminación por color, 22,9% por olor y 22,7% por sabor, especialmente en estados como Delta Amacuro, Sucre, Distrito Capital y Amazonas.
En cuanto al servicio eléctrico, el 69% de los hogares experimenta fallas moderadas y un 17,1% enfrenta interrupciones severas. Cedice Libertad documentó un promedio de 14,9 horas sin electricidad a nivel nacional, lo cual afecta la salud, la educación, el trabajo y genera altos niveles de estrés.
El gas doméstico también presenta fallas graves. Menos del 30% de los hogares tiene acceso a gas directo. La mayoría depende de bombonas, cuya distribución ha empeorado: el porcentaje de hogares con fallas constantes en este suministro aumentó del 36,9% al 44,2%, afectando directamente la capacidad de preparar alimentos.
El aseo urbano muestra una situación contradictoria. Aunque en zonas del centro de Caracas se reporta una mayor frecuencia en la recolección de desechos, el 84% de los encuestados indica que el aumento en tarifas no se traduce en mejor servicio. Además, el 89% denuncia que el personal de recolección no cuenta con equipos adecuados, lo que pone en riesgo su salud y limita la efectividad del servicio.
Finalmente, el transporte público enfrenta un colapso generalizado, como consta en la reseña sobre la situación de los servicios que hace Un Mundo Sin Mordaz. En 2024, solo el 20,2% de los hogares tenía acceso al servicio, frente al 49,4% en años anteriores. El 80% de los ciudadanos no cuenta con vehículos propios, y el 55,9% se ve obligado a caminar largas distancias para cumplir con sus actividades. Estados como Delta Amacuro, Falcón y Sucre encabezan la lista de los más afectados.
Derecho al acceso a la atención médica
Durante el año 2024, según el informe de Un Mundo Sin Mordaza, el índice de desabastecimiento general de medicamentos y suministros médicos fue de 37%, manteniéndose prácticamente igual al año anterior (36%).
Los estados más afectados fueron Carabobo (75%), Amazonas (65%) y Cojedes (61%), seguidos por Táchira, Nueva Esparta y Apure. El desabastecimiento impacta especialmente en áreas críticas como la atención a enfermedades crónicas: 75% de los hospitales reportaron la falta constante de medicamentos antihipertensivos, obligando a los familiares a asumir la compra de fármacos por cuenta propia, con los consiguientes costos y retrasos en los tratamientos.
Aunque el tiempo promedio de espera para que un paciente con neumonía reciba el primer medicamento disminuyó levemente (de 2 horas y 42 minutos a 2 horas), sigue superando el estándar recomendado de una hora. Este tipo de demoras puede comprometer seriamente la salud de los pacientes, en especial en casos urgentes.
En cuanto a la infraestructura hospitalaria, la capacidad de atención mostró una leve mejora. El promedio de camas de emergencia operativas por hospital pasó de 34 a 35, y las camas de hospitalización de 215 a 220. No obstante, esta variación es mínima y no representa una mejora sustancial frente al deterioro general del sistema.
Un aspecto crítico es que el 91% de los hospitales exige a los pacientes aportar insumos para poder ingresar a quirófano. Entre los requerimientos más frecuentes están: suturas (87%), suero fisiológico (82%), analgésicos (78%), batas de pacientes (73%), gasas, antisépticos y otros materiales básicos (74%).
Derecho a la educación
El derecho al acceso a la educación en Venezuela enfrenta múltiples vulneraciones que afectan tanto a la educación básica como a la superior, según el informe de Un Mundo Sin Mordaza.
En el informe de Un Mundo sin Mordaza, y en lo que respecta al área de educación básica y media, se citan los resultados del estudio SECEL 2024-2025, realizado por la UCAB, revelan un bajo rendimiento académico generalizado. Más del 70% de los estudiantes reprobaron en matemáticas, habilidad verbal y comprensión lectora, con promedios por debajo de 8/20. La brecha entre instituciones privadas y públicas es significativa, con tasas de reprobación que alcanzan el 92% en las escuelas públicas.
Las causas incluyen precariedad laboral docente, con ingresos mensuales promedios de apenas 7,34 dólares y alta deserción (72%). Solo el 18% del personal ha recibido formación reciente, y el 24% no ha tenido actualización profesional en más de cinco años. Además, el 64% de los docentes considera que los bonos del sistema Patria deberían ser parte del salario base.
La infraestructura escolar también está severamente deteriorada: 54% de las escuelas reportan condiciones físicas precarias, 43% sufre fallas eléctricas diarias, y más del 80% carece de acceso a computadoras o internet. La dotación del Estado es deficiente: 93% de los encuestados afirman que no han recibido materiales pedagógicos ni deportivos. Aunque el Programa de Alimentación Escolar está presente en el 87% de las instituciones, solo el 33% de los estudiantes recibe comida semanalmente y muchas escuelas no tienen cocinas ni comedores adecuados.
En cuanto a la educación superior, la situación es igualmente crítica. Se han reportado 205 denuncias por acoso presupuestario contra universidades autónomas, lo que ha resultado en el deterioro de la infraestructura, suspensión de servicios estudiantiles y proyectos de investigación, y violaciones laborales, incluyendo más de 1000 días sin aumentos salariales. La deserción estudiantil y profesoral supera el 60% en universidades emblemáticas como la UCV, LUZ y UCLA, poniendo en riesgo la continuidad académica y el relevo docente.
Además, se han registrado 52 denuncias por agresiones y criminalización de miembros de la comunidad universitaria, junto con 9 protestas por derechos laborales y políticos. Estas condiciones revelan una vulneración sostenida del derecho a la educación superior, en un entorno de exclusión, censura y abandono institucional.
