Con el ojo puesto en un negocio de exportación, desde 2021 el oficialismo no solo impulsa, sino que también participa en su tala indiscriminada y procesamiento que busca suplir la demanda global de combustibles para cocinar al aire libre. Una empresa mixta, Carbonera El Obelisco, es punta de lanza en este boom ecocida
(24-01-2025) En octubre de 2021, aún bajo las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, se oficializó un acuerdo inusual cuya firma quedó inmortalizada por una foto en medios regionales. En la instantánea se apreciaba el apretón de manos entre Luis Jonás Reyes, el alcalde chavista de Barquisimeto, capital del estado Lara, y un hombre con gorra y camisa negra rotulada, cuyo nombre no se mencionaba. Para el momento ambos llevaban tapabocas, lo que favorecía el anonimato del segundo.
La ocasión era la del lanzamiento de la empresa Carbonera El Obelisco, C.A. y de su marca, Carbones Obelisco, ambas derivadas de la alianza entre el gobierno municipal y la iniciativa privada, a fin de producir carbón vegetal para la exportación.
Con un cartel con el logo corporativo en el backing y pequeños sacos de papel kraft que se exhibían al frente, el alcalde hizo alarde de que la empresa, ubicada en la comunidad de Pavía, a unos 13 kilómetros sobre la carretera vieja -rumbo a las fantasmales Curvas de Carora- que conduce desde Barquisimeto (municipio Iribarren) a la ciudad de Carora (capital del municipio Torres), contaba con los permisos de rigor emitidos por el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) para la producción de carbón vegetal y cumplía con las formalidades para comercializar el producto “explotado de manera controlada”. También manifestó su disposición a seguir concretando alianzas con el sector privado “sin ningún tipo de complejos y sin observar tendencias políticas, porque nuestra prioridad es producir y construir un nuevo modelo económico fomentando la actividad local”.
Pero lo que Reyes no ventiló sobre el negocio en esa oportunidad es que la principal materia prima para la producción del carbón vegetal en Lara, la madera de especies arbóreas como la vera (Bulnesia arborea), el cují (Prosopis juliflora) y el curarí o acapro (Handroanthus serratifolius), proviene de ejemplares cuyos troncos se talan por miles con motosierras y sus raíces son arrancadas de tajo en el Parque Nacional Cerro Saroche, protegido de cualquier explotación comercial por su carácter de Área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae).
Se trata de especies propias del paisaje semiárido que domina el triángulo territorial con vértices en las ciudades de Barquisimeto, Quíbor y Carora, un bioma caracterizado por su escasa humidificación, tierra pobre en nutrientes y abundancia de vegetación xerófila. Las tres se identifican como especies amenazadas por la deforestación, fragmentación del hábitat y sobreexplotación maderera, según el Sistema Venezolano de Diversidad Biológica (SVDB), una especie de lista roja de la biodiversidad que maneja el Minec.
En 1989 se creó en la zona el Parque Nacional Cerro Saroche, de 32 mil hectáreas, que sirve de refugio para especies de fauna silvestre como el cardenalito (Cardeulis Cuculiata o Spinus cucullatus), ave ícono del estado Lara, amenazada desde hace tiempo por su comercialización en mercados nacionales e internacionales y que se encuentra “en peligro crítico”, según alerta el Libro Rojo de la Fauna Venezolana.
Ninguna de estas consideraciones conservacionistas ha llamado a la cautela al emprendimiento mixto del carbón vegetal. Por el contrario: la perspectiva de una nueva fuente de ingresos en divisas ha abierto la temporada para la voracidad. Según cálculos de una organización dedicada a la protección del ambiente y con amplio conocimiento de la zona, cuyos responsables pidieron a Armando.info mantener en reserva su denominación para evitar retaliaciones, unos 10 millones de árboles talados y 500 mil hectáreas del bosque xerófilo de Lara arrasadas constituyen, por el momento, el saldo de la nueva actividad que arrancó hace casi cuatro años.
Ese territorio agreste del estado Lara lo recorre ahora la fiebre del llamado carbón vegetal, un compuesto residual negro y poroso que se obtiene cuando la madera se quema en ausencia de oxígeno para eliminar todo rastro de humedad. Tras la quema, la madera queda reducida a pequeños bloques o briquetas parecidas al carbón de minas y que se usan, a la vez, como generadoras de calor para uso doméstico, médico e industrial. Las maderas de las especies afectadas en Lara son altamente apreciadas para, en especial, hacer fogatas y cocinar al grill, por su alto valor calórico y las escasas cenizas que su combustión genera.
Hay estudios sobre el mercado global del carbón vegetal que prevén una tasa de crecimiento interanual de la demanda de entre 2,7% a 7,2% hasta 2029, impulsada por el incremento de las actividades de recreación al aire libre -lo que incluye la preparación de parrillas, asados o barbecues-, pero también por el uso de biocarbón para la agricultura, del carbón activado para la salud y estética, así como iniciativas de energías renovables. Para el año que se inicia, 2025, se calcula que el comercio internacional de carbón vegetal moverá algo más de 70 millones de toneladas.
Mientras este horizonte prometedor lleva a los empresarios del sector a frotarse las manos, Venezuela se ha convertido en un exportador de carbón vegetal, tal como ocurre con su aliado político y comercial, Cuba, y su producción de carbón a partir de la madera de marabú (Dichrostachys cinerea). De acuerdo a informaciones recogidas en el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard y la base de datos de comercio internacional Importgenius, entre 2022 y 2024 Venezuela exportó briquetas de carbón vegetal a 29 países, por un valor de 9,8 millones de dólares. Una industria en auge cuyo precio lo paga el medio ambiente.
Clamor sin eco
Las alertas por los daños que la explotación maderera causa en el Parque Nacional Cerro Saroche afloraron casi al unísono con el inicio de la actividad. Desde 2022, organizaciones de ambientalistas, de campesinos y de abogados de Lara han elevado la protesta contra la incursión de cerca de una veintena de empresas recién surgidas en un área natural protegida.
La última denuncia conocida que el movimiento ambientalista local presentó ante el Ministerio Público contó con más de 600 firmas de apoyo y data de marzo de 2024. Entonces, los activistas se movilizaron hasta la sede de la Fiscalía 23 del estado Lara para denunciar la tala, quema y deforestación del Parque Nacional Cerro Saroche.
Lo hicieron con empeño pero sin mayor expectativa, porque los reclamos sobre la destrucción del cerro Saroche se siguen acumulando, sin lograr respuesta oficial alguna. Más de 11 denuncias, según precisan organizaciones ambientalistas y organizaciones campesinas de Lara, permanecen engavetadas en la Fiscalía General del estado Lara; hasta una carta abierta se dirigió en septiembre de 2023 al fiscal general en Caracas, Tarek William Saab. Pero todo sigue siendo infructuoso, mientras la producción de carbón vegetal no para de crecer.
También el presidente del Consejo Legislativo del estado Lara, José Antonio Carrasco, recibió en octubre de 2024 una solicitud para abrir una investigación contras las empresas carboneras que, con autorización del Minec, están deforestando el bosque semiárido larense. En el documento, los ambientalistas denunciaban de nuevo la feroz pérdida de capa vegetal en los municipios Torres, Urdaneta e Iribarren. También enviaron misivas a Ricardo Molina, presidente de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional y a Josué Lorca, ministro para el Ecosocialismo, en febrero y marzo de 2024. Casi un año después, aún esperan reacciones.
Voces como la de Guillermo Palacios, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara y miembro de la bancada del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), se han sumado a las peticiones de investigación de la actividad depredadora, un llamado loable pero obstaculizado de antemano por el endoso que los gobiernos locales, adeptos al oficialismo, otorgan a la industria del carbón vegetal. Por ello, en declaraciones a medios de agosto de 2023, el diputado Palacios no dudó en calificar al alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, y al gobernador de Lara, Adolfo Pereira, como los principales “depredadores del ambiente” en la región. “Se han apoderado de estas zonas protegidas para convertirlas en carbón y promover desiertos y, de esta manera, compensar lo que nacionalmente le han asignado y obtener recursos que nacionalmente no les pueden transferir”, acusó.
Dos nombres, misma operación
Después de casi cuatro años de operaciones, la prosperidad ya se aproxima a la empresa mixta Carbonera El Obelisco, C.A. (conocida por la marca Carbones Obelisco), cuyo 51% accionario pertenece a la Alcaldía de Iribarren, mientras que el restante 49% es propiedad de la compañía anónima Carbones de Venezuela, Carbovenca. Con un pie afianzado en el Estado y otro en la iniciativa privada, sus cifras se disparan. En los directorios empresariales, tanto Carbovenca, privada, como la joint venture Carbonera El Obelisco, comparten el mismo número de contacto y dirección postal en el sector de Pavía, estado Lara.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos) identifica la actividad económica de Carbonera El Obelisco como la “extracción y aglomeración de carbón de piedra”. Por otra parte, en la ficha correspondiente a la empresa mixta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), aparece Gerardo Alfonso Comerma Breto como su representante patronal. Comerma además se identifica en Linkedin como vicepresidente ejecutivo de la privada Carbovenca desde enero de 2019. Con estudios en el reputado Tecnológico de Monterrey, México, Comerma Breto también es el propietario único de la sociedad mercantil KX Company, C.A., domiciliada en Barquisimeto, y que se dedica desde 2005 a la distribución de equipos e insumos médicos.
Fundada en 2005, Carbovenca tuvo como primeros accionistas a los hermanos Roy y William Antonio Eschenazi Martínez. Hoy está bajo el mando exclusivo de Roy, el menor de los hermanos, quien constituyó en Panamá la firma Main Corp, disuelta en la actualidad.
Desde 2019 Carbovenca declara ante el Registro Mercantil que se dedica al “transporte de mercancías, distribución, fabricación, importación, exportación, almacenamiento y comercialización al mayor y detal de productos que generen combustión, tal como carbón vegetal”. Pese a que participa en una empresa mixta, no aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
A pesar también de la cercanía al oficialismo que el negocio actual de Roy Eschenazi Martínez sugiere, cabe destacar que el nombre de su hijo, Roy David Esquechazi Urquiola, figuró en la lista de 121 detenidos en Barquisimeto que construyó la Fundación Justicia, Solidaridad y Paz, Funpaz, del estado Lara, durante la ola de protestas en la capital larense y otras ciudades del país que en 2014 puso en jaque al gobierno de Nicolás Maduro.
Si bien Carbonera El Obelisco brinda un paraguas corporativo al negocio mixto del carbón vegetal, la explotación sobre el terreno está a cargo de Carbovenca. Además, la socia privada es quien registra las ventas en el mercado internacional.
Por ejemplo, Carbovenca pasó de vender en 2023 unas 229 toneladas de carbón vegetal a Croacia, por un valor total de 8 mil dólares, a exportar 1.006 toneladas al mismo destino por la suma de 44.300 dólares en agosto de 2024, según registros de Importgenius. En el primer semestre del año pasado amplió su cartera de clientes al incluir a Israel, Estados Unidos, Panamá, Arabia Saudita, Italia, Grecia y Polonia entre los mercados que atiende. Aunque los montos luzcan todavía discretos, el crecimiento es marcado.
La base de datos de comercio internacional 52wmb también reporta el incremento de las exportaciones de Carbovenca. La firma pasó de despachar a mercados internacionales 3.454 toneladas mediante 75 transacciones en 2022, a casi doblar en 2024 los envíos a mercados internacionales hasta llevarlos a 4.974 toneladas. Costa Rica, China y Gambia se perfilaron como los principales destinos en este período.
Habilitada para explotar la vegetación del municipio Iribarren casi a placer gracias a su adscripción a la Alcaldía, la alianza de Carbovenca con el Estado ha propiciado una mayor proyección internacional de la compañía. Ello quedó en evidencia el pasado otoño con la participación de la compañía y sus briquetas en un stand de la reciente Feria Internacional de Importaciones 2024 de Shangai, China. Pero la buena suerte en los negocios puede traducirse en mala suerte para el ecosistema: los grupos ambientalistas temen que una mayor demanda proveniente del gigantesco mercado chino incida en una mayor deforestación del semiárido larense.
No se conocen los planes de reforestación que Carbovenca pueda tener. Aunque en su sitio web, adornado con imágenes de bosques verdes en nada parecidos a los de Saroche, la empresa subraya que cuenta con los permisos del Minec para “la gestión responsable de los recursos naturales, la biodiversidad y reducción de hábitats naturales”, se limita a mencionar de paso que ha sembrado 11 mil árboles, sin indicar ni el lugar ni la fecha de esa acción.
Hasta los huesitos
La paulatina sofisticación del comercio no se ha trasladado a la explotación en sitio. La producción del carbón vegetal que se exporta sigue siendo prácticamente artesanal. Las empresas del sector pagan a los campesinos de la zona una bagatela por cada tonelada de carbón vegetal que preparan en hornos caseros. Para incentivar la producción, financian la compra de motosierras para la faena de los campesinos, confirma a Armando.info un ambientalista larense que prefirió mantener su nombre en reserva.
El tronco que el acero toca no retoña jamás. “El calor de la motosierra quema el corazón del árbol y así no vuelve a retoñar, es una muerte tajante, sin marcha atrás, sin posibilidades de resurrección”, explica el ambientalista. Y otro suplicio se añade a los árboles: “Con gatos hidráulicos se arrancan las raíces para aprovecharlas también. Es como una plaga que devora todo. Como comerse hasta los huesitos”.
Las maderas autóctonas quedan convertidas en carbón en los hornos artesanales de áreas rurales, o bien en las plantas de las pocas compañías que cuentan con sus propios galpones. Luego, el producto se traslada como briquetas en camiones hasta el Terminal Intermodal del Puerto Seco GD Jacinto Lara, que la Gobernación maneja en las afueras de Barquisimeto, donde se empaqueta y se destina a mercados foráneos.
Los ambientalistas tienen clara la magnitud de la destrucción, que ilustran con un ejemplo: para producir una tonelada de carbón vegetal hay que contar con cinco toneladas de madera como materia prima, cuya quema arroja cerca cinco toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Al mismo tiempo, la deforestación del bosque seco implica la evaporación de los cuerpos de agua y salinización de los suelos.
La explotación del carbón vegetal por parte del gobierno revolucionario recuerda de soslayo al caso de Cuba, que reactivó la producción de carbón vegetal a partir de la lucha contra una plaga. Una campaña nacional para eliminar el marabú, especie de origen sudafricano que invadió durante el siglo XX miles de hectáreas de cosechas agrícolas, propició el renacimiento de esta actividad otrora considerada marginal, hasta convertirla en rubro de exportación. En 2022, Cuba vendió 37,4 millones de dólares en carbón vegetal a 23 países, entre ellos Grecia, España, Portugal, Italia y Turquía, según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard. Venezuela parece seguir sus pasos.
Las langostas del Estado
Carbovenca no fue el primer emprendimiento en el sector, ni es el único. Existen al menos otras 18 compañías activas que exportan desde 2022. Que se sepa, ninguna de las empresas ejecuta un plan de reforestación, añade el ambientalista. “Operan de una manera no sostenible. La Ley de Bosques dice que todo permiso que viole esa ley se considera nulo. Por lo tanto, estos permisos son nulos porque violan el principio de sostenibilidad, además de la Ley del Ambiente y la misma Constitución, que habla del derecho a una vida sana”, insiste, para agregar que “lo grave de todo este proceso es que las empresas autorizadas por el Minec para aprovechamiento forestal y depósito están comprando el carbón vegetal directamente a los pobladores locales, que talan y queman el bosque primario, en vez de extraer la madera de sus supuestas plantaciones forestales”.
“El Estado pasa a ser un capitalista depredador”, confirma un campesino, que habló con Armando.info pero sin acceder a que se le identifique en este reportaje. “Si te metes en mi tierra para picar árboles y hacer carbón, cometes un delito, invades y acabas con la naturaleza, sin permisos pero con el apoyo del Estado”.
Pero Carbovenca sí es la única empresa mixta en la que la participación de un gobierno local pone de relieve el interés del Estado chavista, apretado por el colapso de la producción petrolera y por el efecto de las sanciones internacionales, en sacar provecho a toda costa de una nueva fuente de divisas.
El Estado no regula o supervisa el ramo, sino que lo promueve sin límites. En octubre de 2021, tres días antes de sellar la alianza entre la Alcaldía de Iribarren y Carbovenca, el Minec ya entregaba más de 20 registros de instalación y funcionamiento referentes a las adecuaciones de industriales forestales para representantes del sector maderero larense.
La Alcaldía de Iribarren se ha mostrado muy animada con este negocio. En redes presume de la producción de carbón vegetal y de su asistencia a eventos internacionales, como la 38va Feria Internacional de la Habana (Fihav), celebrada en Cuba en noviembre de 2022, para, de la mano del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), promover el negocio con cuatro puestos en el pabellón de Venezuela. Pero a esto se enfrentaba desde Carora el alcalde del vecino municipio Torres, Javier Oropeza, quien si ya de por sí era opositor al régimen chavista -como candidato de la Mesa de Unidad Democrática llegó en 2021 a ese cargo, del que recientemente fue desplazado por una maniobra política del oficialismo-, no dudaba además en calificar la nueva fiebre como “un ecocidio”.
Otro promotor activo de las exportaciones de carbón vegetal es el gobernador de Lara, Adolfo Pereira Antique, del PSUV. En julio de 2023 anunció que casi 200 toneladas de este producto, bajo la marca Carboncil, fabricada por la empresa privada Inversiones CV, C.A., se exportaron en siete contenedores a Italia, Chipre y República Dominicana. Agregó que a través de la Empresa de Comercio Exterior del estado Lara (Emcoex) -ubicada en la zona industrial de Barquisimeto- se envió el cargamento. El historial de Pereira no abona a su presunta sensibilidad ambiental: de hecho, se le recuerda como el gobernador de Lara que, en enero de 2022, visitó una mina en el estado Bolívar, otorgada a dedo por el gobierno de Nicolás Maduro a su despacho, para exaltar el trabajo del “incansable equipo de mineros”. Es decir, alabó un esquema de explotación y de devastación ambiental sin control. Mal precedente.
También el Gobierno nacional participa del entusiasmo desatado. Por ejemplo, sale humo blanco desde el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), que en Caracas dirige el acusado de testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, también designado ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024. El organismo habla del resurgimiento del carbón vegetal como una alternativa energética sostenible, y menciona por su parte a la misma Carboncil Internacional -no a Obelisco o a Carbovenca- como la empresa líder de esa tendencia.
Armando.info intentó consultar para esta historia al alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, sin éxito. Tampoco se logró la versión del gobernador de Lara, ni de algún representante de las empresas Carbovenca y Carbonera El Obelisco.
La codicia del Estado-empresario y recaudador acaba con el particular hábitat larense, como lo haría una plaga de langostas. Y la destrucción parece ahora incontenible, pues es el mismo Estado quien decide emprender el negocio y quien otorga los permisos ambientales. “El cerro Saroche se quedará sin árboles”, vaticina un consultor ambiental que prefiere mantener su nombre en reserva. “En otra escala, podría ocurrir lo de Guadalupe, el famoso pueblo de artesanos de la madera del municipio Jiménez del estado Lara, que, por talar veras para elaborar sus tallas sin un programa de sustentabilidad en una región de fragilidad ecológica, acabó con todos los recursos naturales. Se quedaron sin artesanía que ofrecer”.
El manual técnico Restauración del bosque xerófilo, publicado en 2023 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Ecosocialismo venezolano, registra que la superficie del bosque xerófilo de Lara se redujo 38% en cuestión de tres décadas. La desertificación podría ser irreversible incluso en áreas protegidas como el cerro Saroche, indica el documento. Y remachan los ambientalistas denunciantes: “En otros 25 años, lo que conocemos como el ecosistema semiárido larense podría desaparecer”.
