Para activistas y defensores de derechos humanos, 2024 significó una «regresión antidemocrática» en la cual las garantías ciudadanas fueron violadas de forma sistemática y masiva
(30-12-2024) La imposibilidad de votar de los venezolanos en el exterior por trabas administrativas, el amedrentamiento y persecución contra activistas y dirigentes políticos, el encarcelamiento de más de 2000 personas tras las elecciones del 28 de julio –casi 100 de ellas menores de edad– y la muerte de tres de ellos en prisión son las marcas de la “violación masiva” a los derechos humanos que vivieron los venezolanos en 2024.
Se trata, según expertos, de hechos sin precedentes y que marcan una “regresión antidemocrática” en Venezuela, donde el espacio cívico se ve amenazado, no solo por la persecución y amedrentamiento que reportan ONG y organismos internacionales, sino un marco legal que ofrece una plataforma jurídica para la imposición de castigos a la disidencia.
De acuerdo con un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentado en septiembre pasado, la persecución con motivaciones políticas y demás hechos reportados este año en el país son parte de “un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro”.
Para esta Misión de la ONU, los acontecimientos de 2024, sobre todo los posteriores a los comicios presidenciales, sumieron a Venezuela en “una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”.
La intensificación de los abusos
Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, aseguró durante la presentación de su último informe, que lo que vivió Venezuela en el segundo semestre de 2024 es “una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”.
Desde esta instancia reiteraron que aunque lo visto durante este año representa “una continuación de patrones previos que la misión ya caracteriza como crímenes de lesa humanidad”, la represión, “su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”.
Estos puntos de vista son compartidos por activistas venezolanos que, desde dentro, viven la persecución en carne propia, pero mantienen la exigencia a que se respeten los derechos humanos, que se garanticen los preceptos constitucionales que proclaman la justicia y que se permita el desarrollo de las libertades.
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, aseguró que el año que cierra es el de una “regresión antidemocrática”, marcada por un conflicto electoral que permea todas las áreas de desarrollo social y estanca cualquier atisbo de entendimiento entre las partes.
“Estamos terminando el año con mayor persecución por razones políticas en el país”, dijo el activista, quien explicó que esta afirmación no solo obedece a “detenciones arbitrarias”, sino a la persecución de la sociedad civil que ha manifestado abiertamente su desacuerdo con la continuidad del Gobierno actual.
Para el activista, “mientras siga la regresión antidemocrática, mientras se profundice la crisis de derechos humanos, entonces los derechos sociales van a seguir estancados y eso significa precarias condiciones de vida para todos los venezolanos”.
Murillo, a quien citaron en noviembre para declarar en el Cicpc por una presunta investigación, destacó que la crisis y los grandes problemas también revisten en el olvido y la violación sistematica de derechos que siguen socavados para los venezolanos.
“Hemos visto cómo se nos ha ido todo un año y los grandes problemas de los venezolanos no han sido resueltos, no estamos discutiendo sobre la educación, no estamos discutiendo sobre la salud pública, no estamos discutiendo sobre el salario”, recordó.
Nuevos patrones
Para el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, este 2024 representa “un hito” en materia de violación de derechos humanos, pues se sigen cometiendo abusos, pero esta vez se ejecutan de forma masiva, logrando impactar en grandes grupos poblacionales.
“Hubo patrones nuevos como, por ejemplo, en el ámbito electoral, las inhabilitaciones masivas, la imposibilidad de hacer campaña por parte de la oposición, la falta de transparencia en la campaña electoral, todos los obstáculos para ejercer los derechos civiles y políticos, la masiva violación del derecho a votar por parte de los siete millones que están fuera del país”,Alí Daniels, a Crónica Uno.
De acuerdo con Daniels, en años anteriores no había consciencia de estos abusos, pero “ahora se pusieron de manifiesto como una violación sistemática de derechos humanos en materia electoral”.
El experto remarcó que los abusos cometidos en los 12 meses de 2024 son prueba del recrudecimiento de acciones contra la disidencia y el espacio cívico y el establecimiento de obstáculos contra el ejercicio de derechos civiles y políticos.
Arquitectura judicial
Activistas, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos coinciden en que la “arquitectura judicial” desarrollada en el último año por el Parlamento, se configura como uno de los principales artificios para validar violaciones a las garantías fundamentales.
Para Murillo, en “este país se ha venido levantando una arquitectura judicial paralela a la Constitución”, pues considera que leyes como la Anti-ONG, la Ley contra el Odio y la recientemente aprobada Ley Simón Bolívar sirven de marco para criminalizar la disidencia.
“No es por casualidad que la gran mayoría de los detenidos por razones políticas en este país han sido presos por delitos o supuestos delitos de la Ley contra el Odio. Y si a esto le sumamos también ahora la Ley Simón Bolívar y la publicación de la ley contra las ONG, estamos viendo cómo en Venezuela sigue levantándose una arquitectura legal paralela a la Constitución”, explicó Murillo.
Para el activista, la crisis de derechos humanos en el país se resolverá cuando las instituciones del Estado vuelvan al mandato constitucional y el Poder Ciudadano esté nuevamente al servicio de la población y sus necesidades.
