El Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) se suma al duelo por la muerte, hasta los momentos, de 28 connacionales, entre ellos niñas y niños, que perecieron en el mar entre Venezuela y Trinidad y Tobago, víctimas de al menos dos naufragios, de la inacción de los Estados responsables en garantizar el derecho a la vida y la seguridad de estas personas.
El GTEMV se solidariza con los familiares de las víctimas y exige trabajo articulado con la sociedad civil en cuanto a la prevención del tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y otras prácticas que puedan considerarse como esclavitud moderna, hechos que han sido denunciados en los últimos cinco años.
La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y exposición de las personas venezolanas migrantes a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela, como en los países de tránsito y destino. En este sentido, la sociedad civil venezolana ha rechazado los pronunciamientos de las autoridades de ambas naciones, que, diluyen responsabilidades, criminalizan y estigmatizan a quienes deciden escapar en búsqueda de una mejor calidad de vida.
El Estado venezolano tiene la obligación de disminuir los riesgos asociados a la migración forzada, mediante la agilización de la impresión y entrega de documentos de viajes de la población venezolana. Las dificultades para acceder a los documentos necesarios para migrar son en sí un factor de riesgo que expone a migrantes o personas con necesidad de protección internacional a situaciones de vulnerabilidad tanto en la salida como al intentar establecerse en el país de destino.
Se hace un llamado al gobierno de Trinidad y Tobago a cumplir con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 14), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XXVII), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 22 numeral 7), así como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, la Convención Sobre los Derechos del Niño, Declaración de Cartagena sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en particular con el derecho a solicitar asilo y los principios de no devolución, no penalización, debido proceso y reunificación familiar.
De igual forma, se deben realizar acciones tendientes a la cooperación internacional en materia de migración y fortalecer las contribuciones de las personas migrantes y la migración al desarrollo sostenible establecidos entre ese Estado y Venezuela. Igualmente, solicitamos que Trinidad y Tobago y Venezuela rindan cuentas e investiguen de manera objetiva, imparcial, transparente, exhaustiva y expedita lo ocurrido desde el pasado sábado 12 de diciembre con las diversas embarcaciones.
Se exige a las autoridades venezolanas que las investigaciones sean transparentes y se hagan conforme a los protocolos internacionales, con un acto conclusivo que conduzca a la acusación para la posterior declaración de responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar.
Se solicita que en la investigación se tomen en cuenta elementos de corrupción que pueden estar presentes en las actividades de redes criminales y se determinen las responsabilidades de funcionarias y funcionarios públicos que pudiesen facilitar las actuaciones de estas redes de trata de persona en el estado Sucre, ya sea por actuar con abuso del poder conferido o por omisión en el cumplimiento de sus deberes.
Se insta al Ministerio Público venezolano informar a INTERPOL sobre la desaparición de las personas que se encontraban en la embarcación “Mi Recuerdo” que embarcó el 6 de diciembre de 2020, así como la desaparición en altamar de 18 personas que abordaron la embarcación “Jonnaly José” el 23 de abril de 2019 y 33 personas del buque “Ana María” el 16 de mayo de 2019, embarcaciones que partieron desde Güiria, estado Sucre a Trinidad y Tobago, esto a los fines de solicitar las respectivas alertas amarillas.
El GTEMV condena y rechaza el acoso y hostigamiento contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos que han denunciado la situación por medio de testimonios de los familiares de víctimas y de investigaciones y seguimiento de lo ocurrido en Güiria desde los primeros reportes de devoluciones de personas venezolanas fuera de lo que establece las leyes que amparan a personas refugiadas y migrantes.
Por último, se hace imperativo recordar que la migración y la protección internacional son derechos humanos, las personas migrantes mantienen sus derechos desde la salida del país de origen, estando en tránsito y al llegar al país de destino, por lo que los Estados deben ajustar sus políticas migratorias y darles un enfoque que proteja el ejercicio de estos derechos universales.
Suscriben las organizaciones integrantes del GTEMV
Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa, CDH-UNIMET, Instituto de Investigaciones Jurídicas UCAB, Caleidoscopio Humano, CEPAZ, Éxodo, CDH-UCAB, Mulier y Defensores de Vida Bogotá en Venezuela.
Caracas, 17 de diciembre de 2020
