Desde 2019, más de un centenar de personas, en su mayoría migrantes, han muerto o desaparecido entre las costas de Güiria y la isla de Trinidad y Tobago. Familiares de los desaparecidos sostienen que desde que iniciaron los procesos en tribunales para buscar justicia en los casos, han realizado cambios de fiscales derivando en que los mismos se paralicen y prácticamente arranquen desde cero.
(25-02-2022). El 23 de febrero se cumplieron dos meses del naufragio de la embarcación «Amiyah» que zarpó desde la isla de Trinidad y Tobago hacia la población de Güiria, municipio Valdez del estado Sucre; con 10 personas a bordo y desde entonces, se desconoce su paradero.
El hermetismo ha reinado en torno al suceso del Amiyah, aunque familiares prefieren no hablar del caso, habitantes de Güiria reconocen que la entrada y salida de embarcaciones no ha cesado producto de la emergencia humanitaria compleja que afecta al país.
Debido a la escasez de combustible, la salida legal de embarcaciones está prohibida porque no hay acceso a la permisología pero el comercio entre Güiria y Trinidad se mantiene. Habitantes de la zona -que por seguridad prefirieron no identificarse-, indicaron que las lanchas llevan a la isla alimentos y otros productos, debido a que allá consiguen gasolina.
Sobre el caso de «Amiyah», se conoció que ocho güireños, miembros de un mismo grupo familiar, se propusieron retornar al país desde Trinidad para celebrar las festividades decembrinas junto a sus seres queridos. Para hacerlo, viajaron con un capitán y su ayudante, ambos de nacionalidad trinitaria, la embarcación tenía previsto hacer una parada en un sector llamado isla de Los Patos en aguas venezolanas, y en ese lugar los pasajeros harían un trasbordo para llegar a las costas venezolanas. Escenario que al parecer no se dio.
Oficialmente el gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, se pronunció cuatro días después de la desaparición de la embarcación Amiyah en aguas venezolanas, para asegurar que fueron activados los mecanismos de búsqueda con unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Sin embargo, Pinto también advirtió que la lancha incurrió en navegación ilegal en aguas venezolanas y los familiares presumían la desaparición de sus seres queridos.
Con el pasar de los días, familiares de las víctimas se dispusieron a intensificar las labores de búsqueda y rescate por cuenta propia. No obstante, no se cumplieron los protocolos de denuncia y seguimiento formal del caso por temor a represalias y la búsqueda particular no ocurrió.
Historial y trabas
De manera oficial se ha confirmado el naufragio de cuatro embarcaciones así como la muerte y desaparición de un centenar de personas en las costas sucrenses desde 2019. La grave situación llevó a los familiares a conformar el Comité Nacional de Víctimas de Desapariciones y Trata, mejor conocido como Mayday Confavit.
El primer caso fue el naufragio de la embarcación «Jhonaily José», registrado el 23 de abril de 2019, donde solo rescataron a nueve de las 38 personas a bordo de la embarcación.
La segunda lancha que naufragó fue «Ana María», con la desaparición de 33 tripulantes en un hecho ocurrido el 16 de mayo de 2019. Las víctimas de este hecho no solo fueron captadas en el oriente del país, sino en entidades como Táchira y Distrito Capital. Otros sucesos ocurrió el 6 de diciembre de 2020, fue denunciada la desaparición de los botes «Mi Recuerdo» y «Mi Refugio», que zarparon con 41 personas entre ambas embarcaciones.
Sobre los dos primeros naufragios, Jhonny Matey en representación de los familiares de las víctimas, informó vía telefónica desde Güiria, que en diciembre les fue notificada la fecha de la audiencia para fijar la sentencia del caso, pero el juez encargado fue cambiado.
«Teníamos avances en la Fiscalía Superior con la declaratoria de alerta amarilla para los desaparecidos y alerta roja para Alberto Abreu, capitán de la lancha «Ana María», quien se encuentra en situación de fuga, pero cambiaron el Fiscal y quedamos en cero«, explicó Matey.
Jhonny Romero, coordinador de Mayday Confavit, confirmó que ninguna investigación sobre las embarcaciones que naufragaron, tanto en las costas sucrenses como en la isla de Margarita y el estado Falcón, ha llegado a juicio.
«Los casos los presenta la Fiscalía y el Tribunal tiene que juzgar, pero eso no ha ocurrido», dijo.
Debido a la situación país, las dificultades son mayores pues también aumentan las limitaciones logísticas que impiden a familiares de las víctimas viajar hasta la ciudad de Caracas de manera frecuente, para presionar en su exigencia de justicia por el derecho a la vida de sus seres queridos.
Desde hace dos años, cuando iniciaron los procedimientos legales, los familiares han visto con preocupación el cambio de más de cuatro fiscales y por ello, no descartan nuevas movilizaciones ciudadanas.
