A la fecha, la presidenta Boluarte no se retracta de sus declaraciones
Perú es una nación que tiene una de las siete maravillas del mundo, el majestuoso e imponente Machu Picchu, en el Cusco y fue uno de los países que le abrió sus puertas a miles de venezolanos que comenzaron -desde mediados del 2014 y que se acentuó en el 2017- a huir del desastre económico, social y político de Venezuela; a los primeros compatriotas que llegaron a tierras Incas, les fue otorgado el refugio, seguidamente tras el incremento de extranjeros, desde la presidencia de la república en coordinación con la oficina de migraciones, fue aprobado el famoso Permiso Temporal de Permanencia (PTP) registrándose para aquel entonces, un aproximado de más de un millón doscientos mil venezolanos que optaron por este estatus migratorio.
El PTP tenía una caducidad de un año y, ante ese panorama, las autoridades gubernamentales y migratorias, decidieron abrir la posibilidad a todos los extranjeros de optar por un carnet que ofreciera calidad de residente especial, un plástico vigente por 4 años, y en el que anualmente –cada extranjero- debe cancelar una tasa de S/25,60 (un poco más de 6 dólares) por permanencia en el país, hasta allí las cosas marcharon de forma ordenada y correcta, pese a que algunos venezolanos no quisieron regularizarse en el sistema de migraciones peruano.
Al transcurrir la convivencia entre peruanos y venezolanos, algunos lograron segmentarse en sus círculos, al punto de iniciar nuevas relaciones amorosas y echar raíces, otros cultivar amistades, mientras que un sector de la población extranjera comenzó a chocar con la cultura peruana, desatándose irregularidades y hasta olas de robos, asaltos, secuestros y extorsión.
Sin embargo, quiénes no estaban actuando de manera debida siempre ha representado un pequeño porcentaje de la población total migrante; pero fueron el punto álgido para que los medios de comunicación (radio, prensa escrita, televisión, portales web, entre otros) visibilizaran esas acciones y desarrollaran una campaña de descredito y visceral hacia todos los venezolanos, pues sus informaciones se centraron en reflejar las acciones cometidas por vándalos extranjeros, que actúan en complicidad con bandas peruanas.
Para algunos peruanos, la visión que tenían de los venezolanos comenzó a cambiar como consecuencia de la masificación de las informaciones en contra de esa población, generalizando a un gentilicio que vino a las tierras del antiguo imperio incaico a trabajar en diferentes oficio para salir adelante y garantizar para ellos y su familia una mejor calidad de vida, intentando olvidar la tragedia que vivieron en su natal Venezuela, producto de las malas políticas gubernamentales implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Diferencias y malos tratos. Los medios de comunicación y la violencia mediática
A raíz de esto, se han originado entre algunos peruanos y venezolanos incidentes en las calles, lugares de trabajo, residencias, mercados y otros espacios donde por alguna razón entran en desacuerdos y terminan escuchando por boca de los connacionales palabras xenofóbicas cómo “regrésate a tu país, lárgate a tu país, vete a tu país” un país (Venezuela) que en otrora abrió sus fronteras y permitió el ingreso de miles de peruanos, ecuatorianos, colombianos, chilenos y demás nacionalidades, que prosperaron con sus negocios, se establecieron y se quedaron, pese a las dificultades que día a día deben sortearse en Venezuela para poder subsistir.
Un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sobre la percepción que tienen los peruanos sobre la migración venezolana a través de los medios de comunicación, arrojó como resultado la criminalización y estigmatización de su presencia en el país.
Tras la publicación que realizó el diario OJO el día domingo 16 de abril, dedicando la primera página y titulando de la siguiente manera “8.301 delitos involucran a venezolanos” la periodista Jessica Herrera, a través de su plataforma comunicacional digital Divergentes, realizó un live, entrevistando a varios voceros, entre ellas a la comunicadora María José Vargas, quien ejerce su profesión en el Perú y labora para una importante cadena de medios de comunicación impreso, recordó que “no es la primera vez que éste diario lo hace, de hecho es constante” destacando a su vez, la necesidad “de capacitarse para generar este tipo de contenido, enfoque de derechos humanos y migraciones, es lamentable que a estas alturas del partido, cuando el país, es el segundo con mayor cantidad de migrantes y refugiados venezolanos eso no se esté cumpliendo”.
Desconcertada y abrumada, la periodista lamenta como aquellas capacitaciones y talleres que han servido para la elaboración de manuales periodísticos, con el objetivo de darle enfoque y cobertura a los procesos migratorios, quedó en letra muerta y no se estén cumpliendo.
Afirmó Vargas que “hablar de los venezolanos en el Perú es preocupante que se nos utilice para tapar cosas importantes que están pasando en el país y que sean los migrantes los culpables de todo otra vez”.
Un gobierno xenofóbico
La presidenta de la república, Dina Boluarte, el pasado 27 de abril del presente año, firmó la Ley de Amnistía que consiste en exonerar de multas a todos aquellos que por falta de orientación y conocimiento acumularon deudas por exceso de permanencia que sobre pasaban los 20 mil soles (5 mil dólares aproximadamente).
De igual forma, aprobó que aquellos venezolanos con el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) pueden pasar al carnet de extranjería con residencia especial, disminución del monto diario de multas por exceso de permanencia en el país y la posibilidad que irregulares comiencen a procesar un estatus regular en el país; no obstante, la mandataria nacional no se contuvo y acompañó estos beneficios cargando en contra de los migrantes, sin pruebas, ni estadísticas y tomando como referencia las informaciones que transmiten los medios de comunicación expresando que “quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería, ver este tema de la migración. El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski permitió el ingreso libre por el norte del Perú a 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que lamentablemente están cometiendo estos actos” sentenció la gobernante, enterrando toda posibilidad que los migrantes venezolanos fuesen vistos como un sector productivo del país.
Pese a las dificultades que deben enfrentar los migrantes venezolanos, al estar lejos de sus familias, de su tierra, de las escasas oportunidades laborales, entre otros, ahora afrontan los penosos señalamientos por parte de los medios de comunicación y el gobierno peruano, quienes sin titubeo generalizan a la población migrante.
Para los venezolanos en el Perú, es gratificante el esfuerzo que hacen para ganar unos cuantos soles y cumplir con sus responsabilidades y necesidades, pero desconcertante al encender un instante la televisión o sintonizar alguna emisora de radio y en cada programa o noticiero, el tema a desarrollar es describir al migrante como un peligroso prontuariado.
A la fecha, la presidenta Boluarte no se retracta de sus declaraciones, pero la plataforma colaborativa de verificación periodística Ama Llulla, desmiente al ex-jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE PNP) José Baella, quien afirmó -durante una entrevista con el reconocido periodista Jaime Chincha- que en el Perú hay más de 6000 venezolanos internos en los penales.
“Es la población extranjera que ocupa el primer lugar, más importante. (…) Casi el 0,5 %” pero al ingresar al Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP) refleja en su último informe (febrero 2023) que 90.006 personas se encuentran en prisión, pero de ese total, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detalla que se encuentran recluidos 3.714 ciudadanos extranjeros, de los cuales 2.464 presidiarios venezolanos (2.361 varones y 103 mujeres). Cifra que equivale al 2,7 % de toda la población penitenciaria intramuros, dato que está muy alejado de lo ofrecido por Baella.
