Investigar sobre el crimen organizado y la violencia policial en Venezuela, puede poner en riesgo la integridad física de un periodista que no cuenta con la protección del Estado, pero investigar sobre la corrupción implica la censura, la vulneración de la libertad personal y estar a merced del acoso permanente, por decir lo menos.
Investigar sobre el crimen organizado y la violencia policial en Venezuela, por más de dos décadas, ha puesto en riesgo constante a la periodista Ronna Rísquez, del medio digital Runrunes. “Ser periodista de investigación en Venezuela es vivir atenta, con miedo, cuidándote de todo lo que puede pasar, de lo que te pueden hacer”.
Reseña la web de la Voz de América (VOA) que Rísquez coordina el Monitor de Víctimas, una plataforma de recopilación de datos sobre asesinatos en Caracas, con la que busca romper la censura gubernamental sobre las cifras de muertes impuestas en Venezuela.
Asegura, por tanto, convivir con amenazas y con dos grandes miedos: “Miedo de la persona que estás investigando y miedo de las acciones del Estado. Cuando estás investigando grupos criminales, estás en riesgo porque son delincuentes, pero al mismo tiempo, también estás en riesgo porque no tienes la garantía de que el Estado te va a proteger”.
Incluso, líderes de bandas les han hecho llegar mensajes a través de terceros para que detenga su labor. “Si sigues investigando, te vamos a picar”, le amenazaron una vez.
Investigar la corrupción implica peligros
Develar tramas corruptas, como las de las cajas de alimentos CLAP y la vinculación con Álex Saab, les generó demandas y acoso en redes a los periodistas del portal Armando Info, lo que los obligó a salir de Venezuela. “Cuando se empiezan a tocar los intereses del poder, a través del periodismo de investigación, casi de manera automática, surgen este tipo de procesos”, apunta el reportero Marcos David Valverde, quien forma parte del mencionado portal aunque continúa en el país.
Agrega: “Si uno pretende estar libre y eximido de este tipo de situaciones es mejor que te dediques a otra cosa”.
Ambos periodistas coinciden en que las historias que narran ameritan una verificación exhaustiva de datos, pues de lo contrario, podría haber consecuencias. “Si te equivocas puedes pagar con cárcel, con tu vida, con tu libertad y con la de tu familia. Es vivir permanentemente con ese miedo”, alerta Rísquez.
Y el gobierno de Nicolás Maduro desestima las investigaciones y acusa a sus autores de conformar lo que llama “canalla mediática”, destinada a construir un entramado de mentiras, toda vez que impulsa la censura, el hostigamiento y las agresiones contra la prensa. De hecho, la ONG Espacio Público documentó, sólo en 2020, 935 violaciones a la libertad de prensa en el país.
