1. ¿Qué investiga la CPI en Venezuela?
La Corte Penal Internacional mantiene una investigación formal y activa sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Los crímenes investigados incluyen:
· Detenciones arbitrarias.
· Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
· Persecución por motivos políticos.
· Violencia sexual y represión sistemática.
Estas conductas han sido documentadas por:
· La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
· Organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos.
· Víctimas y testigos que participan directamente ante la Fiscalía de la CPI.
2. ¿En qué fase está el caso?
Venezuela se encuentra en fase de investigación desde 2021, no en examen preliminar.
Esto significa que la Fiscalía de la CPI ya concluyó que:
· Existen bases razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ese es el lenguaje técnico para describirlo.
· Los hechos no son aislados, sino parte de políticas de Estado. Son sistemáticos y generalizados.
En esta fase:
· La Fiscalía trabaja en atribuir responsabilidades individuales, incluyendo cadenas de mando y máximos responsables.
· No existe obligación de hacer anuncios públicos frecuentes. Nadie fuera de la Fiscalía debe saber cuáles son los casos concretos que se están trabajando.
3. ¿Qué ha intentado hacer el Estado venezolano para frenar el caso?
El Estado ha intentado:
· Alegar que investiga internamente los hechos (principio de “complementariedad”).
· Desconocer la competencia de la CPI.
· Deslegitimar políticamente a la Corte.
La CPI ya rechazó estos argumentos, al constatar que:
· Las investigaciones internas no son genuinas ni independientes.
· No apuntan a los máximos responsables.
Por tanto:
· La investigación internacional sigue plenamente vigente.
· La investigación fue retrasada por el Estado venezolano entre los años 2021 y 2023, pero superadas las apelaciones en 2024, sigue adelante sin frenos.
· Ni siquiera se vio afectada por el cambio del Fiscal jefe de la CPI.
4. ¿Qué significa el anuncio del chavismo de retirarse de la CPI?
En las últimas semanas, autoridades venezolanas han anunciado su intención de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado que crea la CPI y del que Venezuela es fundadora.
Es fundamental aclarar:
· La retirada no es inmediata.
· El Estatuto de Roma establece un plazo mínimo de 12 meses desde la notificación formal, algo que aún no ha ocurrido, para que la retirada tenga efecto.
Hasta que ese plazo se cumpla:
· Venezuela sigue siendo Estado Parte.
· La CPI mantiene plena jurisdicción en el país.
5. ¿La retirada detendría la investigación?
No.
Incluso si Venezuela llegara a completar el proceso de retirada:
· La CPI conserva jurisdicción sobre todos los crímenes cometidos mientras Venezuela fue Estado Parte.
· Es decir, los hechos ocurridos antes del retiro siguen siendo investigables y juzgables.
La gran mayoría de los crímenes bajo investigación:
· Ocurrieron dentro del período en el que Venezuela reconocía la jurisdicción de la CPI.
Por tanto:
· La retirada no borra crímenes, ni elimina responsabilidades, ni cierra el caso. De ninguna forma.
6. ¿La CPI necesita cooperación del Estado para avanzar?
La cooperación del Estado facilita el proceso, pero no es indispensable.
La CPI puede:
· Investigar desde La Haya.
· Trabajar con información obtenida fuera del país.
· Recibir testimonios de víctimas en el exilio y la diáspora.
La falta de cooperación:
·No paraliza la investigación.
· Puede aumentar los costos políticos y diplomáticos para el Estado.
7. ¿Qué puede pasar ahora?
La Fiscalía continúa:
· Evaluando pruebas.
· Analizando patrones criminales.
· Determinando responsabilidades individuales.
En esta etapa, la CPI puede:
· Solicitar órdenes de captura internacionales.
· Solicitar citaciones a comparecer.
Estas decisiones:
· No se anuncian con antelación.
· Pueden ser confidenciales para lograr una captura.
· Pueden producirse en cualquier momento.
8. Es clave que todos sepamos que:
· La investigación de la CPI no está suspendida.
· No se detiene por anuncios políticos ni por intentos de retirada. Tampoco la detendrían nuevas promesas o amenazas.
· El plazo de retiro, si se activa, es de 12 meses y no afecta los crímenes ya cometidos.
· La justicia internacional sigue en marcha, aunque no siempre sea visible.
· Las órdenes de captura pueden producirse en cualquier momento, incluso sin aviso previo.
