GINEBRA (12 de marzo de 2026) – La maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa pese a la abrupta aprehensión del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, afirmó hoy la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Al presentar una actualización de sus hallazgos más recientes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Misión señaló que durante el período reportado (septiembre 2025 hasta el presente) se registraron hechos de gran trascendencia y algunas acciones positivas; sin embargo, los registros e investigaciones de la misión señalan que las estructuras que durante años han sostenido la persecución no han sido desmanteladas, ni se han dado a conocer políticas estatales para comenzar dicha labor.
“Los nuevos casos de violaciones de derechos humanos nos recuerdan que la extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta,” afirmó la experta María Eloísa Quintero. “No puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado.”
“Altos funcionarios del Gobierno y de las fuerzas militares previamente identificados por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de poder en el poder ejecutivo y en las fuerzas de seguridad,” señaló Alex Neve, otro miembro de la Misión. “No hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas ante la justicia.”
La Misión reiteró que la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026 violó el derecho internacional. Si bien existen motivos razonables para creer que Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil, ello no justifica una intervención militar ilegal. Todas las personas responsables de estos crímenes deben rendir cuentas mediante procesos judiciales con las garantías del debido proceso
Desde el 3 de enero, la Misión ha recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que indica que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el Gobierno actual. Esto ocurre tras un período de intensa represión entre septiembre y diciembre de 2025, durante el cual la Misión documentó 135 detenciones arbitrarias y un patrón continuado de tortura y malos tratos contra personas detenidas en prisiones, centros de detención y “casas seguras.”
“Acogemos con satisfacción la reciente excarcelación de personas detenidas por motivos políticos, pero nos preocupa la falta de transparencia con la que se está llevando a cabo este proceso,” afirmó Quintero. “Corresponde a las autoridades proporcionar información detallada sobre el número y la identidad de las personas detenidas y de aquellas que han sido liberadas. Pedimos la liberación inmediata de todas las personas que permanecen detenidas por motivos políticos, incluidas decenas de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad.”
Otras nuevas excarcelaciones han sido facilitadas por la Ley de Amnistía, adoptada el 20 de febrero. No obstante, la Misión señaló que la ley fue aprobada sin un proceso de consulta pública inclusivo y carece de mecanismos esenciales para garantizar la verdad, la rendición de cuentas y la reparación. Existen serias preocupaciones de que, debido a limitaciones en su alcance y aplicación, la Ley de Amnistía no beneficie a un gran número de personas que han sido o continúan detenidas por motivos políticos.
La Misión también expresó preocupación por la continua movilización de colectivos, o grupos civiles armados, así como por el hostigamiento contra figuras de la oposición y periodistas.
La comunidad internacional debe mantener su atención en Venezuela para asegurar que la transición en el país conduzca a una genuina reforma institucional y al fin de la cultura del miedo.
Es este también un momento crucial para las víctimas. Más de 8,7 millones de venezolanos, incluidos miles de refugiados, viven hoy fuera del país y anhelan la posibilidad de regresar. En los últimos meses, cientos de personas excarceladas o con medidas cautelares revocadas se han acercado a la Misión al considerar que existe un contexto más seguro para prestar testimonio.
“Hoy más que nunca es necesario avanzar en esta labor e identificar los patrones, actores, instituciones y presuntos responsables de estas violaciones. Este trabajo puede constituir una hoja de ruta esencial para los cambios y reformas que Venezuela necesita,” señaló Quintero.
“La Misión de Determinación de los Hechos es un órgano independiente, técnico y apolítico,” señaló Neve. “Una señal importante sería que las autoridades venezolanas cooperen plenamente con la Misión y le permitan acceder sin restricciones al país.”
FIN
