La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) pidió a las autoridades venezolanas que liberen inmediatamente a la abogada y defensora de derechos humanos detenida arbitrariamente, Rocío San -Miguel, que retiren los cargos en su contra y que pongan fin al acoso y la persecución contra ella y -otros defensores de derechos humanos en el país
(21-02-2024) El 9 de febrero, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron a Rocío San Miguel y a su hija en el aeropuerto de Caracas. Después de más de dos días, el Fiscal General reconoció públicamente la detención de San Miguel, pero no proporcionó información sobre su paradero ni el de su hija. Su desaparición forzada hace parte de un patrón de desapariciones forzadas que ocurre en el país.
A la CIJ le preocupa que dicha detención se haya realizado en relación con las actividades profesionales legítimas de Rocío San Miguel como presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa, una ONG local que promueve la rendición de cuentas de las fuerzas militares y de seguridad en Venezuela.
“El arresto de Rocío San Miguel es el último ejemplo de cómo las autoridades de Venezuela han atacado el Estado de derecho e instrumentalizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar las voces críticas de la sociedad civil”, dijo Santiago Canton, secretario general de la CIJ
El 12 de febrero los abogados de Rocío San Miguel presentaron una petición de hábeas corpus ante los tribunales penales, después de no recibir respuesta a una solicitud de información que hicieron a la policía y las agencias de inteligencia preguntando sobre el paradero de San Miguel y mencionando que ella, su hija y otros miembros de la familia, fueron víctimas de desaparición forzada. En horas de la noche de ese día, el Fiscal General publicó a través de las redes sociales que Rocío San Miguel estaba siendo presentada en audiencia ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo, que estaba siendo procesada por la presunta comisión de los delitos de traición al patria, conspiración, terrorismo y asociación, y que su oficina había solicitado la detención. Vale la pena resaltar, que al abogado de confianza de San Miguel no se le permitió asistir a dicha audiencia, acceder al expediente del caso o comunicarse con ella.
El 13 de febrero, los abogados de San Miguel informaron a través de las redes sociales que su hija y otros parientes que fueron detenidos habían sido liberados, pero seguían siendo objeto de investigación, se les exigía que se presentaran periódicamente ante el tribunal, se les prohibía salir del país y que declararan a los medios de comunicación sobre su caso. Estas restricciones parecen constituir una restricción arbitraria e ilegal de sus derechos a la libertad de expresión protegidos por el derecho internacional.
La Sra. Rocío San Miguel está actualmente privada de la libertad, al parecer en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia en “El Helicoide”, un centro de detención donde los detenidos tienen un alto riesgo de tortura bien documentado. Sus abogados de confianza aún no han podido comunicarse con ella.
“Los defensores de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la defensa de la democracia y el Estado de derecho y nunca deben ser objeto de ataques o represalias por sus críticas a las autoridades, menos en un país donde el Estado de derecho está severamente dañado”, dijo Santiago Canton, secretario general de la CIJ. «Usar el sistema de justicia penal como un instrumento de represión política es una mancha más en un Estado de derecho dañado», agregó Canton.
La CIJ pide a las autoridades venezolanas que liberen inmediatamente a Rocío San Miguel, que retiren todos los cargos en su contra y que, mientras esté detenida, se aseguren de que no sea sometida a ningún tipo de maltrato y que le permitan el acceso pleno y confidencial a su abogado y a todos los derechos de defensa.
Antecedentes
El arresto, persecución y procesamiento de Rocío San Miguel son parte del cierre del espacio cívico y el quiebre del Estado de derecho en Venezuela, que incluye ataques contra defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Esta situación ha sido ampliamente documentada por varios órganos y mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos y de Naciones Unidas, incluida la Misión Internacional Independiente de Investigación (FFM) establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, que ha documentado presuntos crímenes contra la humanidad.
Rocío San Miguel es beneficiaria de medidas cautelares por parte de la CIDH desde el año 2012, por ser “objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio, en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano”. Fue una de las víctimas del caso San Miguel Sosa y otros contra Venezuela decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, donde Venezuela fue hallada responsable de la violación del derecho a la participación política en relación con el principio de no discriminación. Varios expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Procedimientos Especiales) expresaron su preocupación por los ataques en contra de ella en 2015.
El derecho internacional y la Constitución de Venezuela garantizan, entre otros derechos, el derecho a la libertad y al debido proceso. También prohíben la detención en régimen de incomunicación, la desaparición forzada, y la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Venezuela es parte en la Convención Internacional contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belem do Pará» y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otros.
Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su evaluación del quinto examen periódico del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Venezuela, señaló que:
“le preocupan seriamente las denuncias de casos de desaparición forzada, incluido de corta duración, de ejecución extrajudicial y sumaria, y de otras formas de uso ilícito de la fuerza atribuidos a autoridades estatales, fuerzas militares (…) También preocupan las denuncias relativas al recurso arbitrario a la detención y la privación arbitraria de libertad, incluida la reclusión en régimen de incomunicación en “casas clandestinas”, sin que se respeten las garantías jurídicas mínimas básicas, así como la privación de la vida por motivos políticos o contra personas vistas como opositores al Gobierno. Al Comité le preocupa la alarmante impunidad en relación con los casos denunciados y lamenta profundamente que la delegación haya negado esas denuncias y criticado las fuentes de las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en su diálogo con el Comité.”
