Fuente: Amnistía Internacional
En una nueva investigación de fuentes abiertas, Venezuela: Impunidad ante letal política de control social, que recogió evidencias verificadas por su Laboratorio de Evidencias de Crisis, Amnistía Internacional considera las muertes de al menos 14 hombres en el área de La Vega en Caracas, entre el 6 y 9 de enero de 2021, como probables ejecuciones extrajudiciales y llama a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluya estos hechos en su examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad que hayan ocurrido en Venezuela.
Si bien vecinos denunciaron la presencia policial desde el 6 de enero, dos días después, se desplegaron 650 funcionarios de fuerzas de seguridad venezolanas en la parroquia La Vega, en el sudoeste de Caracas, por un supuesto enfrentamiento entre bandas armadas y la policía. Los funcionarios desplegados incluían a las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) y otros cuerpos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes han sido cuestionados en el pasado por las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza.
“Existen razones de peso para creer que al menos 14 de las muertes en La Vega entre el 6 y 9 de enero fueron probables ejecuciones extrajudiciales, un crimen de derecho internacional que puede constituir crímenes de lesa humanidad. A pesar de las denuncias reiteradas de organizaciones internacionales y la valiente sociedad civil venezolana, estos crímenes continúan año tras año, de la mano con una sistemática impunidad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional verificó nueve videos filmados entre el 8 y el 9 de enero que muestran la actividad policial en la zona de La Vega. Los videos filmados en la mañana del 8 de enero muestran un convoy de vehículos policiales dirigiéndose hacia el sur por la Avenida O’Higgins en Caracas hacia la zona de La Vega. Otro video muestra a la policía y sus vehículos por la Av. Guzmán Blanco, en el límite de la parroquia La Vega. Un video publicado por medios locales también el 8 de enero muestra una fuerte presencia policial cerca del Gimnasio Vertical en la parroquia de La Vega. Los vehículos policiales, armas, blindaje e insignias de la UOTE (Unidad de Operaciones y Tácticas) también se pueden ver en el video. Otro video filmado el 8 de enero muestra la escena de Calle los Bloques cerca del centro de La Vega en la que se escuchan disparos. Una fotografía tomada desde la misma posición revela que los vehículos que se muestran en el video son camiones de la policía y que hay una fuerte presencia policial en la zona.
Otro video publicado sobre los incidentes en La Vega se filmó cerca de la Calle 1 de Mayo, en el corazón de La Vega. Alrededor de los 20 segundos, se puede escuchar un disparo y un oficial de policía se agacha. A los, aproximadamente, 30 segundos, se puede ver al mismo oficial apuntando su arma mientras esconde donde otros policías están esperando. Las insignias de la CPNB (Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana) y la Policía Nacional Bolivariana se pueden ver claramente en algunos de los uniformes. Otros videos muestran la misma calle en la que suenan los disparos y uno muestra a policías armados patrullando el área. Un video final, filmado desde arriba, muestra una camioneta de la policía dirigiéndose hacia el oeste por la calle Zulia fuera de la parroquia de La Vega con lo que parecen ser cuerpos en la parte de atrás.
Al menos 14 personas murieron durante el operativo, que duró cuatro días, hasta el 9 de enero, con denuncias de otras 10 víctimas mortales de las acciones policiales. Dos de las víctimas habrían sido adolescentes de 17 años.
Organizaciones de derechos humanos y residentes de La Vega negaron que las muertes hayan sido el resultado del enfrentamiento, y aseguraron que en realidad fueron en su mayoría ejecuciones extrajudiciales. Otras muertes podrían deberse a “balas perdidas”. No existe información sobre la muerte o lesión de algún funcionario policial.
Amnistía International obtuvo acceso a imágenes que presuntamente pertenecen a 14 de las personas fallecidas en La Vega. Un patólogo forense externo independiente verificó los detalles de las lesiones y confirmó que siete cuerpos tenían heridas de bala en el corazón y otros dos cuerpos tenían un único impacto de bala inmediatamente sobre el corazón. Dos cuerpos tenían una sola herida de bala en la cabeza.
“La ubicación y número de las heridas de bala en los cuerpos de las víctimas en La Vega hacen aún menos creíble la versión oficial de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento con fuego cruzado. Por el contrario, corroboran los hallazgos de Amnistía Internacional sobre una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de derecho internacional en Venezuela. Sin señales de una investigación imparcial e independiente sobre los hechos, el examen de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se torna más necesario que nunca,” dijo Erika Guevara Rosas.
A la fecha de finalización de la investigación de Amnistía Internacional, no han habido pronunciamientos públicos por parte de la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo sobre la apertura de investigaciones independientes, prontas e imparciales para esclarecer la verdad y responsabilidades penales individuales sobre los hechos. Incluso si llegaran a anunciarse, su credibilidad estaría puesta en cuestión tras años de denuncias sobre la falta de imparcialidad e independencia del sistema judicial venezolano por parte de organismos internacionales, incluida Amnistía Internacional.
“Las presuntas ejecuciones extrajudiciales que hemos investigado en La Vega podrían constituir crímenes de lesa humanidad, que involucran a las autoridades al más alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro. Las políticas de represión y de control social se sustentan en una impunidad promovida y sostenida por las mismas autoridades que han cometido masivas violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Erika Guevara Rosas.
Información adicional
Organizaciones locales con quienes Amnistía Internacional tuvo contacto, tomaron testimonios de familiares de las víctimas y muchos de los relatos coinciden con el modus operandi que Amnistía Internacional ha documentado repetidamente en el pasado. Funcionarios policiales entran a las viviendas sin orden de detención o de allanamiento, inmovilizan al joven dentro de la vivienda, sin que se produzca ningún enfrentamiento, se retiran, o incluso dentro de la vivienda, y lo ejecutan con uno o dos disparos en una zona altamente letal del cuerpo como el tórax o la cabeza. Seguidamente, los funcionarios alteran la escena del crimen, simulan un enfrentamiento o trasladan el cuerpo para evitar diligencias criminalísticas, y califican la muerte como “resistencia a la autoridad”.
Este patrón que Amnistía Internacional ha podido corroborar de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por cuerpos de seguridad del Estado, ha sido ampliamente denunciado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos desde hace varios años. En particular, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha recomendado la disolución de las FAES por las numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales desde su creación. La Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela determinó en su primer informe que: “las ejecuciones extrajudiciales [llevadas a cabo por las FAES y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas] no [han sido] actos aislados, cometidos por individuos que actuaron solos. Existe información sobre una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales incluso si no resisten la detención, incluso para demostrar “resultados” en la lucha contra la delincuencia”. Esta Misión determinó que entre 2014 y 2020, en Venezuela “existía una política de lucha contra la delincuencia, que incluía la eliminación, mediante ejecuciones extrajudiciales, de personas consideradas ‘delincuentes’”.
