Imagen: Jorge E. Moreno
Cómo la minería, la pobreza y la destrucción ambiental profundizan una crisis sanitaria
(15-04-2022)
La Troncal 10 es un camino lleno de enormes baches y obstáculos que constantemente amenazan con destrozar los autos que se aventuran por él. Esta ‘carretera troncal’ conduce a Tumeremo, la capital del municipio Sifontes, en el estado de Bolívar en el sur de Venezuela. El viaje es lento y tenso, ya que los conductores y pasajeros son detenidos en los frecuentes retenes militares y cuestionados sobre el motivo de su viaje a la zona, temida por su inseguridad y violencia.
Sifontes es el epicentro de la minería aurífera en Venezuela. La minería ha aumentado considerablemente desde 2016 cuando el gobierno de Nicolás Maduro lanzó el ‘Arco Minero’, para permitir y promover la minería en un área al sur del río Orinoco, que mide 111.843,70 kilómetros cuadrados, más grande que Guatemala.
Desde entonces, las cicatrices de la deforestación se han extendido rápidamente. Según Global Forest Watch, el estado de Bolívar ha perdido más de 74.600 hectáreas de bosque primario en los últimos seis años.
Ahora Sifontes también se ha convertido en el epicentro de la epidemia de malaria en Venezuela, que tiene la mayor incidencia de la enfermedad en las Américas. El último Informe mundial sobre paludismo de la OMS revela que el 35% de los casos de malaria notificados en todo el continente se originan en Venezuela.
La epidemia aumentó gradualmente al principio. Pasó de 137.996 casos en 2015 a 242.561 casos en 2016. Para 2017 había superado los 400.000 casos y llegó a 467.000 en 2019.
El legado gemelo de la minería y la deforestación
La combinación de deforestación y minería ilegal está en el centro del resurgimiento de la malaria porque favorece tanto la reproducción del mosquito Anopheles, que transmite el parásito, como la interacción del vector con los humanos.
El mayor riesgo de transmisión de enfermedades se ha visto agravado por el desmantelamiento gradual de la infraestructura sanitaria en las últimas décadas. La vigilancia epidemiológica es un factor crítico para mantener a raya la enfermedad, explica el investigador venezolano Juan Carlos Gabaldón, del Instituto de Salud Global de Barcelona, España.
‘Cuando la crisis económica se apoderó de Venezuela, hubo una gran explosión de minería ilegal en el sur del país: mucha gente de otros estados del país comenzó a migrar a Bolívar y Amazonas para trabajar en las minas, se convirtió en infectados y luego regresaron a sus hogares. Esto contribuyó a un enorme aumento de casos en esta zona, pero también a la reactivación de brotes en otras zonas del país’, dice.
San Isidro, en Sifontes, ilustra perfectamente la conexión entre la deforestación por la expansión minera y el aumento de casos de malaria: entre 2007 y 2017 se perdieron unas 3.058 hectáreas de bosque mientras que la malaria aumentó en casi un 746 %, según un estudio publicado en Plos Enfermedades Tropicales Desatendidas .
La misma investigación reveló que la mayoría de los afectados por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum , las dos especies de parásitos de la malaria predominantes en la zona, eran hombres que se dedicaban a actividades mineras.
Viviendo de ‘dos gramas al día’
No hay que alejarse mucho de la Troncal 10, que se extiende por más de 900 kilómetros y conecta con Brasil, para apreciar los cambios en el paisaje provocados por la remoción de tierra para la minería. A lo largo del camino, hombres y mujeres llevan sobre la cabeza las herramientas con las que se extrae el barro en busca del metal dorado.
Este es el trabajo diario de Kemberly del Valle, de 34 años, quien vive en Las Tres Rosas, en Tumeremo. Trabajando en las minas puede recolectar ‘uno o dos gramas’ de oro por día. El grama, un gramo de oro, vale US$50 (£38,45). Este ingreso ayuda a mantener a sus dos hijos, especialmente a su hija de 15 años, quien ya es madre de una niña de pocos meses.
Esto equivale a un salario digno en un país donde el salario mínimo mensual, a fines de marzo de este año, era equivalente a US$1,62 (£1,20), y el 94,5 por ciento de la población vive en la pobreza.
Kemberly trabaja en la mina Pueblo Nuevo, una caminata de 8 horas desde Tumeremo o un vuelo de 40 minutos en avioneta. ‘Estoy esperando para salir otra vez, porque aquí en Tumeremo la situación es fea’, dice, refiriéndose a las difíciles condiciones económicas de su pueblo, donde, como en gran parte de Venezuela, los servicios se cobran en dólares.
Las mujeres suelen ser víctimas de explotación sexual o violencia en las minas. Pero la amenaza que finalmente alcanzó a Kermberly fue la malaria, cuyos síntomas —fiebre, escalofríos, agotamiento y dolor de cabeza— comenzó a sentir el 31 de diciembre.
En el centro de investigación de campo Francesco Vitanza del Ministerio de Salud, recibe el tratamiento que necesita y un mosquitero impregnado de insecticida que llevará consigo a las minas. Aunque no es la primera vez que Kemberly acude a recibir tratamiento contra la malaria, recibir el mosquitero es una novedad, un beneficio de la ayuda humanitaria que ha llegado a la zona.
Es necesario mantener los esfuerzos de control de la malaria
La malaria sigue siendo una emergencia en Venezuela, pero en 2020 los casos se redujeron casi a la mitad. Se registraron un total de 232.000 casos, un cambio de tendencia que el Informe Mundial sobre Paludismo de la OMS atribuye a ‘restricciones de movimiento durante la pandemia de Covid-19 y escasez de combustible que afectó a la industria minera’. El documento también señala que el confinamiento también puede haber afectado el acceso a los servicios de salud, lo que habría derivado en una menor notificación de casos.
La bióloga e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, María Eugenia Grillet, señala que la disminución de casos de malaria en el país también se puede atribuir al trabajo de las ONG para paliar el precario estado de los servicios de salud, afectados por la crisis humanitaria más amplia del país. crisis.
La Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras y el Club Rotario han trabajado con las autoridades locales para implementar medidas preventivas y paliativas, como la distribución de medicamentos y mosquiteros tratados con insecticida.
“Simplemente realizando vigilancia y diagnóstico temprano y administrando tratamiento, se interrumpió la transmisión y los casos se redujeron drásticamente. La malaria, desde el punto de vista de estrategias e instrumentos, puede ser abordada. El problema es la situación de Venezuela, este caos minero, toda esta situación donde hay que desarrollar un programa de control’, dice Grillet.
Minería y violencia
Las cifras de violencia ilustran la afirmación del científico. Dos municipios mineros del estado Bolívar concentran las cifras más altas de muertes por violencia en el país: El Callao, con 511 muertes por cada 100.000 habitantes, y Sifontes, con 189 muertes por cada 100.000 habitantes. Un informe de la ONG SOS-Orinoco describe numerosas masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones mientras grupos armados irregulares y el ejército venezolano luchan por el control de las minas.
En medio de esta violencia, se han instalado 74 puntos de diagnóstico y tratamiento de la malaria en Sifontes, 40 por las autoridades sanitarias locales y 34 por Médicos Sin Fronteras. Los esfuerzos se han dirigido principalmente hacia Las Claritas, en la localidad de San Isidro, donde se concentra gran parte de la actividad minera, explica la doctora Grecia Paz, coordinadora de la ONG.
‘La principal medida es el control de vectores, que va desde mosquiteros hasta insecticidas, dependiendo del hábito del mosquito transmisor que habita en la zona’, dice Paz.
La alianza con entomólogos que monitorean el comportamiento de los anofeles es fundamental para establecer lineamientos preventivos que pueden variar de una comunidad a otra.
De todas formas, aún es necesario mantener la lucha contra la malaria en Venezuela, especialmente en las zonas mineras, ya que el país, junto con Colombia y Brasil, aporta el 70 por ciento de los casos en el continente.
Además de la cooperación humanitaria internacional ya presente en la zona, el Fondo Mundial, una alianza internacional que lucha contra las endemias, aprobó US$19 millones (£14,5 millones) para el período 2020-23 para la lucha contra la malaria en el país. Sin embargo, la inversión local sigue siendo precaria: la última contribución del gobierno venezolano para el programa contra la malaria fue de US$940 (£718) en 2018.
Según Gabaldón, sin inversión local y sin reconstruir el sistema de vigilancia epidemiológica permanente, que a mediados del siglo XX permitió a Venezuela ser un referente mundial en materia de control de la malaria, será imposible frenar la propagación de la enfermedad de manera permanente.
‘Es un error pensar que cuando la enfermedad está bajo control, que cuando los casos bajan, se deben olvidar por completo las medidas de vigilancia epidemiológica. Diría que tal vez esa es la principal lección que se puede sacar de lo que ha pasado con la epidemia de malaria en Venezuela’, dice.
