(01-08-2022). Diversos actores universitarios están considerando acciones jurisdiccionales para que se logre suspender la aplicación del instructivo denominado “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégica”, el cual desconoce los derechos y beneficios aprobados en la IV Convención Colectiva Única (IVCCU), informó Cecilia García Arocha Márquez, Rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en entrevista para Aula Abierta.
El pasado 2 de junio, Cecilia García Arocha Márquez, junto a Jessy Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo (UC), Milena Bravo de Romero, rectora de la Universidad de Oriente (UDO); Rita Elena Añez, rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO); y los abogados Zuleima del Carmen Brito Hernández y Darío Ventura García Díaz, como apoderados judiciales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda de nulidad junto a una acción de amparo cautelar en contra de este instructivo, pero tuvieron una respuesta negativa.
“Estamos considerando otras acciones jurisdiccionales a través de las cuales se logre suspender la aplicación del instructivo que desconoció los derechos y beneficios aprobados en la IV Convención Colectiva Única (IVCCU), en defensa del personal docente y demás trabajadores universitarios”, dijo García Arocha a Aula Abierta. “Se estudian otras acciones legales para lograr la suspensión de los efectos del Instructivo hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. De igual forma se ratifica el llamado a los gremios del personal docente y demás trabajadores a unir esfuerzos e incorporarse a estas acciones legales”.
Se eliminan interescalas salariales
El denunciado instructivo fue impuesto a las universidades a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), que contiene criterios para la aplicación del incremento salarial decretado para el sector universitario, el cual fue un nuevo ataque al sector universitario, en especial a la libertad de asociación y derechos laborales del sector, pues el mismo era regresivo y menos favorable que la impuesta en la IVCCU. De esta forma se desconoce nuevamente la legitimidad de los grupos gremiales universitarios para discutir y plantear propuestas para aumentos salariales acordes a las necesidades del sector, obstaculizando su libertad sindical y de asociación plena.
García Arocha indicó que la representación legal de las universidades demandantes consideran que la decisión no está conforme a derecho pues “estiman que la decisión niega la admisión de la medida dirigida a la suspensión del instructivo para la aplicación del incremento salarial, al declarar que no existe la apariencia del buen derecho, que es necesario no un simple alegato de perjuicio sino argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nace la convicción de violación a los derechos constitucionales denunciados”.
“El Instructivo elimina las interescalas salariales, disminuye las primas y bonos salariales en igualdad de condiciones a todo el sector universitario, lesionando los derechos constitucionales denunciados”, explicó.
“Hasta tanto no se dicte la sentencia definitiva en la demanda de nulidad ya admitida por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el sector laboral universitario a nivel nacional percibirá un salario reducido por la eliminación de las interescalas que redujo considerablemente el incremento salarial, así como la disminución de los porcentajes de las primas y bonos, derechos y beneficios laborales aprobados en la IVCCU y pagados desde agosto de 2021”, agregó García Arocha, con lo que quedó claro que se mantiene la transgresión a los derechos laborales del sector universitario.
Un patrón sistemático contra universitarios
En Venezuela existe, desde hace algunos años un patrón continuado y sistemático de transgredir el derecho de libertad de asociación y de expresión en el sector universitario en Venezuela, lo cual ha transgredido otros derechos humanos del sector en especial cuando estos se relacionan con los derechos laborales.
Una de las prácticas continuadas que atentan a la libertad de asociación de los universitarios es la continua imposición salarial desconociendo los procesos de discusión y negociación colectiva que deben realizarse para regular los aspectos salariales y laborales del sector.
Muestra de esto último es que el Ejecutivo Nacional decretó mediante Gaceta Oficial un aumento de salario mínimo a 130,00Bs. (USD29,6 ) mensuales y también se aumenta el bono de alimentación a 45,00Bs. (USD10,2) , el cual entraría en vigencia a partir del 15 de marzo del 2022.
El poder judicial nuevamente actúa como brazo represor del poder ejecutivo: Aula Abierta ha documentado al menos 50 sentencias o decisiones del Poder Judicial venezolano que atentan contra los derechos del sector universitario, en especial a la libertad académica y a la libertad de asociación de los universitarios
