(21-06-2022). Dos importantes acontecimientos geopolíticos ocurridos el año pasado -la toma del poder de Afganistán por los talibán y la invasión militar rusa a gran escala de Ucrania– han perturbado millones de vidas. Ambos han tenido un impacto específico para las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).
Cuando el Patriarca ruso Kirill se refirió a los “desfiles de homosexuales” en Ucrania entre las justificaciones para la invasión de Rusia, hizo uso de una retórica antigua –y políticamente eficaz– utilizada por el Presidente ruso Vladimir Putin que posiciona a Rusia como defensora de los “valores tradicionales”. Esto se hace eco también en la retórica política usada en Polonia, donde un centenar de localidades se han declarado “zonas libres de ideología LGBT”, y de Hungría, donde el presidente Viktor Orbán ha emprendido una campaña legislativa y retórica contra (los derechos de) las personas LGBT para obtener beneficios políticos.
Poco antes de que los talibán entraran en Kabul el pasado mes de agosto, un juez talibán declaró que los homosexuales debían ser condenados a muerte, apedreados o aplastados por un muro derribado. La violencia y la discriminación contra personas LGBT en Afganistán no es nueva: el gobierno anterior había aprobado una ley en 2018 que criminalizaba las conductas homosexuales. Aun así, la vuelta de los talibán al poder obligó a muchas personas LGBT a huir a países vecinos, que también prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo y donde permanecen en una situación precaria; por su parte los que siguen en Afganistán se enfrentan a un futuro sombrío.
El debate gira en torno a la autonomía corporal
Cuando las autoridades utilizan la religión, la cultura o la tradición para restringir la expresión de género o la orientación sexual, suelen invocar una autoridad colectiva y particular: un concepto estrecho de familia, una cultura estática o una ortodoxia religiosa singular. Sin embargo, la verdadera cuestión no es la cultura, sino la autonomía corporal, el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo. Esta es una de las principales razones por las que los derechos LGBT se han convertido en un campo de batalla entre el pluralismo, que promueve la democracia liberal, y el autoritarismo populista, que enfrenta los derechos individuales a las normas mayoritarias del grupo.
Se suele recurrir a la religión, la cultura o la tradición para restringir la expresión de género o la orientación sexual. Sin embargo, la verdadera cuestión no es la cultura, sino la autonomía corporal, el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo
Las cuestiones clave en la vanguardia de la defensa transnacional del colectivo LGBT durante el año pasado –la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género– tienen muchos puntos en común, aunque también tengan especificidades en cada país. Sin embargo, cada una de ellas forma parte de una tendencia general que enfrenta los derechos individuales, consagrados en la legislación internacional sobre derechos humanos, a definiciones estrechas y estáticas de la familia y la cultura, a nociones intolerantes de la religión y a formas de gobierno autoritarias y populistas.
Los populistas presentan a las personas LGBT como una amenaza para la familia, la religión y el Estado. Sus estrategias permiten la búsqueda de chivos expiatorios, la discriminación y, a menudo, la violencia contra las personas LGBT. Los activistas siguen logrando importantes avances en todo el mundo. En este difícil contexto, deben enfrentarse a cuestiones como la violencia cometida con impunidad contra el colectivo, la represión estatal del activismo por los derechos LGBT, los obstáculos legislativos y judiciales al reconocimiento de las parejas del mismo sexo, los esfuerzos por restringir la educación sexual y la necesidad de promover los derechos de las personas nacidas con características sexuales atípicas. En el último año se ha registrado en todo el mundo una amplia gama de desafíos o abusos explícitos contra los derechos LGBT. Pero también ha habido algunas victorias para las personas que defienden estos derechos.
El papel de la retórica en los retrocesos
La retórica motivada por los prejuicios ha fomentado la violencia esporádica o sistemática contra las personas LGBT en distintos entornos, a menudo con impunidad. En Camerún se ha producido un aumento de las agresiones colectivas contra personas LGBT, tras las cuales la policía ha detenido a las víctimas acusándolas de homosexualidad. El gobierno de Irak no ha protegido a las personas LGBT de la violencia sistemática que sufren perpetrada por parte de grupos armados, cuyas acciones han quedado impunes. En Kenia, la policía no investigó adecuadamente el asesinato de una lesbiana no binaria.
En Estados Unidos, las mujeres transgénero de color suelen ser víctimas de la violencia, mientras se enfrentan a una discriminación interseccional en educación, empleo y oportunidades de acceso a la vivienda, basada en su raza, género, clase, capacidad y nacionalidad. Estos factores ayudan a explicar las altas tasas de asesinatos de personas transgénero de color desde 2016.
Incluso en Sudáfrica, el país más avanzado del continente africano en términos de protección legal para las personas LGBT, al menos 20 personas del colectivo fueron asesinadas en ataques motivados por prejuicios en 2021. Sin embargo, resulta alentador que el gobierno sudafricano tomara medidas para acabar con la impunidad de este tipo de violencia mediante la creación de un Equipo Nacional de Trabajo en 2011 y que esté actualizando su política existente para abordar las causas que subyacen bajo de los delitos de odio, así como para hacer un seguimiento de su ocurrencia.
Y en Honduras, tras el asesinato de Vicky Hernández, una mujer transgénero, durante el golpe militar de 2009, la tenacidad de su madre finalmente dio resultados. En marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Honduras era responsable del asesinato de Vicky. En mayo de 2022, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, prometió cumplir con las reparaciones ordenadas por la corte, lo que se espera que ayude a reducir los altos niveles de violencia anti-LGBT en el país.
La misma retórica que considera a las personas LGBT como una amenaza para el orden social alimenta la represión estatal contra los activistas que promocionan dichos derechos. En Turquía, el año pasado, durante el Día Internacional de la Mujer, se detuvo a activistas y se les acusó de “insultar” al presidente durante las protestas que expresaban su apoyo a los derechos de las personas LGBT.
En Kazajstán, la policía detuvo “por su propia seguridad” a las líderes de Feminita -una iniciativa feminista nacional que trabaja por los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer– tras haber sufrido un ataque por parte de un grupo de hombres no identificados. Las autoridades también han denegado arbitrariamente el registro de Feminita como grupo no gubernamental en diversas ocasiones.
En Ghana, 21 personas que asistían a un taller sobre documentación y denuncia de abusos contra personas LGBT fueron detenidas y encarceladas. Estuvieron retenidos durante más de tres semanas antes de que se retiraran los cargos. Su calvario, desde las detenciones hasta el escrutinio público que sufrieron después, continúa afectándoles psicológica y económicamente.
En Hungría, el gobierno multó a los activistas que hicieron campaña –con éxito– contra un referéndum anti-LGBT. Aunque la justicia rechazó la mayoría de las sanciones, sí que las mantuvo contra dos grupos. Rusia puso en el punto de mira a algunos grupos LGBT en virtud de la ley de “propaganda gay” antes de recurrir, más recientemente, a las abusivas leyes de “agentes extranjeros”. En abril de 2022, mientras las autoridades de Chechenia reanudaban su asalto a las personas LGBT, un tribunal clausuró por la fuerza Sphere, la entidad jurídica bajo la que se encuentra la Red LGBT de Rusia, que ha ayudado a los hombres homosexuales que huyen de la tortura en Chechenia.
La policía maltrató a los activistas LGBT en Túnez durante las sucesivas protestas contra el gobierno. Las detenciones arbitrarias y generalizadas de personas LGBT en Egipto llevaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a condenar estos abusos atroces y sistemáticos.
La violencia contra las personas LGBT y los intentos de reprimir a los activistas que defienden sus derechos no son las únicas herramientas de represión. La propia ley puede socavar la autonomía corporal cuando prohíbe las conductas homosexuales. Aunque la tendencia global es hacia la despenalización, algunas regiones se han estancado y otras han retrocedido. La ley de sodomía de Uzbekistán se utiliza como pretexto para la extorsión, y permite el maltrato en forma de pruebas anales forzadas. En la provincia indonesia de Aceh se azotó públicamente a dos hombres 77 veces a cada uno por mantener relaciones sexuales consentidas en privado.
Los intentos de derogar las disposiciones del código penal de Singapur que prohíben las conductas sexuales entre personas del mismo sexo quedaron en suspenso cuando el tribunal de apelación dictaminó que los recurrentes carecían de legitimación por ser la ley inaplicable. Pero ahí no acaba la cuestión. El fiscal general y otros funcionarios están facultados para decidir la reanudación de la acción judicial en estos casos.
También ha habido avances
Los esfuerzos de despenalización han sido, de hecho, uno de los hechos a destacar en la promoción de los derechos LGBT. Un órgano creado en virtud de tratados de derechos humanos de la ONU condenó la criminalización de las conductas homosexuales en Sri Lanka, en una afirmación muy esperada que estipula que la legislación homofóba dirigida a las mujeres viola no sólo los derechos de las personas LGBT, sino también los de las mujeres. El nuevo código penal de Angola, que eliminó las disposiciones arcaicas del código de 1886 e introdujo protecciones contra la discriminación, entró finalmente en vigor en 2021. Bután despenalizó las conductas homosexuales. Un tribunal de Corea del Sur decidió que la prohibición de las conductas homosexuales en el ejército es discriminatoria e inconstitucional, lo que supone una victoria tras años de presión por parte de los activistas.
Otra forma de discriminación estructural que se deriva de construcciones limitadas y excluyentes de familia niega los derechos de las personas LGBT al negarse a reconocer a las parejas del mismo sexo. El año pasado hubo resultados dispares en el ámbito del derecho de familia, incluido el acceso al matrimonio. Un tribunal de Corea del Sur se negó a reconocer las uniones de parejas del mismo sexo o a ampliar las prestaciones del seguro médico de los cónyuges en las parejas del mismo sexo. El Consejo Privado del Reino Unido, el último tribunal de apelación de varias islas del Caribe, confirmó las sentencias de Bermudas y las Islas Caimán que desautorizaban la igualdad matrimonial, lo que indica que el Consejo Privado adopta una visión conservadora de su papel.
En EEUU, una esperada decisión del Tribunal Supremo sobre si una agencia de adopción con un contrato municipal podía excluir a las parejas del mismo sexo –basándose en sus convicciones religiosas– eludió la cuestión en su conjunto y sólo abordó el contrato del caso en cuestión. En Bolivia, un registro civil reconoció la unión de dos parejas del mismo sexo, pero un caso pendiente ante el Tribunal Constitucional decidirá si otras parejas del mismo sexo pueden celebrar uniones civiles. En Panamá, los activistas también han puesto sus esperanzas en los casos judiciales -cuatro, para ser exactos- que afectan a las parejas del mismo sexo.
En Kosovo se debatieron las uniones civiles en el contexto de las amplias reformas legales del país y sus aspiraciones de ingresar en la Unión Europea. Y, aunque un tribunal de Namibia rechazó la petición de reconocer legalmente las relaciones de dos parejas del mismo sexo que se habían casado en el extranjero, el tribunal señaló que se trataba de un caso claro de discriminación.
En Tailandia, los activistas hicieron campaña para enmendar las disposiciones sobre el matrimonio del código civil vigente para incluir a las parejas del mismo sexo. En un fuerte avance hacia la igualdad jurídica, el gabinete aprobó un proyecto de ley de uniones civiles que otorgará a las parejas del mismo sexo los mismos derechos legales que a los casados en cuanto a los bienes personales y comunes, así como el derecho a adoptar niños. La Cámara de Representantes debe votar ahora el proyecto de ley.
Un tribunal japonés dio un nuevo impulso al movimiento por la igualdad matrimonial en el país, al afirmar que “los beneficios legales derivados de los matrimonios deben beneficiar por igual a homosexuales y heterosexuales”. En diciembre de 2021, el parlamento chileno votó por abrumadora mayoría a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras tanto, los cubanos llevarán a cabo un ejercicio inusual –votar en un referendum– sobre la ampliación del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Pero someter esta cuestión de derechos a una votación popular es problemático y se produce tras la celebración de protestas públicas contra la autorización de estos matrimonios.
Las generaciones jóvenes y futuras se llevarán la peor parte de este ataque sostenido contra la educación sexual en muchas partes del mundo, a menudo bajo la retórica de la “ideología de género”, que sugiere que los niños están siendo adoctrinados, no educados. La ausencia de educación sexual fomentará la perpetuación de estereotipos negativos que pueden contribuir a la retórica que hay detrás de los ataques motivados por prejuicios. Polonia presentó un proyecto de ley que restringiría severamente lo que se enseña en las escuelas, pero el presidente lo vetó en el último momento, alegando que la crisis de Ucrania requería su atención.
En Kosovo se han debatido las uniones civiles en el contexto de las amplias reformas legales del país y de las aspiraciones de ingresar en la Unión Europea.
En Brasil, los legisladores han presentado una gran cantidad de proyectos de ley que pretenden restringir la educación sexual en las escuelas. En EEUU, Florida y Alabama promulgaron leyes de “no decir gay o trans” para limitar la discusión de temas relacionados con LGBT en las escuelas; al menos una docena más de estados están considerando una legislación similar. Y Hungría aprobó una ley que se hace eco de la ley rusa de “propaganda gay” que equipara la homosexualidad con la pedofilia como justificación para limitar la educación sexual. Esta medida criminaliza de hecho el trabajo legítimo de los activistas LGBT que defienden la visibilidad positiva de los homosexuales en el país.
Sin embargo, en una serie de avances en el último año, se han dado pasos significativos a nivel nacional y subnacional hacia el reconocimiento de la autonomía corporal de las personas nacidas con características sexuales atípicas, una cuestión importante, aunque históricamente descuidada. En el último año, las cirugías de “normalización” médicamente innecesarias en bebés intersexuales fueron objeto de un escrutinio creciente y crítico, incluso en Estados Unidos, Australia e India.
Argentina y Colombia reconocieron las identidades no binarias, al igual que sentencias individuales en Brasil y el estado mexicano de Guanajuato. EE.UU. permitió un marcador X en los pasaportes para quienes no quieren un marcador de género masculino o femenino.
El Comité Olímpico Internacional publicó unas directrices críticas con los abusos contra los derechos humanos cometidos en las prácticas de “pruebas de sexo” en las atletas con variaciones en sus características sexuales, en gran parte procedentes del Sur Global. Sudáfrica solicitó información sobre una propuesta de política de gestión de la identidad que tendrá consecuencias positivas para el reconocimiento legal de las identidades transgénero. En Kuwait, el Tribunal Constitucional desechó una ley de 2007 que prohibía “imitar a un miembro del sexo opuesto” y que dio lugar a graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que mejoró el panorama legal de las personas transgénero en ese país.
Los retos persisten
Sin embargo, los retos persisten. El reconocimiento legal del género de las personas transgénero se retrasa en Tailandia, a pesar de la reputación del país como destino internacional para la cirugía de afirmación del género. Cuando la comisión de derechos humanos de Malasia tomó medidas para investigar el reconocimiento legal del género en el país, los partidos políticos y las autoridades religiosas criticaron su iniciativa.
Los populistas han usado a las personas LGBT como chivos expiatorios fáciles y como fuente de pánico moral para líderes sin escrúpulos. Este telón de fondo contribuye a muchos de los retos a los que se enfrentan los activistas que trabajan por la despenalización, el reconocimiento de las parejas, los documentos de identidad precisos y el fin de la discriminación. Sin embargo, a pesar de las diversas barreras creadas o reavivadas, los defensores del colectivo LGBT de todo el mundo han tenido un impacto positivo durante un año difícil y continuarán su trabajo en el año que viene.
