La directora de la ONG, Mercedes de Freitas, cuestionó la opacidad en los acuerdos, sugiriendo que esto podría replicar esquemas de concentración económica
Fuente original: EL NACIONAL . –
Transparencia Venezuela denunció este jueves la falta de claridad en el proceso de reorganización de activos públicos en el país y advirtió que, sin controles claros, podría estar configurándose una distribución discrecional de bienes del Estado entre grupos cercanos al poder.
La advertencia fue realizada durante el foro “Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?”, donde la organización analizó los recientes movimientos en la gestión de empresas estatales y el cambio de actores vinculados a estos procesos.
En el encuentro, la investigadora Christi Rangel afirmó que la reconfiguración del manejo de activos ha ganado velocidad tras los cambios en la cúpula política, ocurridos luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la llegada de Delcy Rodríguez al poder.
“Vemos un cambio de protagonistas luego de que saliera de escena la familia Maduro-Flores y se impusieran los hermanos Rodríguez Gómez”, señaló Rangel.
Falta de información oficial impide supervisión ciudadana
Por su parte, a directora de la ONG Mercedes de Freitas cuestionó la falta de acceso a información oficial sobre el inventario de bienes del Estado y sobre los acuerdos que se estarían ejecutando en este contexto, lo que —según dijo— impide cualquier tipo de supervisión ciudadana efectiva.
“Nos preocupa que estos convenios se hagan a oscuras porque, más que privatización, parece una redistribución de fondos del Estado entre amigos. Ya ocurrió con las alianzas estratégicas en las minas, que terminaron en manos de compañeros de estudio o familiares del alto gobierno”, denunció De Freitas.
Desde la organización advirtieron que la opacidad en estos procesos puede derivar en esquemas de concentración económica similares a los observados en otros países en transición, donde la transferencia de activos estatales dio lugar a nuevas élites con poder político.
En ese sentido, la organización pidió establecer mecanismos de control y rendición de cuentas que garanticen la supervisión del proceso y eviten el uso discrecional de los recursos públicos.
“Privatizar para que un grupito saque beneficios es inaceptable. La sociedad civil debe exigir que este proceso no se dé a espaldas de la gente”, expresó Rangel.
