SOS Orinoco sentencia que “los operativos militares parecen tener una finalidad principalmente propagandística”, que busca limpiar la imagen del régimen debido a que no son parte de una política, plan o programa ideado por el Estado para erradicar la minería ilegal o aminorar sus impactos
(04-11-2024) A través de su cuenta en X, la ONG SOS Orinoco denunció que “la supuesta lucha del régimen contra la minería ilegal es una farsa: Todas estas son minas en plena expansión en manos de los mineros que estaban en el parque nacional Yapacana y con el visto bueno de los militares”, escribieron.
Después de exponer que en la mina ilegal en bulla de oro en el sector Cárida, municipio Atabapo, en el estado Amazonas, en la cual operan 123 máquinas para extraer oro y los militares cobran 16 gramos de oro semanales por máquina a los mineros de la zona.
De julio a septiembre de 2024, la zona creció 13 hectáreas y ya habitan 1.200 personas.
La región Guayana debería, en su mayoría, ser un territorio sin minería, en virtud de la prohibición de esta actividad desde 1989 en el estado Amazonas. Mientras que en Bolívar sería permitido legalmente “en áreas bajo un régimen de administración ordinario, circunscrito a una franja al norte del estado”, explica el informe Minería Ilegal de Oro: impactos sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía.
De las 41 áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE), 30 son áreas naturales protegidas según el Convenio de Diversidad Biológica; sin embargo, en todas, a excepción de tres, están afectadas por la minería ilegal. En ninguna se permite esta actividad que es incompatible con los objetivos de estas localidades.
Operaciones militares son una farsa
“El tema ambiental y de protección a la biodiversidad no está en la agenda pública venezolana”, puesto que las operaciones militares para contrarrestar la minería ilegal ocasionan enfrentamientos con mineros y comunidades indígenas, que se traducen en más muertes, violaciones de derechos humanos e impactos ambientales.
En Amazonas y Bolívar, el Comando Estratégico Operacional de la FANB, con las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) implementaron las operaciones Roraima 2022, Autana 2023 y Neblina 2024.
Por lo antes expuesto, SOS Orinoco sentencia que “los operativos militares parecen tener una finalidad principalmente propagandística”, que busca limpiar la imagen del régimen, debido a que no son parte de una política, plan o programa ideado por el Estado para erradicar la minería ilegal o aminorar sus impactos.
Tampoco hay esfuerzos por determinar responsabilidades detrás del lucrativo negocio de la minería ilegal y el contrabando de minerales. Especialmente, porque se estima que entre el 70% y 90% del oro sale del país ilegalmente, en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial.
El régimen venezolano optó por este negocio por su rentabilidad y baja inversión relativa, inmediatez de la comerciabilidad y poca, por no decir nula, trazabilidad. “Esta fuente de recursos es manejada por una red de corrupción que no aporta ingresos al fisco nacional, sino a los actores que controlan la trama”, detallan.
Comunidades indígenas en peligro
Los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía venezolana son afectados por la minería ilegal, pese a que el tipo de afectación y su intensidad varía según la zona en la que se encuentren. La invasión de mineros y grupos armados vulnera los derechos territoriales de los indígenas, ya débiles por la falta de demarcación y protección por parte del Estado.
De acuerdo con SOS Orinoco, en algunas zonas, los indígenas están obligados a formar grupos de autodefensa o Guardias Territoriales Indígenas. Entre el 2016 y 2023, asesinaron o desaparecieron aproximadamente a 28 indígenas en el contexto de conflictos por la actividad minera.
En el 2012 se reportó la presunta masacre de la comunidad Yanomami de Irotatheri, en el Alto Orinoco (Amazonas), a manos de garimpeiros brasileños.
Según el Observatorio para la Defensa de la Vida, entre 2013 y 2021 se registraron 54 casos de defensores/as de derechos ambientales y del territorio, víctimas de la violencia y la represión en Bolívar y Amazonas.
