La ONG alertó sobre el impacto que esta práctica tiene en los derechos territoriales de los pueblos indígenas
(08-11-2024) La minería ilegal a cielo abierto ha afectado un total de 65.985 hectáreas en la región amazónica de Venezuela -en los estados Amazonas y Bolívar-, según estimaciones de la organización no gubernamental SOS Orinoco recogidas en un informe difundido este martes 5 de noviembre.
La ONG aseguró que, en esta zona sureña del país caribeño, la deforestación y su aceleración está “directamente relacionada con la expansión en la actividad minera ilegal”, señalada como una de las principales causas de la pérdida de vegetación al sur del Orinoco, el río más grande de Venezuela y de los más caudalosos del mundo.
Asimismo, denunció que la minería causa “la fragmentación e incluso pérdida de hábitats completos” y “el desplazamiento de la fauna”, lo que -señaló- ha sido percibido por un “aumento en las distancias y tiempos de caza” por parte de indígenas en las áreas cercanas a las minas.
El impacto en los pueblos indígenas
Por otra parte, el informe Minería ilegal de oro: impactos sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía -elaborado junto con cinco organizaciones de países amazónicos- afirma que “prácticamente todos los pueblos indígenas” en la Amazonía venezolana han sido afectados por la minería ilegal.
En este sentido, advierte que la “invasión de mineros y grupos armados vulnera derechos territoriales indígenas, de por sí frágiles por la falta de demarcación y protección por parte del Estado”, por lo que, en algunas zonas, los habitantes de estas comunidades “se han visto obligados a conformar grupos de autodefensa o guardias territoriales”.
Indica que, desde 2017, varios municipios del estado Bolívar han registrado “tasas extremadamente elevadas de muertes violentas, asociadas al incremento de la actividad minera”.
Las organizaciones llaman a implementar medidas para prevenir la minería ilegal y actividades asociadas que produzcan daños ambientales significativos y que pongan en riesgo la vida, la salud e integridad de las personas, pueblos indígenas y comunidades locales.
Además, piden a los organismos internacionales hacer un llamado a los gobiernos de la región, entre ellos el venezolano, a implementar políticas públicas y de seguridad con “una perspectiva de derechos humanos, para fiscalizar, sancionar y erradicar la minería ilegal”.
El pasado junio, el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela tiene que “ordenar” la minería a través de un concepto productivo, ecológico y preservador, tras reconocer la existencia de la mafia en este sector y la práctica “destructiva”.
Aumento de la minería ilegal
En enero, SOS Orinoco denunció el aumento de la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana (Amazonas), tras el despliegue de la Operación Autana que puso en marcha la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en 2023.
«La minería ilegal sigue aumentando en (el parque nacional) Yapacana, a pesar del show mediático de la FANB”, publicó la ONG en un mensaje en la red social X (antes Twitter).
SOS Orinoco indicó que el operativo militar causó “la propagación de los mineros desalojados”, quienes han dañado el ecosistema con nuevas minas en esta zona fronteriza con Brasil.
Afirmó que estas nuevas minas han sido creadas con el “visto bueno de la FANB”, por lo que cuestionó la supuesta lucha de las autoridades contra la minería ilegal.
