Situación general del derecho a la libertad de expresión e información: enero-agosto 2025

Entre enero y agosto de 2025 registramos 89 casos que se traducen en 167 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela ¹

Fuente original: Espacio Público. – Esta cifra representa una disminución del 64 % con relación al número de casos y del 67% con respecto al número de violaciones documentadas en el mismo periodo del año pasado. Esta disminución no indica una mejora estructural, ya que el 2024 estuvo marcado por una represión estatal a gran escala, antes, durante y después de las elecciones presidenciales. ²

En líneas generales durante el periodo presentado, el número de casos mantuvo un comportamiento regular salvo por el mes de enero, cuando registramos 39 situaciones, siendo el mes con mayor número de casos. Este aumento de casos estuvo vinculado principalmente a la agenda política en torno al 10 de enero, fecha en la que fue juramentado Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, de acuerdo a lo anunciado previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A pesar de que la frecuencia y el volumen de violaciones ha disminuido con relación al año pasado, algunos patrones se mantienen como parte de las políticas para mantener el control de la opinión pública, limitar la libertad de prensa e intimidar a la población. 

Gráfico 1. Total de casos por mes

Las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes fueron la censura y la intimidación, con 48 registros cada una. Seguidas por la restricción administrativa con 24 incidencias, el hostigamiento judicial con 23 y el hostigamiento verbal con 13 registros. La violación menos frecuente fue la amenaza, acumulando 11 violaciones. En total, se registraron 167 violaciones a la libertad de expresión.

En este período registramos al menos 10 apagones eléctricos o fallas de conectividadque afectaron de manera significativa el acceso a internet en distintas zonas del país. Estos eventos constituyen una violación indirecta al derecho a la libertad de expresión, ya que es responsabilidad del Estado garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos en el país. Igualmente, como parte de la censura promovida desde las instituciones del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró 4 emisoras de radio en los estados Bolívar, Táchira y Portuguesa.

El acceso y libre desplazamiento de los trabajadores de la prensa se ve limitado por restricciones e impedimentos, los cuales constituyen un tipo de intimidación frecuente. Estas acciones son llevadas a cabo principalmente por funcionarios de cuerpos de seguridad durante la cobertura de eventos políticos.

Cuadro 2. Violaciones por tipo

• La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el 21 de febrero el cierre de las emisoras Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM ³ que operaban en la localidad de Biscucuy, estado Portuguesa, así como el decomiso de sus equipos. El periodista y locutor Pedro José Espino, detalló que el cierre de Stilos 93.1 FM tuvo motivaciones políticas, pese a que los programas informativos se enfocaban en problemas de las comunidades y mantenían un “tono bajo” en temas que podían ser críticos con el gobierno.
• Durante el evento electoral realizado el 27 de julio, la periodista Pilar Guerra ⁴, acreditada por medios independientes, fue detenida en la entrada del Liceo Creación Limoncito, en el estado Cojedes. Un funcionario del Plan República exigió su cédula de identidad para validar su credencial, y finalmente le negó el acceso sin justificación legal.
• El 24 de agosto, el periodista mexicano Israel Navarro ⁵ llegó a Venezuela para hacer una cobertura que duraría una semana. Sin embargo, tras su llegada, él y su compañero, el camarógrafo Gerardo Torres, pasaron 24 horas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas. Posteriormente, funcionarios aeroportuarios no los admitieron y los subieron a un vuelo de regreso a México.

Detenciones arbitrarias

Cuadro 3. Detenciones por ocupación

Con relación al total de detenciones ocurridas durante los dos primeros cuatrimestres del año, registramos 24. En este caso, las principales víctimas fueron particulares ⁶, sumando 13 incidencias. Seguidos por ocho periodistas, dos camarógrafos/técnicos y un trabajador público. 

En 2025 se conoció de la excarcelación de tres personas, del total de 76 registradas como detenidas en 2024; de este grupo más de 30 permanecerían encarceladas ⁷desde el año pasado, entre ellos los periodistas Gabriel González , Luis López  8, Víctor Ugas ⁹ y Leocenis García ¹⁰.

• Luego de 206 días de desaparición forzada, el periodista de La Patilla, Rory Branker  ¹¹, fue localizado por sus familiares el 15 de septiembre. De acuerdo a la información difundida por la cuenta en X @LiberenRBranker está recluido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta Sur -que se conoce como Zona 7- desde el día viernes 13 de septiembre. Por su parte, el 27 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Branker, según la resolución 62/205. Branker permanece detenido desde el 20 de febrero, luego de haber sido interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la ciudad de Caracas.
• El 17 de junio el Tribunal 1ero de Control del Área Metropolitana de Caracas ratificó la medida de privativa de libertad y pase a juicio a Nakary Mena Ramos ¹², periodista de Impacto Venezuela, quien fue detenida de manera arbitraria el pasado 8 de abril, junto a Gianni González, su esposo. La detención de los trabajadores de la prensa se registró luego de la publicación de un reportaje sobre el incremento de robos en Caracas. Ambos fueron imputados bajo los cargos de “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”, tras permanecer más de 70 horas desaparecidos. 

Víctimas y victimarios

Los periodistas y reporteros son el grupo que más violaciones sufrió durante este periodo, con 30 víctimas que representan casi el 35% del total. Seguidos por particulares, con 15 víctimas, y luego los medios de comunicación y las páginas/plataformas web, con 12 víctimas cada uno. Estos cuatro grupos combinados consolidan el 75% del total de víctimas. 

Los periodistas suelen ser víctimas frecuentes de impedimentos de coberturas ejercidos por cuerpos de seguridad y funcionarios públicos. De igual forma, son víctimas de señalamientos y hostigamiento verbal por parte de voceros del gobierno.

• Personal de seguridad del comité organizador de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) impidió el 19 de enero que trabajadores de la prensa de los medios digitales El Mundo es un Balón y Blog Vinotinto ¹³ hiciera cobertura, con fotos y videos, de la llegada de la selección venezolana sub-20 al Aeropuerto Jacinto Lara de Barquisimeto, estado Lara. Mientras hacían un pase en vivo desde la parte externa del aeropuerto, un miembro de la FVF hostigó al reportero que hacía la cobertura y tapó la cámara para impedir la transmisión en vivo de la llegada de la Vinotinto a la ciudad.
• La periodista Beatriz Adrián ¹⁴ fue víctima de hostigamiento verbal por parte de la activista política Indira Urbaneja, a través de publicaciones en la red social X (antes Twitter) y en Instagram en el contexto de las votaciones del 25 de mayo de 2025. La situación se dio tras un reporte de Adrián desde el Colegio Santo Tomás de Villanueva, en Caracas, cuando reseñó que de 5.000 personas inscritas, sufragaron 100 “hasta esta hora”.

Con respecto a los victimarios, las Instituciones del Estado ocupan el primer lugar, con 57 registros, lo que representa el 45% del total. Le siguen de cerca los cuerpos de seguridad, con 35 casos (28%), y las operadoras privadas, con 24 casos (19%). Entre estos tres grupos, suman el 91% del total de victimarios. Otras categorías menos frecuentes son los funcionarios (5,51%), mientras que los grupos violentos (2%) y particulares (1%).

Cuadro 5. Victimarios por ocupación

• Durante 16 noches consecutivas en el mes de enero, la red social Tik Tok ¹⁵ fue bloqueada, de acuerdo a información difundida por el observatorio de internet Ve Sin Filtro. Los bloqueos fueron aplicados por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y otras operadoras privadas como Movistar, Inter, Airtek y G-Network y NetUno, quienes sumaron a la restricción con el pasar de los días.
• El 22 de marzo se registró el bloqueo de la página web de la agencia internacional EFE ¹⁶ por los principales proveedores de internet en Venezuela, días después de que el ministro de Interior de Nicolás Maduro criticara una entrevista publicada por ese medio español. La medida fue aplicada por la estatal CANTV y las operadoras privadas G-Network, Airtek, Movistar, NetUno, Digitel, Supercable y Thundernet.

Casos por ubicación 

Al igual que en otros periodos, la mayor cantidad de casos ocurrió en el plano digital. En tal sentido, se registraron al menos 49 situaciones, lo cual representa el 55% del total. Los patrones más destacados fueron los bloqueos a plataformas y sitios web, así como las fallas de conectividad producto de los apagones y caídas del servicio de internet. 

A nivel geográfico, el Distrito Capital lidera la lista con 10 casos, lo que equivale al 11,24%. Seguido por Táchira con 4 casos, que constituyen el 4,49%. Bolívar, Lara, Miranda y Zulia presentan la misma cantidad de casos, cada una con 3. Esto se traduce en un 3.37% del total de casos para cada una de estas ubicaciones. 

Más cadenas 

Entre enero y agosto de 2025 registramos un aumento, tanto en la cantidad de cadenas transmitidas como en su duración respecto al mismo periodo del año pasado. En 2024 hubo 34 transmisiones, lo que sumó caso 60 horas de transmisión. Para agosto de 2025, ya se cuentan 74 cadenas, con poco más de 100 horas de transmisión. 

Gráfico 2. Total de cadenas y horas (redondeadas) por mes 

En principio, existe una relación entre los niveles de conflictividad y el incremento de las cadenas. El mes con mayor cantidad de transmisiones obligatorias fue julio, cuando se llevaron a cabo elecciones municipales. ¹⁷

Enero registró la mayor cantidad de horas con un total de 19, mismo mes con mayor cantidad de casos de violaciones a la libertad de expresión en este periodo de monitoreo, que coincidió con un pico represivo en el contexto de la toma de posesión presidencial. ¹⁸

Marco teórico metodológico

El registro parte de la libertad de expresión e información como derecho humano que corresponde a toda persona, independientemente de su oficio o profesión. Esto incluye entre las categorías frecuentes, no únicas, a: PARTICULARES: quienes no se dedican profesionalmente a la comunicación, pero que usan medios y recursos a su alcance, digitales o analógicos, para expresar ideas, opiniones o contenidos de interés público. PERIODISTAS, REPORTEROS/AS: personas que se dedican de manera profesional a la comunicación, o que constituye su dedicación principal o dominante.

Por CASO se entiende el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo evento o caso se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables, varias víctimas, así como varias DENUNCIAS de violaciones o restricciones al derecho. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

El registro se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron diferentes variables, entre ellas: área geográfica o espacio de ocurrencia; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, particulares, medios); tipología según el área de trabajo (fotógrafos, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías de violaciones:

AGRESIÓN: en el caso de personas heridas o golpeadas por civiles o por fuerzas de seguridad.

ATAQUE: estructura física de instituciones o personas dañadas o asaltados por la difusión de noticias u opiniones o contenidos.

AMENAZA: en forma personal, por teléfono, por mensajes de texto, voz u otra modalidad. Agresión a las propiedades de una persona, como por ejemplo, disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo, o ataques, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.

CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas o documentos de identidad negados o suspendidos arbitrariamente.

INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.

HOSTIGAMIENTO JUDICIAL: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio, periodista o ciudadano, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas y reporteros de revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

HOSTIGAMIENTO VERBAL: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación, periodistas o ciudadanos, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos, opiniones o contenidos específicos.

RESTRICCIONES LEGALES: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de expresión y de prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.

RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional o municipal.

MUERTE: periodistas o ciudadanos asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico, por o posiblemente a causa de buscar/difundir información, o por motivo de éste, luego de su realización.

Las descripciones de las categorías son generales, incluye ejemplos de denuncias registradas a modo de ejemplo, no configura una lista exhaustiva o cerrada.

Para validar las posibles causas de violaciones graves ¹⁹ en relación al ejercicio de la libertad de expresión, se revisan antecedentes sobre la difusión de contenidos, restricciones, amenazas u hostigamientos previos, así como las investigaciones judiciales que cumplan con las garantías legales del Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos. Ante la ausencia de investigaciones adecuadas, y la existencia de antecedentes restrictivos, se asume el ejercicio del derecho como causa de la violación hasta la aparición de nueva información corroborada o investigaciones penales debidas que demuestren lo contrario. Esto puede explicar la exclusión de casos en informes posteriores. 

Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en medios de comunicación a nivel nacional o regional, así como el testimonio de las víctimas y personas afectadas, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional e internacional. 

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes.