La relatora especial de la ONU para la situación de los defensores de derechos humanos advirtió que es “muy preocupante” la situación en Venezuela. Activistas advierten que el espacio cívico está a un paso de cerrarse.
Las agresiones, persecución, campañas de estigmatización y criminalización contra defensores de derechos humanos en Venezuela se triplicaron entre enero y marzo de 2021, apuntaron especialistas durante la presentación de un informe internacional sobre la materia.
El Centro colombiano para Estudios Legales, Justicia y Sociedad, conocido como De Justicia, y la Oficina de Washington sobre América Latina, WOLA, divulgaron un reporte titulado ‘Defendiendo los derechos humanos en Venezuela, retos de la sociedad civil al confrontar el cierre de espacios democráticos’.
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Marianna Romero, detalló en el marco del informe que en el primer trimestre del año en curso se registraron 181 situaciones que evidencian restricciones a la defensa de los derechos fundamentales en el país.
“Las principales agresiones y obstaculizaciones se enmarcan en actos de estigmatización y hemos visto un incremento en agresiones más violentas, allanamientos arbitrarios, apertura de procesos de judicialización”, señaló.
La cifra representa, en tan solo tres meses, más de la mitad de situaciones documentadas que comprometieron la vida de defensores de derechos humanos y la operatividad de sus organizaciones en todo 2020.
En el primer trimestre del año pasado, dijo, se documentaron 51 situaciones similares. “Es un aumento de 255% en esos ataques e incidentes de seguridad” contra los activistas, precisó Romero, abogada.
Consideró que la “política de criminalización” de defensores de derechos humanos y sus instituciones de parte del Estado venezolano ha pisado el acelerador desde 2018, particularmente impulsada por una doctrina de seguridad nacional con base en la “lógica del enemigo interno”.
Esas prácticas se traducen en estigmatización, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, amenazas e, incluso, juicios por financiación internacional, advirtió Romero en su intervención.
El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado vehementemente la veracidad de informes de instancias internacionales, como las Naciones Unidas, sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. El país, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha denunciado las “agresiones” de naciones como Estados Unidos por presuntos intereses de desestabilización política.
Clima «preocupante» y «hostil»
Mary Lawlor, relatora especial de la ONU para la situación de los defensores de derechos humanos, indicó que lo vivido por esos activistas en Venezuela es “muy preocupante” y consideró que el informe era “de suma importancia”.
“El clima para defensores de derechos humanos ha llegado a definirse por la intimidación y persecución”, en múltiples países del mundo, incluyendo a varios de América Latina, declaró al comentar lo expuesto por De Justicia.
Se dijo “inspirada” por el compromiso de los defensores de derechos humanos al no retroceder ante las “tácticas agresivas” que encaran, no obstante.
Lawlor llamó a la comunidad internacional a prestar atención a denuncias como las formuladas desde países como Venezuela e invitó a los países a pensar en la emisión de visas humanitarias temporales para defensores de derechos humanos para reforzar sus conocimientos y “tener un receso” de sus roles.
Ezequiel Monzalve, autor del informe, abogado y docente de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios especializados en justicia criminal, describió al Estado venezolano como “hostil” hacia los defensores de derechos humanos.
Opinó que su nación es “un espacio cívico totalmente reprimido” y acotó que se encuentra a un paso de cerrarse del todo. “Esto es dramático”, apuntó.
Precisó que hay “barreras” directas e indirectas que minan el trabajo de los activistas de derechos humanos en Venezuela, entre las que destacó la intencionalidad del Estado, la crisis generalizada y la poca interacción de las organizaciones civil con financistas internacionales.
Elogió la resiliencia de sus colegas, así como la “solidaridad masiva” que demuestran públicamente cuando alguno de ellos es atacado o perseguido.
Existe un movimiento de derechos humanos activo. Hay una sociedad civil en el país que sigue de pie”
Geoff Ramsey, director del programa para Venezuela de la WOLA
Geoff Ramsey, director del programa para Venezuela de la WOLA, expresó que ha notado “un estereotipo falso” en algunos espacios internacionales, incluso en círculos políticos de Washington, de que “la resistencia al autoritarismo” está en un punto muerto en el país suramericano.
“No podría estar más lejos de la verdad. Existe un movimiento de derechos humanos activo. Hay una sociedad civil en el país que sigue de pie”, enfatizó.
Hizo votos porque la comunidad internacional acentúe su búsqueda de maneras de mostrar solidaridad con los activistas venezolanos. “La OEA tiene una utilidad quizás limitada en el terreno, pero hemos visto un crecimiento enorme de la participación de la ONU en Venezuela”, puntualizó.
Se preguntó, a su vez, si la izquierda latinoamericana y gobiernos de esa tendencia como los de México y Argentina podrían participar en la promoción de derechos humanos en Venezuela como un “principio moral”.
