La negativa del gobierno nacional de aumentar el sueldo mínimo, obliga a que los trabajadores venezolanos tengan que “ingeniárselas” para intentar cubrir sus necesidades más básicas
(07-04-2024) Desde el pasado 15 de marzo de 2022, el salario mínimo mensual en Venezuela se estancó en 130 Bolívares. En su momento, este monto equivalía a 30 dólares americanos, la moneda de mayor circulación en Venezuela.
Hoy, después de más de 750 días sin un nuevo aumento salarial, ese mismo monto equivale a 3.59 dólares.
Que el Estado venezolano no haga un incremento en el sueldo mínimo, no solo vulnera los derechos económicos y sociales de los trabajadores venezolanos, también va en contra del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, establece que:
“Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales”.
Además, las leyes venezolanas señalan que el aumento salarial se debe hacer cada año y tomando como base el costo de la canasta básica.
El gobierno se dedicó a “bonificar” los salarios, como una forma de frenar la inflación y, además, de no generar ningún tipo de incidencia en los beneficios laborales y contractuales.
Con estos bonos, que no llegan a todos los trabajadores, el salario mínimo integral, difícilmente supera los 100 $ mensuales.
Para febrero de 2024, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM); un docente venezolano necesitaba en promedio -al menos- 26 salarios, para poder cubrir la Canasta Alimentaria Familiar que, para ese mes, se ubicó en 548,65 dólares o 20.050,61 Bs.
En febrero, un Docente VI -el mayor escalafón- devengó un salario de $36,06, a lo que se suma el equivalente a $40 por bono de alimentación y $ 60 del Bono de Guerra Económica que no tienen incidencia alguna en los beneficios de ley como aguinaldos, prestaciones, vacaciones, entre otros y, por tanto, no se pueden considerar parte del salario mínimo oficial; pues, al no estar los bonos en ninguna legislación, el Estado puede optar, incluso por eliminarlos, en el momento que así lo desee.
Con estos «salarios de hambre», los trabajadores venezolanos no pueden tener ninguna garantía de alimentación, salud, educación y entretenimiento que, de acuerdo con la Constitución, deberían gozar quienes dedican su vida al trabajo y desarrollo del país.
