Se cierra el cerco sobre el espacio cívico venezolano

DW

Venezuela sigue los pasos de Nicaragua en su intento de restringir la acción de diversas ONG en el país. Expertos analizan la situación en esta columna.


(09-06-2022). Larry Diamond, investigador y director del Journal of Democracy, le atribuye a la sociedad civil un rol relevante en el establecimiento y desarrollo de las democracias. En su estudio “Repensar la Sociedad Civil” (1997), Diamond sostiene que las organizaciones de la sociedad civil cumplen, entre otras, las siguientes funciones democráticas: proveer las bases para la limitación del poder estatal, así como del control del Estado por parte de la sociedad; promover en la ciudadanía una mayor percepción y conciencia de sus derechos y obligaciones, y difundir información relevante para que los ciudadanos puedan defender de manera colectiva sus derechos e intereses.

La existencia de una vigorosa sociedad civil organizada limita los posibles desvíos y abusos en el ejercicio del poder estatal. De allí que muchos gobernantes perciban a estas organizaciones ciudadanas como obstáculos y busquen, por tanto, restringir sus actuaciones. Así lo ha venido constatando desde hace más de una década la Organización de Naciones Unidas: “En la actualidad, el espacio cívico está sometido a presión. Se multiplican las leyes represivas, que acarrean mayores restricciones a la libertad de expresión, participación, reunión y asociación”. De allí que en el año 2010 se decidió en el seno de esta organización establecer un Relator Especial para la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en todo el mundo.

El espacio cívico es uno de los pocos ámbitos que le va quedando a la sociedad venezolana para intentar limitar los excesos del poder estatal. Luego de más de veintidós años gobernando Venezuela, el chavismo-madurismo ha logrado de forma progresiva desmontar el Estado de derecho y debilitar las instituciones democráticas encargadas de limitar el ejercicio del poder político. Así lo afirma Lissette González, socióloga y coordinadora de investigación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA): “En Venezuela, la sociedad civil organizada es una de las voces independientes y críticas al régimen que se mantiene firme y sin descrédito. Muchos partidos políticos han sido intervenidos por decisiones judiciales y eso ha debilitado mucho su capacidad para ser portavoces respecto a la situación del país. Lo mismo ocurre con el movimiento sindical, que ha sido atacado y debilitado de forma sistemática desde el inicio del Gobierno de Chávez”.

El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, también utiliza la vía judicial para frenar la disidencia.

El pasado 4 de mayo, la Asamblea Nacional venezolana, controlada por el oficialismo, anunció que había retomado la discusión del “Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional”. Ante esta noticia, *500 organizaciones de la sociedad civil venezolana y 250 personas emitieron el 18 de mayo pasado un comunicado rechazando el proyecto: “Con este proyecto de ley, se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria. A su vez, queda clara la intención de controlar y castigar a toda persona u organización que no se sujete a su interpretación, lo cual abarca a toda la sociedad civil nacional y a las organizaciones internacionales”.

El aprendizaje autocrático Nicaragua-Venezuela

Lissette González explica que “en los últimos 20 años, los gobiernos autoritarios han desarrollado nuevos mecanismos para acallar con un menor costo político a las disidencias democráticas internas. Es ya una práctica común el que esas recetas sean copiadas o compartidas entre Estados autoritarios aliados como Nicaragua, Cuba, Rusia o Venezuela”.

Un típico ejemplo de aprendizaje autocrático entre Nicaragua y Venezuela ha sido la adopción por ambos países de un mecanismo de intervención judicial y cooptación de partidos políticos opositores. Así lo explica Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia: “Lamentablemente la escuela nicaragüense ya la ha seguido el régimen venezolano con anterioridad. El gobierno de Daniel Ortega fue el primero que intervino uno de los partidos de la oposición y le entregó la dirección de esa organización política a un grupo más proclive, escogido por el gobierno. Dos años después, el régimen venezolano hizo exactamente lo mismo y esta vez no con uno, sino con varios partidos de la oposición democrática venezolana (Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática). Por ello, no sería de extrañar que el régimen venezolano siga también la estrategia nicaragüense de ataque a la sociedad civil organizada”.

El modelo nicaragüense de cierre del espacio cívico ha consistido en el establecimiento de leyes dirigidas a impedir el trabajo de la sociedad civil, según Rafael Uzcátegui, Coordinador General de PROVEA. “A partir de la aprobación de esas ‘leyes’ por parte de una Asamblea Nacional controlada por el Ejecutivo, se ha establecido un mecanismo seudolegal que, simulando respeto al debido proceso, le permite al régimen de Ortega ilegalizar de manera arbitraria a cualquier organización independiente de la sociedad civil nicaragüense. La ilegalización conlleva la pérdida de la personalidad jurídica de la asociación y la confiscación de sus bienes, con lo cual la organización queda imposibilitada para seguir operando en el país”.

El cierre del espacio cívico como política de Estado en Venezuela

La alianza global de organizaciones de la sociedad civil CIVICUS califica anualmente la calidad del espacio cívico de 196 países. A través de una metodología que analiza las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, se establecen cinco categorías: abierto, estrecho, obstruido, reprimido o cerrado. En su índice del año 2021, CIVICUS clasificó al espacio cívico venezolano como “reprimido”: “La actuación de las organizaciones de la sociedad civil está restringida por un marco normativo represivo y un entorno hostil. Sigue en vigor la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional de 2010, que prohíbe a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos políticos recibir financiación extranjera. En 2020 y 2021, las autoridades establecieron requisitos adicionales de registro y presentación de informes que suponen trabas burocráticas para las organizaciones y restringen su funcionamiento”.

En ello coincide el abogado Daniels, para quien es muy evidente que “desde hace varios años se viene produciendo en Venezuela de manera real y efectiva el cierre del espacio cívico: Javier Tarazona [Fundaredes] está preso; Marino Alvarado [Provea] y el Padre Alfredo Infante [sacerdote jesuita] están bajo libertad condicional y pueden ser detenidos en cualquier momento; la ONG Acción Solidaria fue allanada y los miembros de la ONG ‘Azul positivo’ fueron detenidos y torturados por su orientación sexual”.

Durante el 2021, la organización civil “Centro para los Defensores y la Justicia” registró 743 ataques por parte del Estado venezolano en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria en el país. Los principales patrones de agresión y amedrentamiento fueron: estigmatización (502); intimidación y hostigamiento (125); amenaza (50); detenciones arbitrarias (16); judicialización (15); allanamientos (5); y ataques digitales (13).

El Proyecto de Ley de Cooperación Internacional

Esta política estatal de ataque continuo al espacio cívico venezolano, así como la reciente experiencia nicaragüense, explican la natural preocupación y rechazo de las organizaciones civiles venezolanas al proyecto de ley sobre la cooperación internacional. Se teme que con este proyecto suceda lo mismo que con la “Ley contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” (2017), donde una descripción vaga sobre lo que significan delitos de “odio” otorgó al régimen de Nicolas Maduro un amplio poder para cerrar “legalmente” medios de comunicación independientes, censurar a la disidencia y perseguir a defensores de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil y periodistas.

Manifestación por la libertad de prensa en Caracas, en mayo de 2016.

Según Rafael Uzcátegui de PROVEA, lo que realmente pretende el gobierno de Nicolas Maduro con este proyecto de ley es canalizar todos los recursos de la cooperación internacional hacia el Estado venezolano. A través de un fondo centralizado, el gobierno de Maduro podría controlar y utilizar en su beneficio los recursos provenientes de la cooperación internacional.

Igualmente, se pretende obstaculizar el trabajo que realizan las ONG en el país. Prohibir el financiamiento internacional es una forma muy efectiva de restringir la capacidad de las ONG venezolanas para criticar e incidir sobre la situación política, social y económica del país. Esta pretensión contradice la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, cuyo texto establece como parte integral de la libertad de asociación el derecho de las organizaciones civiles a acceder a financiamiento nacional o internacional.

Se busca ilegalizar a las ONG venezolanas defensoras de derechos humanos para Impedir que continúen sustanciando y elevando denuncias ante instancias internacionales. Esto, con el fin de evitar investigaciones como la que actualmente está realizando la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por el gobierno de Nicolas Maduro.

Frente a la posible aprobación de una ley que, bajo amenaza de ilegalización, obligue a las ONG a registrarse y entregar información sensible al Estado venezolano, podría suceder que algunas de ellas prefieran bajar su perfil público para intentar mantener sus labores dentro del país. Esto podría generar una potencial división en la cohesión de las ONG del país. “Divide y vencerás”, pareciera ser la estrategia, tal y como sucedió en el ámbito de los partidos políticos y en el de los medios de comunicación social.

En el pormenorizado “Análisis jurídico del proyecto de Ley de cooperación internacional”, elaborado por la ONG Acceso a la Justicia, se concluye que este “es un proyecto con fines de persecución, en clara violación al derecho de libertad de asociación, de dar y recibir ayuda humanitaria, y al derecho a defender derechos”.

El aprendizaje democrático

Pese a esta difícil realidad, Lissette González, de PROVEA, ve un horizonte de lucha en los siguientes términos: “Las ONG venezolanas formamos parte de distintas redes internacionales como la ‘Coalición por la libertad de Asociación’ o la ‘Federación Internacional por los Derechos Humanos’. A través de encuentros, foros, conferencias y seminarios, discutimos sobre el cierre de los espacios cívicos e intercambiamos experiencias sobre cómo resistir y combatir estos avances autoritarios”.

Este es un hecho alentador pues, así como los regímenes autoritarios se apoyan unos a otros y comparten sus modos y prácticas autocráticas, también las organizaciones civiles democráticas de los distintos países, aparte de mantener una relación estrecha con los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, han venido construyendo redes internacionales para apoyarse mutuamente y desarrollar modos alternativos de resistencia frente a los embates de los autoritarismos.

(ers)

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