Elena, conocida por su trabajo como activista política en el estado Bolívar, enfrenta miedo, separación familiar y precariedad económica tras ser víctima de la represión postelectoral de 2024. Los efectos de la persecución política se reflejan en exilios forzados y ciudadanos que viven en resguardo por temor a ser víctimas de la represión.
Fuente original: Crónica Uno.- Puerto Ordaz. Hace 15 meses, Elena salió de su casa sin saber si regresaría. No fue una mudanza ni un viaje de placer, sino un exilio forzado. El término “exilio forzado” se usa cuando una persona se ve obligada a huir de su país por temor a represalias, persecución o violencia política.
Desde entonces, su vida transcurre entre la incertidumbre y la esperanza, lejos de su país, al que teme volver mientras persista la persecución política en Venezuela.
Elena no cometió ningún delito. Sin embargo, fue jefa de campaña del Comando Con Venezuela en el estado Bolívar durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Ese comité de campaña —una estructura de coordinación electoral encabezada por la líder opositora María Corina Machado— trabajó para apoyar la candidatura de Edmundo González.
Ese cargo, suficiente para las autoridades de Nicolás Maduro, la convirtió en blanco de una posible detención.
“Tuve que dejarlo todo por miedo. Salí de mi pueblo y desde entonces no he podido volver”, relató a Crónica Uno desde el lugar que le sirve de refugio en el exilio.
En la lista
Tras los comicios, su nombre apareció en un listado de diferentes cuerpos de seguridad, con nombres de personas a detener. Su casa, en el estado Bolívar, fue allanada varias veces.
“Empecé a buscar refugio en distintos lugares, cambiando de techo cada pocos días, hasta que entendí que debía salir del país si quería mantenerme a salvo”, recordó.
La separación de sus hijos la sumió en una crisis que afectó tanto su salud mental como su estabilidad económica. Sin planteárselo, Elena ahora forma parte de los más de 7.000.000 de venezolanos que han abandonado el país en la última década, según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), lo que convierte esta crisis migratoria en una de las más grandes del mundo.
“Mi salud fue afectada grandemente y comencé a tener depresión, ansiedad y ataques de pánico. Económicamente mi situación es caótica. Vivo mi proceso sola. Mis hijos tuvieron que irse a Brasil, buscando un lugar donde pudieran tener estabilidad y seguridad”,agregó.
Hoy, en el exilio, Elena sobrevive con lo justo, aferrada a la fe en que su situación actual no será eterna.
A pesar de todo, no ha perdido la esperanza. “Pronto regresaré a mi país con toda la disposición de trabajar activamente en su recuperación. Confío”, dijo con firmeza.
Castigos “ejemplarizantes”
El testimonio de Elena no es un caso aislado. Las detenciones de dirigentes políticos y sindicales se han convertido en castigos “ejemplarizantes” para el resto. En Guayana, una región marcada por la lucha sindical, los reclamos laborales también se transformaron en motivo de persecución.
La región de Guayana —en el sur de Venezuela— concentra las llamadas “empresas básicas”, industrias estatales de hierro, acero y aluminio que han sido históricamente el corazón económico del país.
“Más de una vez, varios compañeros hemos tenido que resguardarnos. En el pasado ha habido órdenes de captura por denunciar o estar en protestas laborales. Esta vez nos persiguen por haber apoyado a María Corina y Edmundo”, reveló un dirigente sindical.
Desde agosto de 2024, los trabajadores evitan hablar sobre la situación de las empresas básicas y mucho menos ofrecer declaraciones críticas hacia la administración de Nicolás Maduro. El control político sobre los sindicatos —que en otros tiempos fueron bastiones de autonomía obrera— se ha intensificado mediante amenazas, despidos y detenciones.
En la dirigencia política ocurre lo mismo. Los partidos guardan silencio, sin pronunciamientos siquiera ante las detenciones registradas en los últimos meses. Ese silencio —una mezcla de miedo, censura y autocontrol— refleja cómo la persecución ha logrado fracturar el debate público y el ejercicio político opositor.
“Yo fui testigo de mesa y me tocó irme de la ciudad por varios meses. Tenía mucho miedo. Todavía lo tengo. Sigo bajo perfil tanto que no soy capaz de tomarme un café en la calle. Es increíble lo que lograron con el miedo. Incluso con los políticos que detienen gente y no salen ni a pedir su libertad”,expuso Fiorella, dirigente comunitaria.
Patrón continuado
Entre enero y agosto de 2025 se han registrado al menos 13 detenciones políticas en el estado Bolívar, con solo una excarcelación. En 2024, tras las elecciones presidenciales, hubo al menos 67 aprehensiones por motivos políticos en la entidad.
Estas cifras —documentadas por organizaciones de derechos humanos como Foro Penal y Human Rights Watch— muestran que el patrón represivo continúa un año después de los comicios.
El miedo persiste al comprobar que la ola represiva no se detiene. Más aún cuando, recientemente, Maduro volvió a mencionar la aplicación VenApp —una aplicación móvil oficial lanzada en 2022 para reportar fallas en servicios públicos como agua o electricidad— como una herramienta de “vigilancia ciudadana”, al permitir denuncias anónimas contra opositores mediante una categoría denominada “guarimba fascista”, término utilizado por el gobierno para referirse de forma despectiva a las protestas opositoras.
El uso de tales tecnologías de vigilancia refuerza el mensaje de que la disidencia puede costar la libertad, y funciona como una forma de control social digital, lo que complementa los métodos tradicionales de represión física.
La historia de Elena —como la de miles que han tenido que cruzar una frontera para salvar su vida— deja al descubierto una herida profunda en el país: el miedo convertido en norma. En Venezuela, el silencio se volvió mecanismo de defensa y la esperanza, un acto de resistencia.
Tal vez, cuando Elena vuelva, no encuentre la misma tierra, pero sí un lugar donde la palabra “volver” ya no sea sinónimo de peligro.
