Por: Gabybuada y @LuciferRamirezG
La semana dejó escenas distintas, pero atravesadas por la misma sensación de fondo: La de un país que sigue esperando respuestas.
El jueves, 26 de febrero, otra vez, trabajadores públicos salieron a la calle. No es una novedad, pero sí es un síntoma persistente. Con 1.449 días sin aumento del salario mínimo, el reclamo ya no suena a consigna aislada, sino a desgaste acumulado.
Jubilados, docentes, empleados administrativos repitieron lo que llevan años diciendo: que 130 bolívares no alcanzan, que los bonos no sustituyen el salario, que trabajar no puede ser sinónimo de empobrecerse. No hubo anuncios oficiales que cambiaran el panorama. Solo pancartas, voces y la insistencia de seguir allí.
Este 15 de marzo se cumplirán 4 años sin aumento salarial en Venezuela. Por ello, distintos gremios de la fuerza laboral salieron a protestar para exigir acceso a un sueldo digno.
“Este pliego es una exigencia que tiene el objetivo de recuperar el valor de la fuerza de trabajo, el salario y revertir la desigualdad social de los trabajadores”, dijo la profesora Raaquel Figueroa, miembro de la Unidad Democrática del sector educativo en Parque Caracas, este 26 de febrero, donde sostuvieron que en Venezuela el salario no es verdaderamente remunerado porque no responde a lo contemplado en la Constitución ni cubre las necesidades básicas de la población trabajadora.
Durante la protesta denunciaron que el movimiento de trabajadores en Venezuela enfrenta una política deliberada de destrucción del salario y del valor del trabajo.
En La Guaira también salieron a alzar sus voces
´´ Otra de las cosas que estamos solicitando es iniciar las conversaciones de los contratos colectivos. No tenemos nada, ni HCM, ni seguro. Se deben restituir todos los beneficios, e incluso el derecho a protestar cuando se siente que el patrón no nos cumple con las demandas laborales», así firmaron representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar Filial Litoral.
La protesta exigió además de salarios dignos poder vivir en democracia y ejercer todos sus derechos.
Renuncias y rosca de cargos que revictimizan a los familiares
La renovación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo exige ruptura con la impunidad y evaluación de responsabilidades institucionales. Varias organizaciones suscribimos comunicado.
Alertamos que la designación de Devoe como Fiscal “encargado” y Saab como Defensor “encargado” vulnera las normativas de ambos organismos. El artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que las faltas absolutas del Fiscal, como la renuncia, serán suplidas por el Vicefiscal o la Vicefiscal. Por su parte, la falta absoluta del Defensor, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, sería suplida por el Director o Directora Ejecutiva de la institución.
Freddy Superlano, por fin sin grillete
El dirigente opositor de Voluntad Popular, relató las duras condiciones que vivió durante su detención en la prisión El Rodeo I.»Es lo más parecido a un campo de concentración que a una cárcel convencional», dijo al referirse de lo vivido en prisión.
Superlano señaló que el impacto emocional que vivió fue la separación de su familia, particularmente la angustia que vivieron sus hijas debido a su encarcelamiento.
A pesar de las dificultades, Superlano aseguró que la causa por la que luchan sigue siendo más fuerte que nunca. Después de casi 19 meses bajo arresto, fue liberado bajo una medida de detención domiciliaria que le fue retirada tras 16 días, certificando finalmente su libertad plena.
El dirigente opositor insistió en la necesidad de liberar a todos los presos políticos y afirmó que cualquier mecanismo que facilite su excarcelación debe ser apoyado. Recalcó además que todas las personas que están siendo liberadas deben pasar por un proceso de reinserción amplio.
Frustrada amnistía
Tras la aprobación de la nueva Ley de Amnistía en Venezuela, en la última semana de febrero, centenares de familiares y excarcelados se concentraron frente al Palacio de Justicia de Caracas para intentar presentar sus solicitudes ante los tribunales, buscando que se les reconozca el beneficio y se ponga fin a procesos penales o medidas cautelares.
No obstante, lo que exhibieron estas jornadas no fue solo esperanza, sino también frustración: Se formaron colas largas bajo el sol, con personas esperando por horas para intentar entregar documentos que, en muchos casos, fueron devueltos o rechazados por los funcionarios judiciales que alegaban falta de despacho o ausencia de directrices claras para recibir las solicitudes.
Las denuncias se multiplicaron. Abogados, excarcelados y activistas señalaron retrasos administrativos, trabas formales y falta de información precisa sobre los procedimientos que deberían seguirse para acogerse a la amnistía, pese a que la ley misma establece plazos para que los jueces respondan.
Algunos denunciaron que los tribunales no estaban aceptando los escritos o que desviaban a los ciudadanos a la defensa pública sin tramitar las peticiones directamente, lo que ha generado malestar entre quienes llevan años judicializados por motivos políticos o que buscan recuperar su completa libertad.
Este cúmulo de quejas se da en un contexto más amplio en el que, aunque el Gobierno asegura que miles de personas han recibido beneficios de la ley – incluidas miles de libertades plenas para quienes estaban bajo medidas cautelares – organizaciones como el Foro Penal y familiares de los detenidos sostienen que la aplicación práctica es lenta, opaca y excluyente para muchos, especialmente para casos que no encajan fácilmente en los criterios definidos por la norma.
A la vez, estas jornadas frente a los tribunales reflejan no solo el peso de la burocracia, sino también la urgencia de miles de personas por ver sus derechos restituidos de manera efectiva y sin más obstáculos.
Huelga de hambre en El Rodeo
Desde la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), familiares de presos políticos cuyos casos quedan por fuera de los posibles beneficiados por la Ley de Amnistía por la Convivencia y Paz, consideran que dicha ley es “una burla”.
“Sabemos que hay casos a los que no nos acobija esta ley, pero existen familias esperando por este indulto”, señaló Hiowanka Ávila, quien pernocta en el Rodeo I.
Desde una rueda de prensa ofrecida el lunes, 23 de febrero, resaltaron que hay familiares que han llevado la documentación al Ministerio Público y no han recibido respuestas por parte de los funcionarios.
Andreina Baduel, hermana de Josnars Baduel recluido en el Rodeo I, aseguró que 213 presos de ese recinto carcelario se encuentran en huelga de hambre. 81, también en huelga de sed.
Sobre las personas liberadas, el Comité por la Libertad de Presos Políticos indicó que no todos gozan de libertad plena debido a que muchos de ellos siguen con medidas restrictivas.
Baduel sostiene que los familiares de Rodeo I no han considerado sumarse a la huelga de hambre que iniciaron los reclusos. Insiste en que el desgaste físico no se los permite. Sin embargo, tomarán otras acciones como forma de presión.
Con respecto a la huelga de los presos que comenzó el jueves, 19 de febrero, la activista sostiene que no tiene mayor información de cómo se encuentran de salud debido a que las visitas les fueron suspendidas a los que forman parte de la medida de protesta.
Al final de la semana, la mayoría de los reclusos levantaron la huelga. Solo los de nacional extranjera la mantuvieron.
Hasta ahora, El Rodeo es el centro de reclusión con más excarcelados, pese a que el diputado Jorge Arreaza y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciaron el 20 de febrero que Helicoide y Zona 7 serían los primeros centros con liberaciones.
La eterna espera en Zona 7
La llegada de la ambulancia de la Cruz Roja a los distintos centros penitenciarios del país se ha convertido en el primer signo de esperanza para los familiares que aguardan afuera, a la espera de noticias sobre los suyos.
Tras las revisiones médicas, horas después comienzan a producirse las liberaciones que, aunque fueron anunciadas el 8 de enero de 2026 por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en muchos casos arrastran meses e incluso años de espera.
Sin embargo, no en todos los recintos el panorama es igual. En la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, conocida como la antigua Zona 7 de la Policía Metropolitana, la incertidumbre se prolonga. Allí, los familiares aseguran que la espera se hace cada vez más larga y que ya no saben qué hacer para que sus casos sean tomados en cuenta.
El mayor temor recae sobre 12 reclusos cuyos cargos los ubican en la lista de casos no amnistiables. Por ellos, durante una rueda de prensa, sus parientes pidieron al Estado que los escuche y revise sus situaciones.
Sandra Rosales, esposa de Dioni Quintero, explicó que en el Palacio de Justicia les indicaron que debían esperar el proceso, ya que habría aproximadamente 1.500 personas por evaluar.
“Me dirigí a la parte de recursos humanos y lo que nos sugirieron fue que hiciéramos un escrito dirigido al diputado Nicolás Maduro (hijo) y solicitáramos un habeas corpus”, relató.
Rosales leyó un documento elaborado junto a otros familiares señalados por un presunto acto terrorista en el que se habría planteado el uso de explosivos en Plaza Venezuela.
“Apelando a la comprensión de la realidad del Estado de derecho venezolano, entendiendo que es un proceso político y no de delito común. Somos familiares de funcionarios y civiles que no están implicados y a quienes se les violaron sus derechos al momento de haber sido aprehendidos”, expresó.
También aseguró que su vivienda fue allanada sin que se encontraran pruebas que sustentaran las acusaciones.
“Nosotros en Zona 7 hemos sido excluidos hasta de que se abran las puertas. Ni siquiera por la huelga de hambre que hicimos”, sostuvo Narwi Gil, la última de las 11 mujeres que resistió durante 134 horas la huelga de hambre que emprendieron como medida de presión.
Caracazo nunca mas
El 27 de febrero, el oficialismo marchó para conmemorar El Caracazo. La fecha siempre pesa. Pero esta vez la imagen fue otra: música, risas, gente compartiendo bebidas, un ambiente más cercano a acto político festivo que a jornada de duelo. La memoria histórica quedó envuelta en consignas y celebración, en contraste con lo que representa aquel estallido social de 1989 y sus cientos de muertos.
Mientras tanto, en otros puntos de la ciudad, las colas hablaban en voz baja. La discusión sobre la amnistía encendió expectativas y movió a familiares a buscar información. Hubo quienes llegaron temprano, con nombres anotados en papeles doblados, preguntando si sus hijos, esposos o hermanos estaban incluidos.
Cofavic conmemoró 37 años de su fundación
37 años de El Caracazo donde las víctimas se convirtieron en el motivo firme de la exigibilidad de no más violaciones de derechos humanos en el país. Una organización que con su trabajo ha preservado la memoria y que hoy a sigue exigiendo justicia, reparación y garantías de no repetición junto a otras víctimas de la persecución y amenaza política.
Excarcelados todos los periodistas pero SNTP denuncia que continúan las amenazas a la libertad de expresión
Jonathan Carrillo, preso desde julio de 2022, fue excarcelado con medidas cautelares, mientras que Pedro Urribarri, detenido desde mayo de 2025, tiene libertad plena.
Jonathan Carrillo, preso desde julio de 2022, fue excarcelado con medidas cautelares. Pedro Urribarri, detenido desde mayo de 2025, tiene libertad plena, dijo a Efe el secretario general del SNTP, Marco Ruiz.
«Ya no hay ningún periodista ni trabajador de la prensa que esté detenido», dijo el activista.
En esta primera semana de la amnistía fueron excarcelados tres periodistas, dos con libertad plena, entre ellos también Marifel Guzmán, quien estuvo detenida desde febrero de 2025 hasta el martes, según el sindicato.
Sin embargo, el SNTP continúa denunciando el cierre de emisoras en el país, como parte de la política de Estado para continuar con la censura en el país.
Voces liberadas
Esta semana desde Caleidoscopio Humano publicamos la guía Voces Liberadas un esfuerzo de la mano del periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz y nuestra directora, Gabriela Buada Blondell, pensando en el tratamiento más humano que se le puede dar a amigos, familiares excarcelados por motivos políticos en Venezuela.
La guía está diseñada para periodistas, familiares y amigos que desean brindar un trato humano y empático a las personas excarceladas. Reconocer sus experiencias, comprender sus necesidades y ofrecer un acompañamiento respetuoso. Son pasos fundamentales para promover su bienestar emocional y facilitar su proceso de reintegración.
Confirmadas y verificadas 683 excarcelaciones por el equipo de monitoreo y documentación de #CaleidoHumano
Luego de la aprobación y la promulgación en Gaceta Oficial de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática el pasado jueves #26Feb seguimos exigiendo que se agilice el proceso, ya que nos preocupa la lentitud en las liberaciones.
Nos preocupa la tercera muerte bajo custodia que se registró esta semana. Ricardo Ramírez Thiel, quien tenía 8 años en prisión y que su familia había denunciado maltratos, restricciones para la recepción de alimentos y medicinas.
Cada segunda cuenta para estas personas y familias que siguen necesitando abrazarse para hablar de verdad de reconciliación.
Al cierre de este reporte se nos informa la posible liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado. Hubo visita diplomática a los extranjeros que permanecen en El Rodeo este domingo 1 de marzo.
