Las muertes recientes de varios pacientes pediátricos responden a la falta de estos procedimientos y las carencias en distintos ámbitos de salud
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un mensaje contundente el 4 de agosto al régimen de Nicolás Maduro: que se movilicen los recursos necesarios para retomar los trasplantes de órganos y tejidos para garantizar salud y vida a niños, niñas y adolescentes en Venezuela.
A finales del mes de julio, los relatores especiales de la CIDH escucharon las denuncias de varios niños y adolescentes con condiciones de salud crónica. En total, 12 pacientes habían solicitado esa audiencia con el organismo, pero ese día resonó la ausencia de Jeandel Silva, uno de los peticionarios que falleció el 29 de abril a la espera de un trasplante renal.
La historia de Jeandel se repitió el martes 3 de agosto, cuando se confirmó el fallecimiento de Niurka Camacho, una de las adolescentes que habló ante los relatores semanas antes.
«Mi experiencia en el hospital ha sido muy difícil porque he visto a compañeros morir a la espera de un trasplante y no quiero que a mí me pase lo mismo. Por eso pido que se reactiven los trasplantes, quiero una mejor calidad de vida”, dijo Niurka durante su intervención.
La paciente, quien había cumplido recientemente 15 años de edad, no pudo alcanzar su sueño de recibir un trasplante y una segunda oportunidad de vivir.
Sin trasplantes y con más personas en diálisis
La falta de trasplantes en Venezuela es una consecuencia de la crisis humanitaria, la falta de planificación nacional y las carencias en los hospitales. Esto llevó a la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) a paralizar el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT).
Con ese programa, los hospitales mantenían un mecanismo para captar órganos de donantes que fallecieron, preservarlos, seleccionar a un receptor y coordinar el trasplante. Todo esto dejó de hacerse definitivamente el 1° de junio del año 2017.
Desde entonces, organizaciones de pacientes y defensa para los derechos humanos han hecho protestas y denuncias ante instancias internacionales para reactivar los trasplantes y mejorar las condiciones hospitalarias.
Algunas de las personas más afectadas por esta suspensión son los pacientes renales crónicos. La medida de Fundavene les da pocas opciones para sobrevivir, la más común es permanecer en diálisis indefinidamente, pero a la larga este tratamiento se vuelve deteriorante. Entre el 21 de abril y el 1° de mayo de 2021, por ejemplo, fallecieron cinco niños en fallas renales solo en la ciudad de Caracas.
El aumento de demanda de cupos en las unidades de diálisis también es un problema, debido a que muchas máquinas dializadoras en el país presentan fallas por carencia de agua o energía eléctrica.
Pocas opciones para trasplantes en Venezuela
En Venezuela, quienes necesitan un trasplante renal o hepático solo pueden optar a este procedimiento si cuentan con un familia que sea donante vivo. De acuerdo con la ley venezolana, este debe tener hasta quinto grado de consanguinidad para garantizar que sea compatible.
Luego de que se confirma la existencia de un donante vivo, el paciente puede buscar un cupo para cirugía en algún centro de salud. Actualmente solo tres instituciones hacen este procedimiento: el Hospital Militar Carlos Arvelo, la Clínica Santa Sofía y la Policlínica Metropolitana, todos ubicados en Caracas.
El trasplante puede costar casi 90.000 dólares en clínicas privadas. En el Hospital Militar no tiene costo alguno, pero el paciente debe hacer todos los exámenes, adquirir los medicamentos e insumos por su cuenta, incluso los inmunosupresores para evitar un rechazo temprano del órgano.
Una de las denuncias que hicieron los niños y adolescentes a las CIDH en julio fue el abastecimiento irregular de inmunosupresores, lo que pone en riesgo los órganos ya trasplantados.
Katherine Rangel, de 27 años de edad, se sometió a un trasplante renal en el año 2020 en el Hospital Militar. Aunque la cirugía fue exitosa en febrero tuvo complicaciones por las dosis de inmunosupresores que recibía. Dos meses después, su organismo comenzó a rechazar el riñón.
Durante varios meses realizó campañas para recolectar fondos para pagar exámenes y tratamientos con la esperanza de no perder el trasplante. Sin embargo, su salud se deterioró aceleradamente y falleció el 24 de julio.
Crisis hospitalaria
Las malas condiciones en los hospitales públicos también fueron expuestas recientemente ante la CIDH. El hospital de niños J.M. de Los Ríos en Caracas es un reflejo de la crisis humanitaria.
No es casualidad que los niños y adolescentes que solicitaron la audiencia sean pacientes de allí. Aunque todos ellos cuentan con unas medidas cautelares dictadas por ese organismo, su derecho a la salud es vulnerado constantemente.
Actualmente, el centro de salud carece de los insumos más básicos como jeringas, jelcos y obturadores para recibir los tratamientos. La falta de equipos de transfusiones le impide a niños con enfermedades hematológicas recibir donaciones de sangre, plaquetas o concentrados globulares.
Algunos mueren esperando una transfusión. Esto le ocurrió a Briana Chirinos, de 6 años de edad, el 8 de julio. La niña tenía leucemia y luego de recibir quimioterapia se desplomaron sus valores de la sangre. Necesitaba varias bolsas de plaquetas para recuperarse, pero no recibió todas a tiempo y su salud decayó.
En ese mismo mes fallecieron otros dos pacientes, pero del servicio de Nefrología. Elio Bravo, de 16 años de edad, y Elvis Hernández, de 10 años, murieron sin la posibilidad de optar por un trasplante renal y tener una mejor calidad de vida.
