El informe también denuncia que la identidad de algunos de los funcionarios que participaron y que pudieran tener responsabilidad en los crímenes perpetrados no han rendido cuentas ante la justicia
(09-01-2021) Este sábado, 8 de enero, la ONG Provea denunció que al cumplirse un año de la masacre de La Vega, un operativo policial en la que fueron asesinadas 23 personas por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), aún persiste el «silencio absoluto» y una «impunidad escandalosa» en el caso.
El informe presentado por el Centro Gumilla, Provea y Lupa por la Vida sobre los hechos ocurridos en el oeste de la capital, señala que las «Ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la masacre de La Vega podrían constituir crimen de asesinato como crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional».
Las organizaciones también destacan que luego de un año de los lamentables acontecimientos, incluso tras denuncias formales de familias que acudieron a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de Venezuela: «No se conoce avance en las investigaciones».
Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades venezolanas a investigar a los autores materiales y la cadena de mando con responsabilidad en los crímenes perpetrados en la masacre de La Vega.
«Personas como la Almirante Carmen Meléndez, quien en su momento era la que dirigía todos los organismos policiales en Venezuela, al frente del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz; a José Miguel Domínguez, director de las FAES que dirigió el operativo; como a otros funcionarios que participaron», se lee en el texto.
Política de Estado
Las organizaciones alertan que la masacre de La Vega es el resultado de una política de Estado con ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas contra la población civil en las zonas pobres de Venezuela, las cuales podrían constituir crímenes de derecho internacional.
«Una política apuntalada por una impunidad estructural que favorece la repetición de las violaciones con pleno conocimiento de las más altas autoridades del Estado venezolano», denuncia el informe.
El silencio del MP
Marino Alvarado, Coordinador de Investigación de Provea, destaca que el informe insta a que El Ministerio Público dé a conocer la identidad de cada una de las víctimas del operativo policial militar que culminó en una masacre: “El Ministerio debe garantizar protección a los testigos claves y familiares de cada una de las víctimas”
Alvarado recalca que la Defensoría del Pueblo debe convocar y acompañar a los familiares en la exigencia de justicia, exhortando y cooperando con el Ministerio Público en las investigaciones correspondientes.
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