Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, sostiene que las personas privadas de libertad “viven una situación violatoria” de su derecho a la salud
(09-11-2024) La falta de atención médica ha deteriorado la salud de Josnars Adolfo Baduel. Su hermana, Andreína Baduel, denunció que las torturas que él sufrió en prisión provocaron la necesidad de cuatro intervenciones quirúrgicas, de las cuales no ha recibido ni la primera en cuatro años de detención.
Josnars presenta lesiones severas, entre las que se cuentan ligamentos rotos en ambas rodillas y un hombro después de que lo colgaron, así como daños en un testículo porque le aplicaron descargas eléctricas. Además, desarrolló problemas pulmonares porque lo asfixiaron durante su reclusión.
Hijo del exministro de Defensa de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, quien falleció en prisión a finales de 2021, Josnars recibió una condena de 30 años por presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración.
Sin derecho a la salud
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, recordó que la falta de atención médica continua en las cárceles venezolanas es una violación del derecho a la salud, establecido en normas internacionales y nacionales.
“En las cárceles no hay medicinas y no hay un servicio médico continuo y sostenido para la atención de las personas que están privadas de libertad”, afirmó el abogado, quien subrayó que la atención debe ser permanente y que cada penal debería tener un médico de guardia.
Prado enfatizó en que la atención de los privados de libertad debe ser permanente, como lo dice la ley. Además, debe haber un médico de guardia e incluso una enfermera “y eso no se cumple”.
Las estadísticas del OVP revelan que, desde 2017, los problemas de salud son la principal causa de muerte en las prisiones del país. En 2023, se documentaron 31 muertes, muchas estaban relacionadas con infecciones respiratorias y desnutrición.
“Si su papá no se lo lleva, muere”
Los dos únicos hijos de Luz Marina Arias están detenidos desde 2022. Juan Nahir David Zambrano Arias, de 23 años de edad, tiene una condición de autismo diagnosticada y avalada por un médico y su edad mental corresponde a la de un adolescente de 13 años.
Su madre contó que Juan Nahir se deprime con facilidad. “Se ve inseguro, desorientado, nervioso, habla poco, solo sonríe y sus ojos ya no brillan”, detalló.
“Las juezas que han tenido el expediente le han negado el derecho a la salud. Ninguna ha enviado boleta de traslado al penal para que Senamecf certifique su condición y le sea otorgada una medida de libertad o libertad plena por su condición”.
En todo el tiempo de su detención, Juan Nahir no ha recibido atención psicológica o psiquiátrica.
La madre destacó que a mediados de 2024 a Juan Nahir le detectaron líquido en el pulmón derecho, por lo cual tenía mucho dolor en el pecho y dificultad para respirar. Requería antibióticos intravenosos y suero para hidratarlo. “Si su papá no se los lleva, muere”.
El otro hijo de Luz Marina, Daniel Josué Zambrano Arias, de 29 años de edad, quien tiene estrés postraumático, dolores lumbares y cervicales, amerita atención por parte de un traumatólogo y un psiquiatra, según su madre.
“Es injusto, inhumano y cruel lo que están haciendo con mis dos únicos hijos. Injustamente detenidos usando el sistema judicial para mantenerlos presos por mandato de militares ambiciosos. Solicito al Gobierno que ya pare esta injusticia y revise este caso atroz y devuelva la libertad a mis hijos, solo quiero que vuelvan a casa”, dijo.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, la población reclusa en Venezuela es de 30.332, de los cuales 20.626 están en calidad de procesados y 9.706 están condenados.
Si aumenta el hacinamiento, aumenta la crisis de salud
Humberto Prado considera que si aumenta el número de internos en las prisiones “se agrava” el problema de salud dentro de las cárceles, pues estas “carecen de la atención integral” que los privados de libertad necesitan.
En 2023 el OVP verificó que los centros penitenciarios tienen un hacinamiento crítico de 173, 01 % que pone en riesgo la salud de los internos.
Tras los comicios presidenciales del 28 de julio, en los cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó la victoria a Nicolás Maduro, más de 2000 personas fueron detenidas, según expresó el propio Maduro en una transmisión oficial el 3 de agosto.
Familiares han denunciado a los medios de comunicación las precarias condiciones en las que están recluidos sus seres queridos, incluyendo a adolescentes. Que no les ofrecen agua potable, alimentación balanceada, atención médica o les impiden el ingreso de medicamentos en los recintos.
El OVP también denunció que en el Internado Judicial de Tocuyito, en el estado Carabobo, a algunos privados de libertad les dieron un medicamento llamado Diazepam para “calmarlos”, según testificaron detenidos y funcionarios del penal.
Estrés continuo
Familiares que conversaron con el OVP contaron que a los reclusos los han observado “sedados y no en condiciones óptimas”.
“En la última visita, madres, esposas y hermanas expresaron su preocupación tras conocer que algunos detenidos han sufrido episodios de ansiedad, estrés y desmayos”, dice el OVP.
El Diazepam es un ansiolítico, anticonvulsivo y relajante muscular que necesita prescripción médica tras una evaluación médica y psicológica exhaustiva. Su uso indiscriminado puede ser perjudicial para la salud, especialmente para el sistema nervioso central.
El artículo 46 de la Carta Magna establece que “ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos, o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley”.
La atención médica integral debe ser prioritaria para todo nuevo interno del sistema penitenciario, señaló Prado. Los protocolos exigen realizar exámenes médicos completos para diagnosticar oportunamente patologías o enfermedades infectocontagiosas y establecer los tratamientos necesarios.
Presupuesto para las prisiones
El experto cuestionó a dónde se destina el presupuesto que aprueba la Asamblea Nacional para el Ministerio del Servicio Penitenciario para alimentación, medicinas, servicio médico y dotación de uniformes.
“Aquí viene el llamado a los funcionarios que tienen responsabilidad, incluso en la propia fiscalía, en investigar sobre el presupuesto que es aprobado y que el ministerio penitenciario no lo está gastando debidamente porque en las cárceles no hay medicinas y no hay un servicio médico continuo y sostenido para las personas privadas de libertad”, añadió Prado.
El economista Hermes Pérez, en un trabajo anterior para Crónica.Uno, alertó que “el Gobierno venezolano no rinde cuentas de cuánto gasta desde 2009, no hay datos (…) no sabes cuánto se gastó en educación, salud o seguridad, no hay idea de los porcentajes, no se sabe nada desde hace 15 años”.
