Un desastre natural es un evento impredecible, pero la crecida de ríos en temporadas de lluvia es usual, como lo es también la aparición de deslaves tras la quema y/o tala de cuerpos boscosos. Estas acciones humanas debilitan mucho los suelos, por eso es necesario evitarlas. Es una medida preventiva para evitar algunos de estos eventos, pero hay otras formas de prepararse para que los efectos del clima tengan menor impacto en las poblaciones
Por Dharma Parra Kasen
(14-07-2025) Sí, es posible prepararse para las contingencias, pero eso sólo se logra mediante la evaluación de riesgos. Y son riesgos la construcción de viviendas en cauces de ríos o demasiado cerca de bordes peligrosos.
La legislación venezolana contempla esa evaluación. La ley de aguas de 2007, en su artículo 14, se refiere a la gestión integral de riesgos, como un proceso social e institucional de carácter permanente.
Está concebida de manera concertada y planificada para reducir los peligros socio-naturales y cronológicos. En su artículo 15 se estipula el análisis de riesgos como una responsabilidad directa del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, encargado de crear el subsistema de información de aguas como parte del sistema de información ambiental.
La misma ley incluso ordena la conformación del Consejo Nacional de las Aguas, con responsabilidades en este sentido (art.26) y participación de varias instancias públicas y sociales.
También las autoridades municipales, que tienen competencia en el ordenamiento territorial, incluyendo el uso y control de las riberas de los ríos, tienen roles importantes en la prevención de desastres.
De la misma manera, los cuerpos de Bomberos están encargados de la prevención, seguridad e integridad física ante situaciones de emergencias y desastres y la protección de los bienes públicos y privados en todo el territorio nacional.
Ellos tienen bajo su cargo inspeccionar las condiciones de riesgos de amenaza y vulnerabilidad y hacer cumplir las normas técnicas de seguridad que rijan a nivel nacional. Sus competencias no son sólo en materia de incendios, sino en emergencias o eventos generadores de daños.
La Ley Orgánica del Servicio de Bomberos y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil les faculta para hacer inspecciones ordinarias y extraordinarias de seguridad en inmuebles públicos o privados (art. 13).
Evidentemente, esta función bomberil en todo el territorio nacional requiere de un presupuesto acorde si realmente se pretende prevenir desastres.
De acuerdo con cifras publicadas por Transparencia Venezuela para el Presupuesto de la Nación de 2024, los sueldos del componente militar contaban con 79 % de la asignación entre los tipos de empleados públicos, mientras que bomberos y protección civil solo 1,62 % del presupuesto.
Sin embargo, al igual que la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, las fuerzas armadas están llamadas a actuar en respuesta a las emergencias y desastres, mientras que los bomberos son la instancia indicada para su prevención. De acuerdo con esta asignación de recursos, que es la que finalmente define las políticas públicas, a la prevención no se le da prioridad.
La prevención de desastres, es decir, la preparación para que en el caso de siniestros naturales los daños a la población sean mínimos, exige dirigir adecuadamente los recursos nacionales. Sin excusas.
La inversión social en Venezuela, más allá de los discursos, se evidencia en la prestación de los servicios públicos, incluyendo la prevención de desastres. En 2024, la asignación correspondiente para los sectores salud, educación, vivienda y seguridad social fue de 20,05 % del total presupuestado. Vale decir además que este representó la mitad de lo asignado en 2023.
Este es un país moderadamente vulnerable a los desastres climáticos, ocupando el puesto 130 de 180 países en el Índice de Riesgo Climático Global 2021 de la base de datos sobre desplazamiento climático y resiliencia de la Universidad de Berkeley.
El estudio realizado por la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, que abarcó el análisis y recopilación de los principales desastres y emergencias entre los años 1530 y 1999, contabilizó la ocurrencia de un total de 413 eventos (Informe País, PROYECTO DIPECHO VI-Venezuela, 2010). A eso hay que añadir que entre 2008 y 2022 se reportaron 23 eventos de desastre en Venezuela.
Sólo las inundaciones desplazaron a 236.000 personas en el territorio nacional. La vulnerabilidad del país ha quedado cada vez más evidenciada a través del tiempo.
Los deslaves y las inundaciones de Las Tejerías en 2022 se convirtieron en tragedia al dejar al menos 765 viviendas destruidas y alrededor de 1.400 familias afectadas. Mención aparte del casi centenar de defunciones producidas en el evento.
En 2024, la inundación de Cumanacoa por la crecida del río Manzares, cuando el huracán Beryl pasó cerca de la costa venezolana, dejó 336 casas totalmente destruidas y por lo menos 1700 personas desplazadas. Con el 80 % de la ciudad afectada en esa oportunidad, porque ya en 2012 había ocurrido algo similar por otro desbordamiento del mismo río que había dejado 35 familias damnificadas.
O, un ejemplo más reciente. Lo ocurrido hace tan solo un par de semanas en Mérida, donde, de acuerdo con cifras oficiales, las fuertes lluvias dejaron 595 viviendas afectadas, cerca de 24 mil familias en condiciones de vulnerabilidad, más de 61 vías perjudicadas e incalculables pérdidas agrícolas.
El socorro para la recuperación de estas personas demanda una atención integral de diversas instancias gubernamentales, no gubernamentales y ayuda internacional. Pero a pesar de ello, tras estos eventos, las víctimas sobrevivientes no consiguen el apoyo emocional y funcional necesario. Por ello, las poblaciones más vulnerables son siempre las más afectadas en estos desastres.
Vale recordar que esta fragilidad ya ha sido señalada en el país por la Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello (Encovi 2023), que indicó que 70 % de la población venezolana es vulnerable ante los desastres socioambientales en rango medio, alto y muy alto.
Esto hace que resulte fundamental que la población venezolana conozca los riesgos naturales de su zona, un trabajo que los cuerpos bomberiles solo pueden hacer si cuentan con los recursos necesarios.
Incluso si fallan los gobiernos locales al no restringir construcciones riesgosas en las zonas ribereñas o en zonas montañosas y de bosques protegidos, por ejemplo, las evaluaciones de peligros pueden anticipar daños mayores. Resguardando la integridad de las vidas humanas expuestas de otra manera.
Estas son realidades que, de seguir siendo ignoradas, seguirán cobrándose vidas, impactando en la salud de los sobrevivientes, en su economía y en la del país.
El aumento en la ocurrencia de eventos climáticos en el país señala que hay que prepararse mejor para la prevención de desastres, que no basta con coordinar respuestas a emergencias y desastres. El esfuerzo tiene que hacerse en evitarlos o minimizarlos.
Las y los venezolanos tienen que estar informados para anticipar los impactos climáticos. Es mejor prevenir que lamentar.
La gestión integral del riesgo empieza por contar con un sistema de información que permita a la población conocer cómo afecta el manejo ambiental específicamente en cada región. Que permita alertar si existe riesgo de inundaciones, sequías o la intensificación de tormentas. Así como también en qué consisten los planes de emergencia locales. Particularmente en las costas deben existir señales de alerta temprana.
Hay tecnología para convertir esto en una realidad inmediata; la recién inaugurada estación de control satelital del sistema Glonass también puede facilitar la geolocalización de las zonas y personas impactadas para dirigir socorro inmediato.
No sólo porque hay compromisos suscritos como la estrategia de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres (EIRD, 2004) y el Marco de Acción de Hyogo (2005-2015), sino porque el pueblo de Venezuela merece contar con seguridades mínimas.
Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de calificar a la emergencia climática como un riesgo existencial para la humanidad.
Es clara la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia y adoptar todas las medidas necesarias para responder a la emergencia climática y transitar hacia modelos de desarrollo sostenible que mejoren continuamente el bienestar humano, protegiendo el ambiente.
Hay que utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y resistencia a todo nivel. Es decir, la inclusión de la gestión integral del riesgo en el sistema educativo. Así como la efectiva sanción a los responsables y cómplices de la deforestación que avanza por todo el territorio nacional y eleva el riesgo ambiental del país.
En Venezuela disponemos de los medios para ser proactivos en la preparación ante posibles eventos desastrosos; la legislación señala rutas para hacerlo. Las instancias y funcionarios que incumplan sus responsabilidades deben ser sancionados.
La prevención de desastres en Venezuela no tiene que ver con esperar la buena voluntad política; es un asunto de justicia.
