Las personas mayores exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público que emita un pronunciamiento “definitivo” sobre el incremento en las pensiones
(11-12-2024) Un grupo de personas mayores protestó el martes 10 de diciembre, al cumplirse 1.000 días sin aumento de pensiones y salario mínimo -fijados ambos en 130 bolívares, equivalentes a 2,66 dólares-, para exigir a la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP, Fiscalía) que emita un pronunciamiento “definitivo” sobre el incremento en las pensiones que -dice- requiere este sector de la población.
“El día de hoy estamos aquí insistiendo de nuevo, por quinta vez, y hoy en ocasión de cumplirse 1.000 días sin aumento salarial y sin aumento de las pensiones a exigir que haya un pronunciamiento definitivo sobre el aumento que requieren los pensionados”, señaló Rafael Arreaza Padilla, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Las personas mayores en Venezuela -hayan acumulado o no las cotizaciones necesarias por años de trabajo- reciben, además de los 130 bolívares, bonificaciones mensuales que van desde los 40 hasta los 130 dólares mensuales.
Arreaza sostuvo que un trabajador que ha dedicado toda su vida útil, al final de su periodo no puede estar recibiendo “una pensión de menos de 3 dólares, porque con eso no se vive en ninguna parte”.
Pidieron información sobre la Ley de Pensiones
Los pensionados reclamaron, a través de pancartas, el costo de las medicinas y los alimentos que -aseguran- no pueden ser costeados con lo que perciben mensualmente.
Igualmente, Arreaza exigió que se informe dónde está el dinero del gravamen a las empresas privadas, dispuesto en una ley aprobada en mayo pasado por el Parlamento, controlado por el chavismo, cuyo objetivo era, según informaron entonces las instituciones, crear un fondo para aumentar estas pagas, sin que todavía se conozca cuándo prevé el gobierno aplicar un primer incremento.
Qué es la Ley de Protección Especial de Pensiones
La Ley de Protección Especial de Pensiones es un reglamento para exigir al sector privado pagar mensualmente hasta el 9 % del total de su nómina a un fondo especial para financiar las pensiones.
De acuerdo con la Gaceta Oficial, las empresas inscritas en el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE) no tienen que pagar este impuesto ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) por un año a partir de la promulgación del decreto presidencial.
El Ejecutivo señala las sanciones de Estados Unidos contra el país como la razón por la que las pensiones son tan bajas, un argumento rechazado por la oposición y diversas organizaciones, que -aseguran- el motivo es la corrupción y la mala gestión.
«Para la fecha, más o menos, se calcula que deben haber unos 10.000 millones de dólares descontados por concepto de pensiones a todos los empresarios y que no ha llegado, hasta el momento, un solo dólar a ningún jubilado y pensionado del país”, sostuvo el pensionado.
Añadió que estas serán las “peores navidades” que hayan tenido los jubilados y pensionados, porque “van a tener que pasar unas navidades con menos de 3 dólares, eso es una sentencia de muerte”.
