Familiares contaron que pagaron entre $15 y $20 por día de cuidado en los hospitales Pérez Carreño y Vargas. Expertos consultados por Crónica Uno afirman que el éxodo del personal de enfermería y la falta de planificación del Estado profundizaron la crisis hospitalaria.
Fuente original: Crónica uno.- Caracas. Carlos* llevó a su madre, Eugenia, al Hospital Universitario de Caracas luego de sufrir una fractura de cadera. Sin embargo, se encontró que en el Área de Traumatología una sola enfermera atendía a disitintos pacientes.
Preocupado por la atención que recibía su madre, Carlos reclamó a la enfermera por los cuidados que no le daban a Eugenia. “Ella me dijo que podía contratar sus servicios como enfermera exclusiva de mi mamá. El acuerdo fue informal y debía pagar $20 por cada turno de guardia”.
Contrató a dos enfermeras y gastó más de $100 en un mes de hospitalización para garantizar la asistencia de su madre en necesidades básicas.
En 2018 la escasez de personal de enfermería en los hospitales del país superó 70 %, según la ONG Médicos Unidos de Venezuela. De acuerdo con sus cifras 24 % del personal requerido estaba activo, aunque los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que al menos 115.548 enfermeras y enfermeros deben trabajar para cubrir las necesidades de los centros de salud.
Adicionalmente la falta de insumos, de equipos y las precarias condiciones de la infraestructura obliga a pacientes y familiares a buscar soluciones alternativas para recibir atención.
Un especialista en salud pública, consultado por Crónica Uno, quien pidió mantener su nombre en reserva por medidas de seguridad, afirma que el sistema de salud pública en Venezuela enfrenta una crisis estructural que deriva en una privatización de facto del sistema y precarizado las condiciones laborales de sus trabajadores.
“La escasez se ha vuelto una constante por los bajos salarios del personal, lo que obliga a los pacientes a buscar soluciones alternativas. Una de ellas, cada vez más extendida, es el pago de un servicio de enfermería privado dentro del mismo hospital”.
De acuerdo con testimonios recopilados por Crónica Uno esta práctica de pagar una enfermera también se se ha registrado en el hospital Vargas, ubicado al oeste de Caracas.
La norma de los servicios
Ignacio* llevó a su padre al hospital Vargas para una cirugía programada de hernias umbilicales. Al llegar al Servicio de Cirugía le informaron que no había personal de enfermería y tuvo que preparar la cama de su papá así como velar por su atención.
“La enfermera llegó después de tres horas y me explicó que ella no era del servicio, pero tenía que venir a ponerle el tratamiento a mi padre”.
Ante la necesidad Ignacio le propuso a la enfermera que cuidara a su padre, la enfermera aceptó y le cobró $15 el día. En total gastó $45 por los tres días de hospitalización.
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, aclara que una enfermera puede recibir contrataciones privadas porque es una profesión de ejercicio libre, pero no debe hacerlo durante su horario de trabajo ni recibir un pago extra.
“Para ser esa guardia fuera del horario legalmente contratado, la enfermera debe tener autorización de las autoridades del hospital, porque ella es la responsable del paciente”.
Contreras asegura que en un hospital no deben existir guardias privadas, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar el personal suficiente para atender a los pacientes.
Sin estándares internacionales
Andrea*, enfermera del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, cubre el Servicio de Cardiología en solitario desde el último año. Sus compañeras emigraron o buscaron mejores oportunidades laborales en el sector privado.
“Hay veces que mi jefa me pide doblar el turno porque no viene la otra enfermera”, comenta, y asegura que es difícil atender a 10 pacientes con patologías diferentes.
Contreras señala que el déficit de personal de enfermería en los hospitales públicos se debe a la mala compensación económica. Los salarios van desde Bs. 200 (aproximadamente $2) y se complementa con el “bono de guerra”.
Andrea, quien tiene más de 15 años como enfermera, comenta que algunas veces los familiares creen que sus compañeras no quieren hacer el trabajo, pero es difícil tener a cargo a 10 pacientes con patologías diferentes.
“Uno recibe muy malos tratos de algunos pacientes. Hay otros que son más conscientes y te ayudan. He tenido que dejar el Servicio de Cardiología solo porque mi jefa me pide hacer rondas por otras áreas que no tienen personal”.
La realidad de los hospitales venezolanos es contraria a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establecen la presencia de una enfermera por cada cuatro pacientes en una sala de hospitalización general.
“En la práctica una enfermera tiene que atender 40 pacientes. El déficit de personal se agudiza en áreas como la terapia intensiva, en la que debe haber una enfermera por cada paciente. Sin embargo, solo existen cinco para 20 pacientes”,
añade Contreras, sobre las jornadas de trabajo del personal de enfermería.
El declive en pandemia
El especialista en salud pública consultado por Crónica Uno recuerda que en la década de los años 90 ya existía la figura de la enfermera contratada de forma privada, pero solo para cuidados especiales y fuera del horario oficial.
“En ese entonces si la enfermera estaba en el turno de la mañana, el familiar la contrataba en la tarde o en la noche para que diera el cuidado específico”.
Sin embargo, destaca que la pandemia de COVID-19 fue el “punto culminante”. Con el cierre de servicios y las restricciones para los familiares se normalizó que el personal de enfermería ofreciera este servicio privado durante su horario de trabajo oficial.
“La falta de planificación y la carencia de personal e insumos por parte del Estado han profundizado la crisis y han derivado en una privatización de facto del sistema de salud”,aseguran los expertos.
Esta realidad, que contrasta con la obligación del Estado de garantizar la dotación de personal, insumos e infraestructura, deja en evidencia el colapso del sistema y la necesidad de que los ciudadanos asuman los costos de una atención que, por ley, debería ser gratuita y de calidad.
