Las democracias en América Latina tienen una deuda histórica: garantizar que las mujeres participen sin que el camino se llene de trampas. Entre trolls, violencia política y economías que asfixian, el tablero sigue inclinado. En una una región que a veces parece retroceder, seguimos dando pelea por una democracia real. En el marco del 8M, la observadora electoral Nadia Ramos reflexiona sobre por qué participar en política sigue siendo un acto de resistencia.
oto de portada: Jorge Cabrera – Reuters
Derecho, justicia, acción. Este es el lema propuesto por Naciones Unidas para este Día Internacional de la Mujer. De la privacidad al hogar a la visibilidad de las juntas directivas de las empresas, las brechas legales siguen existiendo y limitando las oportunidades de las mujeres en todo el mundo. Sin embargo, hay un frente de batalla donde la igualdad se juega el todo por el todo: las urnas.
América Latina es una región de democracias jóvenes, con un camino no siempre lineal hacia la igualdad en el acceso a los derechos políticos. Esto lo saben bien las mujeres: durante casi 200 años de historia republicana, la democracia fue un privilegio ejercido solo por la mitad de la población. Aunque las mujeres han sido protagonistas de grandes transformaciones, su acceso al sufragio fue sistemáticamente postergado. Hoy, a pesar de los avances legales, persiste una carrera de obstáculos —a veces invisible, pero siempre tangible— que desafía el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
La violencia política de género constituye una de las principales barreras sistémicas para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y la integridad democrática. En elecciones recientes, se ha visto un aumento masivo de trolls y campañas de desprestigio en redes sociales contra candidatas. Esto no es de uso exclusivo contra las mujeres, pero el uso de imágenes editadas (deepfakes), insultos sexistas y amenazas de violencia sexual para forzarlas a cerrar sus cuentas y abandonar la conversación pública sí lo es. El auge del discurso de odio digital y la polarización no son incidentes aislados; son herramientas de un fenómeno que busca desmantelar conquistas históricas. Las voces femeninas son las primeras en ser silenciadas por el acoso digital.
A esta violencia digital se suma una barrera igual de paralizante: la asfixia económica. No hay participación plena sin justicia financiera. Por ello, el movimiento feminista regional ha impulsado reformas pioneras en Bolivia, y México para derribar los muros que impiden a las mujeres financiar sus campañas en igualdad de condiciones. Es hora de entender que el techo de cristal también tiene una base contable.
A esta violencia digital se suma una barrera igual de paralizante: la asfixia económica. No hay participación plena sin justicia financiera.
Nuestra misión como observadores trasciende la verificación del sufragio: se centra en proteger el derecho a participar sin miedo. Si nuestra vigilancia tiene género, es porque la exclusión también lo tiene. Documentamos la violencia política y la precariedad económica no como incidentes aislados, sino como intentos deliberados de frenar la ciudadanía femenina. Proteger la voz de cada mujer —en toda su diversidad y desde cada rincón rural— no es solo una tarea técnica, es defender el corazón mismo de una democracia que ya no puede permitirse caminar a medias.
Una alarma que no cesa
La democracia en América Latina no solo se mide en votos, sino en la seguridad de quienes defienden el espacio cívico. Tal es el caso de Honduras, donde el desafío primario sigue siendo la supervivencia. Con una calificación de “reprimido” según el CIVICUS Monitor, el país ejemplifica cómo la fragilidad institucional y la violencia directa puede asfixiar a defensoras y candidatas. La integridad física no es solo un derecho humano, sino que es la condición mínima para la existencia de la oposición en un contexto electoral.
Aunque el Ejecutivo quede en manos de una mujer, esto no garantiza un cambio de rumbo.
Esto no se trata de un hecho aislado. Las democracias más consolidadas de la región, con Argentina y Estados Unidos como ejemplo, muestran signos de deriva autoritaria y su espacio cívico se restringe rápidamente. Países que han sido ejemplos regionales de libertades y derechos humanos como Costa Rica enfrentan una regresión sistémica. Cada paso atrás, en el caso de las mujeres, se siente el doble.
Esta regresión no es solo estadística; se traduce en ‘micro-exclusiones’ y en un ecosistema digital hostil donde el discurso oficial valida el ataque a la prensa y a las voces disidentes. Para las mujeres en la política costarricense, esto significa enfrentar un escrutinio que ya no cuestiona sus ideas, sino su misma integridad. La polarización se convierte no solo en una estrategia social, sino en una herramienta tristemente efectiva para replegarse al ámbito privado y desmantelar conquistas que creíamos irreversibles. Aunque el Ejecutivo quede en manos de una mujer, esto no garantiza un cambio de rumbo.
Que este 8 de marzo sirva para recordar a los organismos electorales y a los Estados que la transparencia sin inclusión es una simulación. Nuestra vigilancia es política, es necesaria y es, sobre todo, un compromiso con el futuro de un espacio cívico donde todas, todos y todes, sin excepción, podamos decidir y ser electas en libertad.
- Nadia Ramos es peruana, integrante del Centro de Liderazgo e Innovación para Mujeres de las Américas, activista y Observadora Electoral Internacional.
