Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y ambientales, alertó que el Proyecto de Ley Orgánica de Minas actualmente en discusión en la Asamblea Nacional representa una grave amenaza para la Amazonía venezolana, al legitimar prácticas extractivas que profundizan el deterioro ambiental y social del país.
En un pronunciamiento público conjunto, las organizaciones advierten que el proyecto no establece un marco regulatorio efectivo, sino que “otorga un barniz de legalidad al saqueo sistemático” de territorios estratégicos como la Amazonía venezolana.
El documento cuestiona el uso del término “desarrollo minero ecológico”, calificándolo como incompatible con la evidencia científica sobre los impactos de la minería aurífera. Asimismo, advierte que el proyecto concentra amplias facultades discrecionales en el Ejecutivo Nacional, lo que podría incrementar la opacidad, limitar el acceso a la información pública y restringir la participación ciudadana, especialmente de las comunidades afectadas.
Las organizaciones también identifican vacíos críticos en materia ambiental. Aunque el texto menciona los Estudios de Impacto Ambiental, no los establece como requisito obligatorio para otorgar concesiones. Además, carece de un enfoque preventivo, no contempla garantías financieras de restauración, ni regula adecuadamente el cierre de minas, los residuos mineros o los mecanismos de monitoreo ambiental independiente.
El pronunciamiento alerta igualmente sobre la posible afectación de áreas protegidas no incluidas en las restricciones, así como sobre la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. En particular, destaca la ausencia del consentimiento libre, previo e informado, estándar fundamental en el derecho internacional, y la falta de reconocimiento del derecho a la demarcación territorial.
Asimismo, el pronunciamiento objeta la propuesta de crear un “Resguardo Nacional Minero” bajo control militar, lo que, según las organizaciones, podría agravar los riesgos de violaciones de derechos humanos en zonas ya afectadas por dinámicas de violencia y economías ilegales.
Ante este panorama, las organizaciones firmantes solicitan la suspensión del debate legislativo y la incorporación de estándares estrictos en materia de transparencia, protección ambiental y derechos humanos. Entre las medidas propuestas se incluyen la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental y sociocultural, mecanismos de monitoreo independiente, acceso público a la información, y la creación de instrumentos efectivos de remediación y reparación.
Finalmente, reiteran que cualquier reforma legal en materia minera debe basarse en el respeto a la Constitución, la normativa ambiental vigente y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
“El oro de Venezuela no vale la vida de nuestros ríos, selvas y comunidades”
Enlace al Pronunciamiento: https://clima21.net/noticias/el-proyecto-de-ley-organica-de-minas-institucionaliza-el-ecocidio-y-el-blanqueo-del-oro-de-sangre-en-venezuela/
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