El exoficial, que se encuentra en España, es requerido bajo Jurisdicción Universal por un caso de violaciones a los derechos humanos ocurrido en Venezuela en 2014
26 organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos emitieron un pronunciamiento conjunto para instar a las autoridades de España a proceder con la extradición hacia Argentina del excoronel de la Guardia Nacional (GN), Ephraín Enrique Verdú Torrelles. Los firmantes señalaron que la resolución del caso representa un paso orientado a la rendición de cuentas y la justicia transnacional para las víctimas de violaciones sistemáticas en Venezuela.
El requerimiento legal se fundamenta en la aplicación del Principio de Jurisdiction Universal, un ámbito en el que el sistema judicial español posee antecedentes procedimentales. Las agrupaciones remitieron la solicitud a la Audiencia Nacional de España bajo el amparo del principio internacional aut dedere aut jugicare (extraditar o juzgar).
En el texto, los activistas argumentaron que «cuando los tribunales locales se transforman en escudos de los victimarios en lugar de protectores de los ciudadanos, la justicia internacional emerge como el último recurso de supervivencia elemental».
El expediente judicial tiene su origen en una denuncia penal interpuesta por la organización InterJust ante los tribunales federales de Argentina en junio de 2023. Posteriormente, en febrero de 2026, un juez federal argentino dictó la orden internacional de extradición tras confirmarse la ubicación del exmilitar en territorio español
El proceso administrativo avanzó en marzo de 2026, cuando el Consejo de Ministros de España validó el cumplimiento de los requisitos básicos y remitió la causa al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional.
La causa judicial está vinculada de manera directa al caso de Geraldin Moreno Orozco, una joven asesinada en el contexto de las manifestaciones de 2014, y a las acciones legales impulsadas por su madre, Rosa Orozco.
Las organizaciones enfatizaron el impacto de esta medida judicial al sostener que «la efectiva resolución de esta extradición abre una brecha de esperanza real no solo para ella, sino para los familiares de todas las víctimas de la violencia política y la represión sistemática en Venezuela».
El dictamen, dijeron, funcionará como un «caso testigo» que podría viabilizar y reactivar otras querellas internacionales relacionadas con las más de 330 personas ejecutadas durante protestas pacíficas desde el año 2014, además de consolidar las órdenes de captura vigentes contra miembros de la cadena de mando civil y militar.
