Las ONG agrupadas en la alianza Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento advirtieron sobre la aplicación de leyes como la «anti-ONG», la «Simón Bolívar y la de Paz Comunal que criminalizan el ejercicio de derechos cívicos
(11-12-2024) Organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos manifestaron su preocupación por la creación y aplicación de leyes que tachan de “inconstitucionales” y que, consideran, criminalizan el ejercicio de los derechos cívicos.
El conglomerado de organizaciones no gubernamentales (ONG), agrupadas en la alianza Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, puntualizó que la Ley de Justicia de Paz Comunal, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y financiamiento de las ONG y organizaciones sociales sin fines de lucro, conocida como Ley Anti-ONG, y la recientemente aprobada “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la Venezuela” conforman prohibiciones para el ejercicio de derechos civiles.
“La complementariedad de estas tres leyes, junto a otras que han sido aprobadas en el pasado, generarán el cierre casi total del espacio cívico en el país, así como la prohibición del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población”, explicaron las organizaciones en su comunicado difundido en redes sociales previo al Día de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre desde 1948, cuando fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“La discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación de las sanciones establecidas”, prosigue el escrito, “pretende inhibir y silenciar la disidencia y la crítica en momentos en que pretende instaurarse un gobierno de facto, con la juramentación de una persona como presidente que no fue favorecida por el voto popular”.
Este grupo aseguró que estas normas buscan aplicar “un sistema de administración de justicia” que sustente el Gobierno de Nicolás Maduro. Pese a que la oposición insiste en que los resultados electorales que le dieron el triunfo son fraudulentos.
“La más grave”
En el marco de la celebración por el Día de los Derechos Humanos, las ONG advirtieron sobre los peligros de la “Ley Simón Bolívar”. Esta ley, aprobada el 29 de noviembre, prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para quienes apoyen sanciones internacionales al país.
El grupo aseveró que esta norma tiene un ámbito más amplio que el de castigar a quienes “promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales”. Asimismo, plantea ambigûedades que avalan la “interpretación discrecional”.
“La ambigüedad de los supuestos delitos dará paso, de manera similar a como ha sido aplicada la llamada “Ley contra el odio”, a la interpretación discrecional de las autoridades para criminalizar cualquier acto de disidencia en el marco del ejercicio de los derechos inherentes al espacio cívico”, señala el escrito.
Consideran que este texto legal permite castigar a quienes soliciten apoyo o decisiones de organismos internacionales de derechos humanos. El castigo podría ser individual o financiero por supuestamente poner en riesgo «la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial
Además, destacan las penas de prisión de entre 25 y 30 años, sin mecanismos alternativos para su cumplimiento. También que establece multas a medios de comunicación de hasta un millón de veces el tipo de cambio más alto publicado por el BCV.
“La simple ‘sospecha’ de estar cometiendo o haber cometido alguno de los actos sancionados por la ley será suficiente para que se tomen medidas coercitivas, sin regulación del procedimiento a seguir, que afecten directamente sus bienes o sus capacidades de actuación en Venezuela”, destacó la alianza.
Jueces de paz sin limitaciones
Las ONG se refirieron a la reforma de la Ley de Justicia de Paz Comunal. Esta establece los parámetros para escoger a los jueces de paz, que serán electos el 15 de diciembre.
A juicio del grupo, la elección de 30.000 jueces de paz limita aún más el espacio cívico y el ejercicio de derechos fundamentales como la protesta y el discernimiento.
“A pesar que la creación de las figuras de jueces de paz es un anhelo histórico de las organizaciones sociales democráticas del país, su creación con el adjetivo comunal en las actuales circunstancias será la implementación de un mecanismo de mayor control en las comunidades”, se desprende del escrito.
Insistieron en que no se ha propuesto un reglamento que delimite las funciones de estos jueces que, creen, podrían poner en riesgo a ciudadanos que hacen oposición al Gobierno de Maduro.
Las organizaciones reiteran la condena a la Ley Anti-ONG, publicada en la Gaceta Oficial, pues amenaza el derecho a la libre asociación en Venezuela.
