El Día del Trabajador no dejó ninguna sorpresa. Un ajuste en el esquema de bonificaciones, un incremento pírrico de las pensiones, más precarización de las prestaciones sociales y despliegues policiales desproporcionados para evitar movilizaciones pacíficas
Yennifer Calvo | Caleidoscopio Humano
Fotos: Caleidoscopio Humano .- Cobertura Notidesca
El primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, — que rinde homenaje a las víctimas de la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick tras una huelga para exigir derechos laborales — no es una fecha de celebración, sino de memoria y lucha: un día para alzar las banderas y exigir derechos que hoy siguen siendo vulnerados; especialmente en Venezuela, donde los trabajadores, jubilados y pensionados acumulan más de dos décadas relegados, recibiendo salarios y pensiones precarias, trabajando en condiciones indignas y siendo víctimas de persecución política.
Tras cuatro años sin aumentos salariales, la semana del primero de mayo estuvo marcada por movilizaciones y pronunciamientos de diversos gremios y sectores del país, con una exigencia común: un ajuste responsable, digno y acorde con la realidad del país; el fin del esquema de bonificaciones, la garantía de prestaciones sociales y demás beneficios contractuales, el respeto a la libertad sindical, y la liberación de los trabajadores detenidos por exigir sus derechos laborales.
Sin embargo, la respuesta volvió a ser la misma: un ajuste del ingreso mínimo integral —240 dólares para salarios y 70 para pensiones— y un amplio despliegue de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para bloquear el avance de movilizaciones pacíficas convocadas por gremios y sindicatos, en un intento por silenciar sus reclamos.
El derecho a la protesta pacífica vuelve a ser vulnerado
Movilizarse pacíficamente hacia las cercanías del Palacio de Miraflores continúa siendo una actividad restringida en Venezuela. Así lo evidencian, una vez más, los hechos ocurridos el pasado 30 de abril y primero de mayo, cuando a ambas marchas se les impidió avanzar hacia la sede del Ejecutivo.
El 30 de abril, antes de los tradicionales anuncios del Día del Trabajador, líderes sindicales denunciaron que un despliegue policial de más de 2.000 funcionarios bloqueó los accesos e impidió que la movilización, convocada para exigir salarios y pensiones dignas, con destino a Miraflores avanzara de la plaza Morelos.
“Las calles son libres, pero como Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, tiene miedo, porque el miedo se cambió de acera. Hoy son ellos los que le temen a la democracia, le temen a la verdad y le temen a la justicia, hay más de 2.000 policías cercándonos en la Plaza Morelos, pero aquí estamos dando la cara como lo dijimos”, manifestó José Patines, dirigente sindical.
El mismo panorama se repitió el 1 de mayo en Caracas, específicamente en la Plaza Brión de Chacaíto, punto de partida de la marcha convocada por los trabajadores con destino a Miraflores, y cuyo recorrido fue finalmente modificado, estableciéndose como punto de llegada la Plaza Morelos.
En la movilización participaron representantes de distintos gremios, líderes sindicales, jubilados, pensionados, trabajadores tanto de la administración ṕublica como privada; estudiantes, amas de casa y todos las personas que se ven afectadas por la precarización y bonificación de los salarios, demostrando que la lucha por los derechos laborales, económicos y sociales es de todos.
El salario sigue por debajo de la canasta básica
Delcy Rodríguez, anunció un aumento salarial de 26 % para aplicar al llamado «ingreso mínimo integral» que lo eleva de 190 dólares a 240 dólares mensuales y 70 dólares para las pensiones, mientras el costo de la canasta básica familiar se ubicó en 692,32 dólares en marzo de 2026, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Es importante recordar que el «ingreso mínimo» consiste en un esquema de bonificaciones que no repercute en beneficios salariales, mientras tanto el sueldo mínimo — el más bajo de la región — equivale a unos 30 centavos de dólar y está congelado desde hace cuatro años.
«Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel (…) “A quienes protestaron hoy, tienen razón. Tenemos que lograr que el salario vuelva a tener poder adquisitivo”, dijo Rodríguez y pidió a las inspectorías laborales escuchar las demandas de los trabajadores sobre las condiciones laborales. Además, prometió trabajar en una nueva convención colectiva.
Sin embargo, para los trabajadores este ajuste queda muy lejos de lo necesario para hacer frente a la realidad inflacionaria que atraviesa el país, así lo expresaron durante la marcha del 1 de mayo en Caracas.
“Vemos con profunda preocupación que la política del gobierno ha estado orientada a desalarizar el ingreso de los trabajadores. Es decir, los trabajadores venezolanos hoy no tenemos salario (…) El salario tiene incidencia en las prestaciones sociales, en las cláusulas contractuales, en el bono vacacional, en las utilidades, eso es lo que se denomina salario, por lo tanto el decreto que anunció ayer Delcy Rodríguez es un irrespeto a los trabajadores”, explicó a Caleidoscopio Humano Fidel Jaramillo, secretario de organización de la Asociación de Profesionales Técnicos de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Para Filomena Gómez, directiva de la Federación de Educadores Sindicalizados, el “tan ansiado aumento” no se ha materializado. Reiteró que lo decretado por el gobierno es solo un ajuste en las bonificaciones “que no van a tener incidencia”.
“El aumento sigue siendo pírrico, sigue siendo insuficiente para lo que está pasando con la canasta básica (…) Aquí no estamos conformes con ese supuesto aumento. Queremos en verdad que se sincere, que vea la necesidad de este pueblo que está pasando hambre, que se está muriendo en los hospitales porque no hay insumos médicos, la educación está deteriorada. Todo el sistema donde ellos han puesto las manos lo han deteriorado, no estamos viviendo una situación maravillosa como lo quieren hacer pintar ellos”, añadió.
Por su parte, Falime Hernández, presidente de Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined) considera que el gobierno venezolano comete un “delito de lesa humanidad” al “matar de hambre y miseria a los trabajadores, jubilados, pensionados y sus familiares”.
A su juicio, el esquema de bonificación del que se ha valido el Ejecutivo en los últimos años no solo es una “artimaña” para engañar al pueblo venezolano, haciéndolo creer que hubo un aumento salarial cuando eso no ocurrió, sino que tampoco resuelve el problema fundamental de los trabajadores activos e inactivos. “Es para comer hoy y mañana seguir muerto de hambre”, dijo.
“Tenemos derecho fundamental a seguir en la calle luchando por salarios y pensiones que dignifiquen a los trabajadores, no vamos a abandonar la calle”, reiteró.
El descontento tras el anuncio presidencial se extendió por gran parte del país. De acuerdo con la información publicada por Radio Fe y Alegría Noticias, en ciudades como Maracaibo, Ciudad Guayana, Barquisimeto, San Fernando de Apure, San Juan de los Morros, Ciudad Bolívar, Mérida, Cumaná, Barcelona, Valencia, Tucupita y Guasdualito se registraron diversas movilizaciones. Los manifestantes cuestionaron la medida, al considerar que no respondió a las expectativas de un aumento salarial significativo.
La recuperación económica sigue sin beneficiar a los trabajadores sanitarios
“Desde el año 2022 no nos aumentan el salario y la política de bonificación —que todos conocemos — no tiene incidencia en los beneficios contractuales legales en Venezuela. Cuando se habla de recuperación económica resulta que para nosotros nuestra economía no ha crecido, al contrario hemos ido hacia abajo, hemos ido perdiendo nuestras condiciones que en un momento fueron mucho mejores que las que hoy vivimos (…) Tiene que haber un aumento en el salario de los trabajadores, la política de bonos nos ha hecho daño”, manifestó Pablo Zambrano, director de Fetrasalud, el pasado 27 de abril durante una pronunciamiento de la Intergremial Sindical del Sector Salud.
Por su parte, Cristina Miquilareno, secretaria general del Instituto Clínico La Florida, considera que los trabajadores del sector salud son “los nuevos esclavos del siglo XXI” y es por esta razón que hay mucha desmotivación en este sector.
“Los trabajadores del sector privado no tenemos bonificaciones ni bono de guerra, estamos a disposición total de lo que diga el patrono porque no hay donde acudir, no tenemos como presionar ni denunciar porque lo único que aseguran es que están cumpliendo con la ley”, añadió durante su participación en una rueda de prensa convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela el pasado 29 de abril.
En la misma rueda de prensa, Ana Yánez, representante de Unetenses, enfatizó en que las prestaciones sociales deben ser “sagradas” y que un aumento ideal y “responsable” sería aquel que cumpla con el artículo 91 de la Constitución — todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales —.
Tras las jornadas del 1 de mayo, queda claro que las medidas anunciadas apenas representan un alivio superficial frente a las necesidades de los trabajadores: el poder adquisitivo continúa deteriorado y la economía sigue sin “revitalizarse”. Además, el respeto a los derechos laborales, sindicales, económicos y sociales permanece como una deuda pendiente.
