Las restricciones empujan a los migrantes a tomar rutas más arriesgadas
(23-04-2024) América Latina y el Caribe está experimentando uno de los mayores movimientos migratorios de nuestro tiempo. Aunque la mayoría de las personas que abandonan sus países -impulsadas por los conflictos, la inseguridad, el autoritarismo, la pobreza y los desastres climáticos- tienden a permanecer en la región, Estados Unidos sigue atrayendo migrantes.
Pese a la creciente hostilidad política y a sus políticas migratorias cada vez más restrictivas, la gente sigue intentando cruzar su frontera en busca de oportunidades. En un año electoral, en que la migración es un tema candente de campaña y los migrantes son instrumentalizados en busca de réditos políticos, el movimiento de personas no se detendrá; en cambio, es posible que aumente la cantidad de muertes en el trayecto.
El Tapón del Darién es una franja de selva que se extiende a lo largo de la frontera entre Colombia y Panamá y el único tramo donde se interrumpe la ruta Panamericana, que se extiende desde Alaska hasta el sur de Argentina. Solía considerarse impenetrable, y con razón. No obstante, una cantidad exorbitante de personas, unas 520.000, lo cruzaron en dirección norte en 2023, incluidos numerosos niños. Muchas personas han perdido la vida intentando cruzarlo.
Asimismo, cada vez más gente se hace a la mar. Una nueva ruta de tráfico de personas se ha abierto en el mar Caribe, a través de las Bahamas. Un número cada vez mayor de migrantes desesperados -en su mayoría procedentes de Haití, un país asolado por el conflicto, pero también de países tan lejanos como Camerún, China e Irak- la utilizan para intentar llegar a la Florida. El riesgo es alto. El pasado noviembre, al menos 30 personas murieron cuando la embarcación que las transportaba, procedente de Haití, zozobró frente a las Bahamas.
El patrón es claro: al igual que ocurre en Europa, cuando se cierran las rutas más seguras, la gente toma otras más arriesgadas. Millones de personas procedentes de países de América Latina y el Caribe, de Cuba y Haití a Nicaragua y Venezuela, huyen del autoritarismo, la inseguridad, la violencia, la pobreza y los desastres climáticos. La mayoría permanece en otros países de la región, que son relativamente poco hostiles para con los recién llegados pero que les ofrecen limitadas oportunidades de integración y progreso económico a largo plazo. De ahí que Estados Unidos siga siendo un fuerte imán migratorio. El endurecimiento de sus controles migratorios es la razón principal por la que cada vez más gente opta por adentrarse en la jungla y arriesgarse en el mar.
Tendencias cambiantes
En América Latina, la mayoría de las personas migrantes se moviliza dentro de la región. De los 7,7 millones de venezolanos que han abandonado su país desde 2017 -una cifra que supera a la de los sirios o ucranianos desplazados-, casi tres millones se han quedado en Colombia, cerca de un millón y medio en Perú, alrededor de medio millón en Brasil y una cantidad similar en Ecuador, y cientos de miles en otros países de la región, desde Argentina hasta Panamá.
Pero las tendencias migratorias son dinámicas. Aunque la mayor parte de los nicaragüenses y venezolanos se desplazaron inicialmente hacia los países vecinos y otros países latinoamericanos, en los últimos años un número cada vez mayor se ha dirigido hacia Estados Unidos. Cabe esperar que procesos nacionales, tales como el reciente brote de violencia vinculada con el narcotráfico en Ecuador, desencadenen nuevas salidas de migrantes que se habían refugiado allí.
En América Latina, los países de acogida reciben bastante bien a los migrantes. A diferencia de lo que ocurre en muchos países del norte global, los políticos no suelen avivar la xenofobia ni denigrar a los inmigrantes para sacar réditos políticos, y los Estados no suelen rechazar a las personas en las fronteras ni tampoco deportarlas, sino que intentan ofrecerles vías para que puedan obtener la residencia legal. En general, han sido lo bastante pragmáticos como para encontrar un equilibrio entre la apertura y la entrada ordenada, e incluso han tomado algunas medidas para coordinar sus esfuerzos. Como resultado de ello, una alta proporción de migrantes venezolanos han adquirido alguna forma de estatus legal en sus países de acogida.
Pero los Estados de acogida no han previsto una integración a largo plazo. En muchos casos, la residencia es temporaria y debe renovarse con frecuencia. Y, aunque suele dar acceso a educación y salud, el derecho a trabajar varía de un país a otro y el acceso efectivo al empleo es muy desigual.
Los países de acogida tienen los problemas típicos de los países del sur global, tales como altos niveles de desigualdad y muchas necesidades sociales insatisfechas, por lo que las oportunidades que brindan suelen ser limitadas. Es por eso que entre quienes se dirigen hacia Estados Unidos hay muchos haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ya vivían en otros países, y que han decidido continuar viaje. En su mayoría lo hacen impulsados por la falta de oportunidades, aunque en el caso de los haitianos las barreras lingüísticas y la discriminación racial también constituyen factores importantes.
Aunque Estados Unidos ha endurecido sus políticas migratorias, su porosa frontera sur, la más larga del mundo entre un país del norte global y uno del sur, sigue siendo atractiva para quienes están dispuestos a correr el riesgo. En el año fiscal 2022, las autoridades estadounidenses tuvieron 2,4 millones de encuentros con inmigrantes no autorizados en la frontera, una cifra récord. Entre ellos, cada vez son más los que llegan desde muy lejos, habiendo cruzado el Tapón del Darién y avanzado hacia el norte a través de Centroamérica y México.
Viajes peligrosos
Lo hacen corriendo enormes riesgos. El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la agencia de las Naciones Unidas para las migraciones informó que en 2023 8.542 personas murieron o desaparecieron en el proceso migratorio en todo el mundo, la cifra anual más alta en una década. Al menos 1.275 de estas muertes y desapariciones se produjeron en el continente americano, y de ellas, 636 se registraron en la frontera entre Estados Unidos y México y 247 ocurrieron en el Caribe.
No está claro cuántas personas han perecido hasta ahora en el Tapón del Darién. Es común que las muertes no se denuncien y los cadáveres nunca se recuperen. La travesía -a pie o en barco, y a menudo en alguna combinación entre ambos- puede durar entre tres y 15 días. Mientras cruzan ríos y montañas, los migrantes padecen la dureza de un denso entorno selvático y condiciones meteorológicas extremas.
Según Médicos Sin Fronteras (MSF), gran parte del peligro se debe a que el Darién es una de las regiones más húmedas del planeta y carece de infraestructura adecuada. Es fácil resbalar y caer por sus empinados senderos o ahogarse en sus ríos traicioneros. Los guías contratados a veces abandonan a la gente. Quienes se quedan atrás pueden desorientarse y perderse. Las dificultades del terreno obligan a muchos a dejar sus provisiones por el camino, incluidos alimentos y agua potable. La mayoría de los casos atendidos por MSF son esguinces y fracturas, seguidos de diarrea, enfermedades cutáneas, incluidas las causadas por picaduras de insectos, y afecciones respiratorias.
Por si esto fuera poco, los migrantes a menudo se cruzan con grupos delictivos locales que cometen robos, secuestros y violaciones. En diciembre de 2023, MSF encontró que la cantidad de incidentes mensuales de violencia sexual se había multiplicado por siete.
A pesar de los peligros, el número de personas que cruzaron en 2023 casi se duplicó en comparación con el flujo de 2022. Según el gobierno panameño, de las aproximadamente 250.000 personas que cruzaron en 2022, más de 150.000 eran venezolano}as. También se arriesgaron a cruzar ecuatorianos, cubanos y haitianos, e incluso gente procedente de países africanos y asiáticos. Se calcula que alrededor de una quinta parte eran menores. Familias enteras cruzaron llevando a niños pequeños, corriendo el peligro muy real de separarse por el camino.
El Tapón del Darién es apenas el portal de entrada a Centroamérica, es decir, el comienzo de un viaje mucho más largo. Los peligros no cesan. Muchos acaban quedándose en algún lugar de México, pero otros seguirán marchando hacia el norte y enfrentarán grandes peligros en el intento de llegar a Estados Unidos: ahogarse en el río Bravo u otros cursos de agua, o morir de calor y deshidratación en el desierto durante el día, o de hipotermia durante la noche. También han muerto migrantes asfixiados en operaciones frustradas de tráfico de personas y en accidentes de tránsito mientras huían de la Patrulla Fronteriza estadounidense. A menudo son chantajeados por los traficantes y sufren violaciones de sus derechos humanos, incluido el uso de violencia letal por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza. Algunos han sido víctimas de asesinatos por parte de grupos parapoliciales en el lado estadounidense de la frontera.
Política migratoria
A principios de 2021, el gobierno del presidente Joe Biden introdujo varios cambios en el sistema de inmigración estadounidense. Anuló la prohibición de ingreso impuesta por su predecesor a personas procedentes de países africanos y de mayoría musulmana y restableció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que protege de la deportación y concede permisos de trabajo a quienes fueron llevados a los Estados Unidos de niños. Concedió a los venezolanos residentes en Estados Unidos un Estatus de Protección Temporal que les permite permanecer y trabajar legalmente, y estableció permisos humanitarios y de reunificación familiar para inmigrantes de varias nacionalidades.
También suspendió tres acuerdos de cooperación en materia de asilo con El Salvador, Guatemala y Honduras, que permitían a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo a estos países y prohibirles solicitar protección en los Estados Unidos. En 2021, el gobierno también detuvo la construcción del muro de Trump en la frontera sur – aunque Biden recientemente anunció un nuevo plan para construir hasta 20 millas de barreras fronterizas.
Sin embargo, recién en mayo de 2023 el gobierno de Biden finalmente levantó el Título 42, una norma de salud pública que, al amparo de la pandemia de COVID-19, había sido utilizada por el gobierno de Trump para expulsar inmediatamente a quienes fueran sorprendidos cruzando la frontera, negándoles el derecho a solicitar asilo. Sin embargo, para hacer frente al aumento esperado de la inmigración – que nunca llegó a materializarse-, el gobierno dictó varias nuevas normas nuevas que pasaron a conocerse como la “prohibición de asilo”. Ahora, antes de presentarse en la frontera, es necesario pedir cita con una aplicación para teléfonos celulares o proporcionar pruebas de haber solicitado y no haber conseguido asilo en los países atravesados en el trayecto hacia los Estados Unidos. En los casos en que no se cumplen estas condiciones, automáticamente se presume que las personas no reúnen los requisitos para obtener asilo y pueden ser objeto de expulsión acelerada.
La sociedad civil señala que la cita requerida es muy difícil de conseguir. La aplicación falla con frecuencia y muchos inmigrantes carecen de teléfonos inteligentes, wifi adecuado o plan de datos. Enfrentan barreras lingüísticas y educativas, y corren el riesgo de ser explotados por personas que simulan ayudarles. Las barreras para solicitar asilo han aumentado hasta el punto de que las organizaciones de derechos humanos consideran que violan el principio de no devolución que establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, según el cual las personas no pueden ser devueltas a un país donde enfrentan graves amenazas para su vida o su libertad. Los grupos que trabajan con migrantes se han quejado en repetidas ocasiones de que no pueden proporcionarles asesoramiento jurídico adecuado durante las audiencias de asilo, que se celebran en las instalaciones de Aduanas y Protección de Fronteras inmediatamente después de su llegada. Estas políticas equivaldrían a expulsiones ilegales bajo el derecho internacional.
Política electoral
La presión se intensifica a medida que se acercan las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024. Los políticos han hecho del control fronterizo una cuestión intensamente política y compiten por aparecer como el más duro en materia de inmigración.
Los gobernadores republicanos de estados sureños como Texas han decidido tratar a los migrantes como peones en su ajedrez político, subiendo a los recién llegados en autobuses para enviarlos a ciudades lejanas gobernadas por demócratas. En ciudades como Nueva York, la sociedad civil ha movilizado un gran esfuerzo voluntario para ayudar a los migrantes que son abandonados allí sin ninguna clase de apoyo. Los congresistas republicanos también han retrasado repetidamente su apoyo a Ucrania, condicionando su voto a la promulgación de nuevas medidas de control fronterizo.
En octubre de 2023, Biden anunció planes para reforzar la frontera sur y reanudar los vuelos de deportación a Venezuela, que habían sido suspendidos. Pero nadie ha caído más bajo que Donald Trump, que parece estar repitiendo su actuación de 2016, cuando durante la campaña avivó el temor a una imaginaria “caravana de migrantes” que supuestamente avanzaba hacia la frontera sur de los Estados Unidos.
En la campaña electoral de diciembre de 2023, Trump dijo en un acto que “los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país”. Usó sin disimulo la retórica del supremacismo blanco e invocó la teoría conspirativa de extrema derecha del “Gran Reemplazo”, según la cual la inmigración forma parte de un plan para reemplazar a la población blanca.
Los comentarios de Trump sobre los inmigrantes son cada vez más deshumanizadores; en repetidas ocasiones se ha referido a ellos como “animales”. En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2024, Biden le respondió directamente a Trump, afirmando que se negaba a “demonizar a los inmigrantes”. Pero al mismo tiempo instó a los republicanos a aprobar un proyecto de ley de inmigración elaborado conjuntamente por los dos partidos que actualmente están bloqueando. Esta ley endurecería aún más las normas de asilo, ampliaría la financiación de las operaciones fronterizas y la contratación de personal adicional, incluidos agentes de la Patrulla Fronteriza, funcionarios de asilo y jueces de inmigración, y daría al presidente autoridad para facultar a los agentes fronterizos a deportar sumariamente a los migrantes durante los picos de inmigración ilegal.
Pese a incluir concesiones sustanciales que lo convierten en probable blanco de litigios en materia de derechos humanos, el nuevo paquete legislativo sigue siendo rechazado por los republicanos más duros, que lo consideran poco estricto.
Para los inmigrantes y solicitantes de asilo, las perspectivas son sombrías. En lo que respecta a sus derechos, la campaña electoral es una espiral descendente. Una victoria de Trump solo podría traer más malas noticias; sin embargo, es improbable que una victoria de Biden traiga muchas mejoras. Al margen de los resultados electorales, la gente seguirá intentando abrirse camino, echándose a la mar o aventurándose a través de la selva, los alambres de púas y el desierto. Los políticos deben reconocer esta realidad y comprometerse a defender los derechos humanos de las personas que apuesten por un futuro en los Estados Unidos.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
- Estados Unidos debe ajustar sus políticas migratorias a las normas internacionales de derechos humanos.
- Los políticos estadounidenses deberían evitar instrumentalizar a los migrantes en su campaña electoral.
- La sociedad civil debe colaborar en la lucha contra el tráfico de personas, prestar ayuda a los migrantes en el trayecto, combatir la xenofobia y promover la inclusión de los recién llegados.
