La represión digital se perfecciona en Venezuela con detenciones y condenas por expresión disidente, usando tecnología y leyes para silenciar
Fuente original: Efecto Cocuyo. – Las detenciones y condenas por el uso de plataformas digitales, mensajes privados y hasta grafitis reflejan la profundización del control social y la restricción de la libertad de expresión en el país. Los casos recientes, que incluyen penas severas de hasta 15 años de cárcel, demuestran el empleo de la tecnología y la instrumentalización de la ley como herramientas para silenciar a quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Recientemente, Randal Glendysmar Telles Peña, una joven de 22 años residente del estado de Barinas, fue sentenciada a 15 años de prisión, tras ser acusada de «incitación al odio» por la publicación de un video en TikTok. El video, generado con Inteligencia Artificial (IA), contenía críticas al gobierno y, según sus familiares, fue creado por un tercero que utilizó una selfie de Telles Peña para elaborar una sátira contra Maduro y Diosdado Cabello.
Los mensajes en WhatsApp, incluso en el ámbito privado, también se han convertido en “evidencia” para juicios denominados como arbitrarios, como es el caso de Merlys Oropeza, de 24 años de edad, oriunda de Maturín, estado Monagas. Fue condenada en junio de 2025 a 10 años de prisión por “incitación al odio”, debido a un estado donde criticaba a una jefa del Consejo Comunal. Aunque fue excarcelada en julio, la desproporción de la pena generó indignación.
De manera similar, Verónica Andreína Rojas Soto, (44), de Los Teques, estado Miranda, recibió la misma condena el 1 de octubre, por un mensaje privado a una amiga con críticas al gobierno de Maduro.
La represión se extiende al espacio público y la expresión artística. En el estado Vargas, por ejemplo, Daniels Gustavo Peña Aranda, de 41 años; Dickson De Jesús Rangel Mustiola (38), Nedryana Belén Cardozo Oropeza (26) y Rosabel Beatriz Rodríguez Perdomo (39) fueron detenidos por funcionarios de la Policía de esa entidad, por grafitear una pared adyacente a un módulo policial con la frase “Está pasando”, como reportó el 23 de octubre el medio La Verdad de Vargas.
Estos detenidos están supuestamente relacionados con José Rolón, dirigente del partido Vente Venezuela, y quedaron a la orden del Ministerio Público bajo cargos de “incitación al odio”.
Todas estas detenciones son vistas por defensores de derechos humanos como una forma de silenciar cualquier forma de manifestación, de rechazo o disidencia.
El perfeccionamiento de la represión digital
En una entrevista con Efecto Cocuyo, Gabriela Buada, directora de la ONG Calidoscopio Humano, sostiene que la persecución en el país no ha evolucionado, sino que se ha perfeccionado.
La activista señala que quienes tienen el poder han aprendido a “construir relaciones o narrativas a partir de estas herramientas tecnológicas”, como la inteligencia artificial. Esta adaptación, según Buada, “les cae como anillo al dedo”, porque les facilita construir mensajes y campañas que el ciudadano común y el que no está familiarizado con la IA pueden llegar a dudar.
Buada explica que el objetivo no es meramente castigar, sino crear un “castigo ejemplarizante”.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la activista agrega que esta estrategia tiene un impacto directo en la ciudadanía, que es la autocensura y que la experiencia previa tras el 28 de julio de 2024, cuando la gente “disminuyó el uso de WhatsApp” y las publicaciones, demostró que el precedente de una sentencia o un arresto por compartir un video satírico genera una “reacción en masa de la autocensura”.
Por su parte, Kelvi Zambrano, abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, considera que el uso de las nuevas tecnologías para la persecución es un tema que debe alarmar a todas las sociedades democráticas.
El uso de la IA en este contexto, advierte Zambrano, pone a la disidencia en una situación de “mucha más vulnerabilidad” porque podría facilitar la identificación, el levantamiento de perfiles digitales de activistas y la manipulación tecnológica para “fortalecer el discurso oficial”.
Instrumentalización de la ley y el miedo como herramienta de control
Para el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, las severas condenas, como los 10 y 15 años de prisión, son un claro ejemplo de que en el país no existe un Estado de Derecho, debido a que los jueces toman decisiones calculando en “interpretaciones erradas de la ley”, ya que en el ámbito internacional “la jurisprudencia ha dicho que las personas no pueden ser privadas de su libertad por su forma de opinión”.
Buada refuerza que este patrón de castigo severo es una estrategia intencionada. “Definitivamente el patrón severo es precisamente para castigar por cosas que sabes que van a pasar, que no puedes controlar»; refiere que el gobierno no puede evitar que las personas se envíen mensajes de WhatsApp. “La manera más idónea para el represor es justamente mostrar la cabeza de alguien”, con un ejemplo “cruento” y desprovisto de cualquier “indicio real judicial que pueda generar una investigación seria”.
Ambos expertos señalan que la Ley contra el Odio es la principal herramienta legal utilizada para justificar estas acciones. Zambrano afirma que la ley fue creada para dar un “viso de legalidad” a detenciones que, a la luz del derecho internacional, son arbitrarias. Mientras que, Buada observa que la Ley contra el Odio no se aplica en los casos que deben tener esa característica, sino que se utiliza contra “cualquier persona que sencillamente esté expresando que no está de acuerdo con el régimen actual”.
El silencio impuesto
Las detenciones ocurridas recientemente en Vargas, por grafitear la frase “está pasando”, un eslogan utilizado por María Corina Machado, son una manifestación de qué tan vulnerable son los derechos a la expresión en Venezuela, según ambos expertos.
Zambrano señala que los arrestos se convierten en arbitrarios, a pesar de que haya una orden judicial, cuando el motivo es político, como en este caso que las personas solo manifestaron una idea e hicieron uso de su libertad de expresión.
Sostiene que estas medidas generan un efecto de temor intencional en las comunidades por parte del Estado, que busca implantar el miedo como una forma de control política.
Este temor social provoca que la ciudadanía “no quiera expresarse por ningún medio” , reduciendo la comunicación y la confianza “incluso entre familiares, por temor a que esta información pueda tener acceso a otra persona”.
La recurrencia y la naturaleza de estos casos, que implican privación de libertad sin juicio justo, los hacen susceptibles de ser considerados crímenes de lesa humanidad , según Gabriela Buada. Ella subraya que muchas de las víctimas “son víctimas de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes y… llegan a ser parte de esa gran lista de los crímenes de lesa humanidad tanto denunciados en Venezuela”.
Patrones de vigilancia e higiene digital
La forma en que el Estado accede a la información de los detenidos obedece a patrones sistemáticos que violan la privacidad, una dinámica que, a juicio de los expertos, se evidencia en el marco de las detenciones por contenido digital y expresión disidente.
El abogado Zambrano describe que el procedimiento habitual de los cuerpos de seguridad es exigir, bajo amenaza, las claves de acceso a los equipos telefónicos apenas se produce una detención, una acción completamente ilegal, pues se obvia el protocolo judicial que exige una orden de un tribunal para inspeccionar el dispositivo.
