Mariana Romero, fundadora y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, resaltó que las políticas de criminalización son las respuesta del Estado para evitar que se documenten y denuncien las diferentes violaciones de los derechos humanos
La labor de la defensa de los DD HH en Venezuela se realiza en un entorno hostil. El cual se ha profundizado en los últimos años con el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático, de acuerdo con la abogada Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“En los últimos 20 años se ha visto un quiebre institucional en donde los poderes públicos y los principales entes del Estado se han alineado a unas políticas de criminalización y represión en contra de los defensores de los derechos humanos”, precisó.
Durante el foro Amenazas y oportunidades para el trabajo de los defensores de derechos humanos, organizado por la Coalición por Venezuela, reveló que en lo que va de 2021 contabilizaron 609 agresiones en contra de la defensa y exigencia de DD HH.
Según el monitoreo independiente del CDJ, en 2019 se registró un total de 135 agresiones a este grupo. En 2020 incrementó a 303 ataques en contra de los defensores.
La jurista indica que la cifras evidencian cómo la política de criminalización del Estado sigue aumentando con mayor violencia en contra de quienes se encuentran en la primera línea de acción documentando y denunciando la situación de los DD HH en el país.
En Venezuela no hay ningún mecanismo o recurso para promover o proteger la labor de los defensores de los DD HH”.
Sin un entorno seguro
Romero explicó que el incremento de los patrones represivos y agresiones en contra de las organizaciones y personas defensoras de los DD HH en los últimos tres años, se debe a que no existe un entorno seguro para el ejercicio de sus actividades
Sostiene que desde el año 2002, el Estado ha generado un marco normativo con leyes e instrumentos de carácter sublegal para restringir la capacidad de operatividad libre de las organizaciones; limitando su derecho a la libertad de asociación y de expresión.
“La lógica de la doctrina de la seguridad nacional es aplicada en contra de cualquier persona que exprese opiniones contrarias al Estado o que exija a los entes responsables el cumplimiento de sus obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos”, añadió.
A su juicio, las políticas de criminalización son la respuesta del Estado para evitar que se sigan documentando y denunciando las diferentes violaciones de los derechos humanos en el país y para que los defensores sientan temor de seguir ejerciendo su labor por miedo a represalias.
Además, precisa que a la represión del ejercicio se le suma las distintas circunstancias adversas producto de la emergencia humanitaria compleja; la cual genera consecuencia para la operativa y desarrollo de las actividades de los defensores.
“La deficiencia de los servicios básicos y los desafíos de las distintas necesidades sociales también tienen un impacto en las organizaciones”, agregó.
Modalidades de ataque
Romero aseguró que las campañas de estigmatización del régimen de Nicolás Maduro, basadas en discursos de odio, son la base para que se puedan seguir cometiendo otros tipos de agresiones. Esto debido a que en la medida que exista impunidad se alienta a los perpetradores a seguir cometiendo este tipo de acciones.
Apunta que cada vez son más frecuentes los mecanismos de tipificaciones penales para perseguir y sancionar a los defensores de derechos humanos en el país.
Entre los casos más recientes, recordó a los cinco trabajadores humanitarios de Azul Positivo detenidos arbitrariamente en enero de 2021. Aunque fueron liberados en febrero, continúan sometidos a un proceso judicial lleno de irregularidades.
Además, mencionó a los tres defensores de Fundaredes (Javier Tarazona,Rafael Tarazona y Omar García), quienes están siendo procesados por terrorismo y traición a la patria. Los activistas tienen más de 100 días privados de su libertad.
Responsables de las persecuciones
La abogada Mariana Romero enfatiza que los principales responsables identificados parten desde el Poder Ejecutivo nacional: ministros y diputados, hasta las instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Estos organismos sirven como un brazo represivo para perseguir y criminalizar. También se asocian al sistema de medios públicos y otros afines al Estado para realizar las campañas de odio”, aseveró.
Defensa de los DD HH
El comisionado Joel Hernández, relator sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de la CIDH, detalla que las personas defensoras son quienes promueven de cualquier forma la realización de los DD HH y las libertades fundamentales reconocidas en el mundo.
Durante el foro, precisó que a través de sus actividades, los defensores de los derechos humanos ejercen un control ciudadano sobre funcionarios públicos e instituciones, lo cual los convierte en una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera.
En virtud de la importancia de su labor, se ha reconocido la existencia del derecho a defender los DD HH, el cual fue incorporado en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de proteger los DD HH y las libertades fundamentales.
Comenta que desde entonces, el derecho de defender los derechos humanos se ha ido consolidando en todo el mundo y en el sistema interamericano, ha sido reconocido tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de DD HH.
Las obligaciones del Estado
El relator Joel Hernández detalló que la Comisión y la Corte Interamericana han hecho énfasis en las obligaciones del Estado en torno a cuatro aspectos fundamentales:
-Respetar el derecho a defender DD HH.
-Garantizar las condiciones necesarias para desarrollar la función.
-Prevenir y proteger a las personas defensoras de los DD HH.
-Obligación de investigar los delitos cometidos en contra de defensores.
“El deber de respetar los derechos de las personas defensoras parte del hecho de que las acciones del Estado no obstaculicen su labor o bien que puedan propiciar clima hostiles para las defensores de DD HH”, aseguró.
Recordó que la CIDH indica que el ejercicio de los defensores de los DD HH no debe estar sujeta a restricciones geográficas. Esto debido a que esta implica la posibilidad de promover y defender libre y efectivamente cualquier derecho.
Necesidad de defensores de DD HH
La defensora Marianan Romero ratifica que en un contexto de alta conflictividad social, con más de 90.000 protestas en los últimos años, se hace más necesario el trabajo de los defensores de los DD HH.
En el marco de la crisis social, política y económica, resalta que el trabajo de la sociedad civil y de las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos es fundamental para poder avanzar en soluciones efectivas para la protección de la dignidad de las personas.
Por su parte, Hernández sostiene que es necesario que el Estado no solo cree las condiciones legales y formales para el ejercicio de defensa de DD HH; sino también garanticen las condiciones fácticas en las cuales los defensores puedan desarrollar libremente su función.
