Fuente: Alerta Venezuela. – A dos semanas de asumir la nueva administración en Estados Unidos, el mundo de los derechos humanos, el trabajo humanitario, el desarrollo y las operaciones de paz, y otros ámbitos de acción social, fue puesto en jaque con la decisión inédita de congelar, de manera inmediata y hasta por 90 días, los fondos de asistencia en el extranjero. A esto se suma la posibilidad de que desaparezca USAID, la conocida Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional encargada de brindar asistencia humanitaria en el exterior.
El impacto a nivel global no tardó en hacerse sentir. Según reportan agencias de noticias, decenas de altos funcionarios han sido suspendidos, miles de contratistas a nivel regional han sido despedidos y, a nivel local, el lunes se les dijo a los empleados de USAID que no ingresaran a su sede en Washington. Además, su sitio web y su cuenta en la plataforma X fueron cerrados. Como señala la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), son miles de “socios implementadores” obligados a cancelar eventos, despedir personal y determinar cómo o si podrán cumplir con sus compromisos previos, dejándolos en una repentina situación de incertidumbre y desprotección.
En vista del revuelo que causó, el Departamento de Estado ha dado marcha atrás y ha tomado la medida de excluir de esta congelación la “asistencia humanitaria que salva vidas”. Aun así, la mayoría de los programas siguen en suspenso a largo plazo, fundamentalmente porque prevalece la confusión sobre qué programas están exentos de las órdenes de suspensión, así como el temor de perder la ayuda de forma permanente, lo que ha venido a generar un efecto disuasivo a la hora de implementar determinados programas.
En el caso de Venezuela el impacto llega en un contexto de férrea represión y control de la población a través de una política de terrorismo de Estado que busca consolidar a un gobierno de facto. La medida se produce en un momento en que la ley de fiscalización de ONG está comenzando a coartar la capacidad de funcionamiento de la sociedad civil, sirviendo para criminalizar a las organizaciones, defensores y medios de comunicación independientes que reciben financiación extranjera, en particular de los Estados Unidos. De esta manera, el cierre más pronunciado del espacio cívico y la comisión de nuevos crímenes de lesa humanidad son preocupaciones latentes ante un tejido social ya resquebrajado por el gobierno de Maduro.
WOLA brinda otros argumentos que merecen especial atención. La congelación de ayuda no sólo afecta la lucha democrática a nivel interno, sino la asistencia humanitaria a los venezolanos dentro y fuera del país mediante esfuerzos de integración, alimentación, salud, medios de vida, protección, nutrición, saneamiento y agua. A su juicio, si no se abordan las necesidades de las comunidades de acogida, ni se apoya a las poblaciones vulnerables que solicitan protección en otros países más cercanos, el enfoque estricto basado en la securitización de las fronteras conducirá a una mayor migración secundaria a Estados Unidos, empeorando las situaciones humanitarias ya difíciles en varios países a lo largo de la ruta migratoria. Debe considerarse hasta qué punto estas medidas no sólo dañan a los venezolanos, sino los propios intereses del país donante.
El enfoque del gobierno de Estados Unidos de realizar una evaluación individualizada por programa de ayuda es un objetivo trazado como parte de un esfuerzo de reestructuración de la política exterior, lo cual compete a su jurisdicción resolver. Sin embargo, por un principio fundamental de seguridad jurídica y buena fe en los compromisos adquiridos, no es admisible congelar fondos, y con ello detener los trabajos, sin previo aviso y sin garantía de reanudación al menos a la fecha, como si no existieran vidas humanas, y hasta poblaciones enteras, dependientes de programas financiados. Mientras se adopten las decisiones sobre la materia, que deberán siempre involucrar al Congreso de los Estados Unidos, debería reanudarse el flujo de los fondos y establecerse términos claros de su vigencia, con suficientes garantías para todos los socios. Una decisión que no se ajuste a estos parámetros hace más daños en los niveles locales, regionales e internacionales que los que pretendería evitar la medida de congelamiento, que todavía no están definidos.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a seguir atenta a la evolución de este proceso de reestructuración, considerando que en menos de 85 días debería resultar una reformulación política en materia de asistencia, y pide a los aliados de la causa democrática de Venezuela a continuar apoyando los esfuerzos de la sociedad civil para mantener su trabajo de promoción y protección de derechos humanos y asistencia humanitaria en medio de una emergencia humanitaria compleja que suma complicaciones a este laberinto político.
