Por ser parte de la familia y del círculo cercano de un prófugo de la justicia apodado “alías el Conas”, 41 personas fueron detenidas último trimestre de 2022 y acusadas de terrorismo y extorsión agravada. El caso es tildado como político, pero les niegan la amnistía
Fuente original: CRÓNICA UNO. –
Caracas.- Un total de 40 personas, 11 de ellas integrantes de una misma familia, permanecen detenidas desde hace tres años y cinco meses, acusadas “sin pruebas” de terrorismo, extorsión agravada y asociación para delinquir por su presunta vinculación con el entorno de un prófugo de la justicia señalado de liderar una banda conocida como “el conas”, en el estado Zulia.
Abogados, jueces y defensores que han intervenido en el proceso la califican como “un caso emblemático” que responde a intereses “de arriba”, en alusión a presuntas decisiones tomadas desde altas esferas del poder, y han advertido a los familiares que “no entra” en la amnistía otorgada tras la ley aprobada hace 15 días por la Asamblea Nacional (AN).
Aunque, en teoría, la norma contempla la extinción de la responsabilidad penal para ciertos delitos considerados de carácter político.
“Son 40 las personas detenidas por el solo hecho de ser familiares o conocidos de un ciudadano que actualmente es prófugo de la justicia, quien habría amenazado al Gobierno nacional mediante un audio en el que mencionó de forma directa al entonces fiscal general”, recordaron familiares a Crónica Uno.
Cabe señalar que Tarek William Saab renunció recientemente a la Fiscalía para ejercer como nuevo defensor del pueblo, luego de una rápida designación por parte de la mayoría oficialista en el Parlamento.
Un caso “engavetado”
Los familiares, que han participado en protestas recientes para exigir atención a la causa, sostienen que el expediente permanece “engavetado” y bajo “reserva legal”, figura que restringe el acceso público a las actuaciones judiciales.
Insisten en que se trata de personas trabajadoras, padres de familia, trabajadores independientes y algunos funcionarios públicos recluidos en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), cárcel para mujeres ubicada en Los Teques, El Rodeo II y III, centros penitenciarios situados en el estado Miranda.
Otros están en Yare, complejo penitenciario también en Miranda, y en sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de Parque Carabobo, El Rosal y El Valle.
Migdalis Urdaneta es hermana de Adelmary Leal, una de las detenidas, recluida en la sede del Cicpc de Parque Carabobo, en Caracas, tras ser arrestada en Maracaibo por tener entre sus contactos al prófugo. Una prueba que las familias consideran insuficiente para sostener cargos de terrorismo.
“A ella la meten en ese caso solo por tener el contacto de ese hombre que la estaba pretendiendo (…) Les han fabricado expediente y desde entonces nos dicen que es un caso emblemático, en un caso político y ahora con la amnistía nos dicen que ellos no entran”,explicó.
Adelmary tiene dos hijas pequeñas, que en el momento de la detención, el 14 de septiembre de 2022, tenían 11 y 5 años y que se han visto obligadas a crecer sin el acompañamiento de su madre. Durante su estancia en la cárcel, ella ha presentado también problemas de salud que derivaron en una operación por peritonitis hace menos de un año.
Quienes cuidan de las niñas ante la ausencia de Adelmary temen por su estabilidad emocional. Ahora, con 15 y 8 años, incluso han manifestado ideas suicidas, de acuerdo con testimonios de sus allegados.
“Son casi cuatro años sin verlas, sin un abrazo, sin nada. (…) Dicen que no quieren cantar cumpleaños hasta que no estén con su mamá, la pequeña guarda los detalles del día de las madres para cuando ella llegue”, contó otra de las familiares de Adelmary.
Por este caso detuvieron a 41 personas originalmente. No obstante, en mayo del año pasado una mujer con problemas renales falleció, luego de que la trasladaron a un centro de salud, lo que redujo la cifra actual a 40 privados de libertad.
La amenaza en un audio fue la causa
En documentos consignados ante distintas instancias, entre ellas tribunales penales y órganos de derechos humanos, los familiares afirman que las detenciones forman parte de una ola de terror y amedrentamiento contra parientes y conocidos del prófugo identificado como Óscar Guzmán Chirinos, alias el Conas, sobrenombre que, según sus allegados, alude a un antiguo cuerpo de seguridad militar.
Señalan que la arremetida ocurrió después de que difundiera un audio en el que amenazaba con “hacer correr sangre en la nación”, a raíz de la detención de dos de sus hermanas, que aún siguen privadas de libertad.
“Se emitió una orden de captura contra toda la familia Guzmán, así como contra personas conocidas e incluso personas sin ningún vínculo comprobado. Deteniendo indiscriminadamente a quienes consideraron y sembrando delitos a su conveniencia”, denunció este grupo de familiares, que detalló que las detenciones tuvieron lugar en Maracaibo, Cabimas y Valencia en los últimos cuatro meses de 2022.
Los familiares reiteran que “la responsabilidad penal es estrictamente individual”, principio del derecho penal que impide castigar a terceros por hechos ajenos. Pero sostienen que ese criterio no se respetó en la llamada “causa conas”, en la que todos enfrentan cargos similares, entre ellos terrorismo, delito que en la legislación venezolana contempla penas severas.
Una representante de las 11 personas del mismo grupo familiar detenidas, que pidió resguardar su identidad por temor a represalias, afirmó que la investigación está viciada.
En ese sentido, indicó que el propio juez de control, tribunal que supervisa la legalidad de la fase inicial del proceso penal, reconoció la falta de pruebas en la mayoría de los casos, pero que “por orden de arriba” los enviaron a un juicio que permanece sin avances y sin fecha pública para su reanudación.
“Todos mis familiares trabajaban por su cuenta. Mi papá es chofer, mis tíos son albañiles. También está presa una de mis tías que se hacía cargo de mi abuela de 83 años que padece de demencia y de alzheimer y no hay quien la cuide porque tiene a todos sus hijos y nietos detenidos”, relató la joven.
Este grupo de familiares espera que los atienda la comisión parlamentaria que revisa los casos de los candidatos a beneficiarse de la Ley de Amnistía. También esperan que “se resuelva la injusticia”.
“Que nos den a nuestros familiares en libertad plena porque ellos no son terroristas, son inocentes”, insistió Migdalis.
